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El reverso democrático de la Constitución: hacia una defensoría democrática

por 14 febrero, 2020

El reverso democrático de la Constitución: hacia una defensoría democrática
La Constitución que viene se escribirá para ensanchar la democracia. Para hacerla engordar, asimilando una diversidad de la población chilena que simplemente habíamos perdido de vista en la realidad que nos han pintado para cegarnos. Para pensar en el ritmo de los movimientos democráticos, debemos recordar que la Constitución actual es anterior a Internet. Si logramos enfocarnos en ese punto de vista, nos damos cuenta de lo obsoletos que son los sistemas de poder concentrados en burocracias autorreferidas, en liderazgos autopropulsados y en promesas inverificables.
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En la democracia, los pueblos deciden dotarse de instituciones y de un Estado. El Estado responde a lo que la gente ha decidido poner en común. El Estado y las instituciones son responsables ante la gente. La soberanía recae en el pueblo que se dota de herramientas para diseñar y controlar al Estado, a las instituciones, al sistema político y a la judicatura. El Estado y las burocracias que lo componen son servicios públicos; están al servicio de la gente. El Estado y sus funcionarios deben un respeto reverencial al pueblo y a las personas. Es la gente, las familias y las tribus, las localidades y las regiones las que deciden darse un Estado, las que deciden sobre sus instituciones, su funcionamiento y su relación con la ciudadanía.

La representación a través de la cual los pueblos delegan el funcionamiento de su soberanía está sometida a control ciudadano en la forma y en los ritmos que la gente libremente decida. Los funcionarios responden ante un funcionario mayor o ante colectivos institucionales, pero todas las escalas del poder en el Estado y en la sociedad están sujetas a la soberanía popular.

El Estado que queremos debe servir al pueblo de hoy y los pueblos por venir. Toda actuación contraria a la soberanía popular cae bajo la sospecha de sedición.

Lo que estamos haciendo es invertir la figura del poder y el orden de las jerarquías de la actual Constitución. La estamos poniendo al revés; partiendo desde la gente y terminando en las personas sin dejar de controlar, desde la ciudadanía, los intermedios institucionales que ella ha puesto a su servicio. En lo que nos dejó Pinochet, el pueblo es una figura retórica cuyo cuerpo esta excluido en favor de una nación materializada en instituciones y representaciones que se alimentan recíprocamente para excluir a los pueblos de la repartición del poder en la sociedad.

Es cierto que el concepto de soberanía que expresa el poder de la última palabra, se ajusta mejor a un dictador que a pueblos diversos, dispersos, desigualmente comprometidos en lo común y rebosantes de diferencias. La soberanía ya no es la del Rey sino, afortunadamente, una que reconoce flexibilidades, que participa de una comunidad jurídica mundial y que se da el tiempo para la duda y la deliberación en torno a los conflictos que irremediablemente la atraviesan. La democracia no es solo la opción por un modo de ser de la convivencia sino que es la que asegura la mejor convivencia y efectividad en la generación y repartición de la riqueza.

Una Constitución que tiene como sujetos a los pueblos de mujeres y de trabajadoras, de niños y niñas, de profesionales y de emprendedores, de trabajadores autónomos y de pueblos originarios; una Constitución que se concede un Estado, es lo contrario de la usurpación que tenemos por régimen y que creemos que es normal.

En lugar del acento que se marca en la tercera línea del texto de Pinochet, El Estado reconoce…, la Constitución al Revés se permitirá iniciar con una declaración de libertad y de responsabilidad que diga, más o menos: Nosotros los pueblos y las naciones de Chile hemos decidido construir una casa en común. El Estado será obediente a la voluntad popular en los términos que se definen en esta misma Constitución.

No dejen que les digan que la propuesta democrática corresponde a una tradición ajena, anglosajona. Que ese no sea un argumento para descartar el énfasis democrático, sino un refuerzo de la convicción de que el cambio es real, es virtuoso y, sobre todo, es necesario, aquí, entre nosotras y todos.

La Constitución que viene se escribirá para ensanchar la democracia. Para hacerla engordar, asimilando una diversidad de la población chilena que simplemente habíamos perdido de vista en la realidad que nos han pintado para cegarnos.

Para pensar en el ritmo de los movimientos democráticos, debemos recordar que la Constitución actual es anterior a Internet. Si logramos enfocarnos en ese punto de vista, nos damos cuenta de lo obsoletos que son los sistemas de poder concentrados en burocracias autorreferidas, en liderazgos autopropulsados y en promesas inverificables.

La nueva Constitución devolverá la voz y el ánimo al pueblo, junto con la posibilidad de controlar y participar cercanamente en la gestión de las distintas instituciones del Estado. La cosa no irá tanto por una Defensoría Pública como por una Contraloría Popular sistemática. Nuevamente se van a pedir dientes para la fiscalización social del Estado y de la economía. Habrá participación y también corrimiento de cercos. La Constitución buscará la manera de entregar iniciativa legal a la gente por la vía de plebiscitos regulados pero autoconvocados. La democracia se va a hacer cargo de las promesas escamoteadas de la Constitución del 80. Ya no será el Estado el que pueda o no entregar su reconocimiento y apoyo a las organizaciones intermedias de la sociedad. La institucionalidad social concederá, ella, alguna autonomía al Estado.

Habrá una Institucionalidad Social (IS), autónoma y financiada por el Presupuesto de la Nación. Esta IS podrá encargar estudios académicos para reparar las lagunas de conocimiento que han generado la exclusión y las prioridades invertidas de la Constitución. Una segunda función será la de fiscalizar a las instituciones del Estado y privadas reguladas. Deberá contar con abogados e investigadores profesionales para investigar áreas no exploradas del funcionamiento de la salud, la justicia, la educación los servicios básicos, las relaciones laborales y de consumo. Invariablemente su foco será el de una Defensoría Democrática. La integración de esta institución seguirá criterios de representatividad, de excelencia profesional y de rotación de sus autoridades.

En este punto, se necesitará, a la vez, introducir la subsidiariedad del Estado en todas aquellas materias que puedan ser resueltas por las organizaciones sociales. El Estado paternal y opresivo debe dejar libres a las organizaciones sociales. El Estado deberá proveer, además, los recursos para un funcionamiento autónomo de las organizaciones y para una fiscalización objetiva y ajustada del uso de esos recursos.

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