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El agua como territorio: un análisis desde lo mapuche a un bien público que se transa como propiedad privada

por 27 febrero, 2020

El agua como territorio: un análisis desde lo mapuche a un bien público que se transa como propiedad privada
Algunos piensan que la reivindicación territorial Mapuche es una petición de suelo, tal como si fuera una demanda agrícola. Nada más erróneo. El territorio al que me refiero es un conjunto integral de elementos naturales de un espacio geográfico identificado con el pueblo, es el punto de partida y el resultado de la historia y la cultura del Mapuche. En ese sentido, el agua es parte de aquella territorialidad.
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Es probable que no exista una asociación más directa y obvia como la que se establece entre agua y vida. Los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales han sabido respetar y proteger esta fuente esencial de la existencia humana y planetaria.

En Chile, el sistema político y económico se ha llevado al extremo, ha transformado el agua en otro de los bienes de consumo que se transa en el mercado.

Esto recuerda la Encíclica Laudato SI, N°30, del Papa Francisco, donde señala: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

Esta es una vieja discusión: ¿el agua debe ser propiedad privada o nos pertenece a todos(as)?

Recientemente el Gobierno ha lanzado una campaña que busca promover el cuidado del agua, a través del uso ciudadano racional. Así, por ejemplo, se le pide a la gente que ocupe menos agua al bañarse. Esta campaña tendría mucho sentido, si no fuera porque deja en evidencia, una vez más, las odiosas desigualdades que siguen vigentes entre nosotros.

En efecto, hay que tener presente que la mayor parte del agua en Chile es ocupada legal, ilegal y, a fin de cuentas, de una manera inmoral, por los grandes empresarios de la minería y las forestales. El uso exclusivo de agua por parte de aquellas industrias, les ha representado ganancias inconmensurables a sus dueños, normalmente en desmedro de personas, comunidades y ciudades completas.

Todo esto ocurre con miembros de la casta política de todos los colores, que sin los más mínimos escrúpulos son poseedores de derechos de agua, con los cuales lucran desde hace ya mucho tiempo.

Una reciente información no ha dejado de asombrar, pues un ministro de Estado del Gobierno, nada menos que de la cartera de Agricultura y perteneciente a la conocida familia Walker, tiene inscritos múltiples derechos de agua consuntivos y no consuntivos que podrían aliviar a gran parte de la población de Chile.

Este uso (o abuso) que está permitido por ley, sería penado o censurado en casi todo el mundo. Sin embargo, como la ética suele estar mucho más allá de la ley, en Chile esto, hasta ahora, no ha causado extrañeza, salvo hoy, que el agua se ha transformado en un bien escaso. Incluso, otro ministro del actual Gobierno, Alfredo Moreno, salió a defender a su colega, argumentando que Antonio Walker es empresario agrícola y, en consecuencia, es muy normal que tenga derecho sobre las aguas que le “pertenecen”.

Es aquella “normalidad” la fuente fundamental de la cual se ha nutrido el descontento social y es por eso que una gran mayoría busca una nueva normalidad que, en el caso del agua, asuma, de una vez por todas, que deben imperar ciertos códigos morales del orden natural, que nos recuerden que somos parte de la naturaleza y no dueños de ella.

Estas conductas permitidas por ley, pero éticamente reprochables, nos obligan a rechazar e incluso a revelarnos contra estas prácticas de políticos y empresarios que transforman lo que sea en una “oportunidad de negocios”.

Algunos pensarán que esta situación depende mucho más del calentamiento global que de los dueños del agua. Yo más bien creo que ha sido esta situación –provocada por la voracidad depredadora del modelo económico predominante– la que ha dejado al descubierto una verdad incómoda y esta es que el agua debe ser entendida siempre y en cualquier circunstancia como un bien público, accesible para todas las personas en igualdad de condiciones, bajo el estatus de derecho humano.

Por una cuestión de simple responsabilidad humana, esta situación debería hacernos pensar qué será de la vida de nuestros hijos en 50 años más, en la medida que vemos que la sequía y la desertificación avanzan de una manera nunca antes vista en Chile, de un modo especial por la sobreexplotación indiscriminada de nuestro territorio. Ese concepto ya antiguo de la sustentabilidad para el Estado, los partidos políticos y los empresarios, no ha dejado de ser una pura y simple “recomendación” del sistema internacional que, por supuesto, no han incorporado en sus comportamientos y decisiones.

Y cuando hago mención del territorio, hablo muy especialmente de la situación de wallmapu. Algunos piensan que la reivindicación territorial Mapuche es una petición de suelo, tal como si fuera una demanda agrícola. Nada más erróneo. El territorio al que me refiero es un conjunto integral de elementos naturales de un espacio geográfico identificado con el pueblo, es el punto de partida y el resultado de la historia y la cultura del Mapuche. Es donde ha de desarrollar su vida y  donde ha cultivado su lenguaje desde tiempos pretéritos, por cierto, mucho antes de que llegaran los conquistadores y que se conformara el Estado chileno. Este “territorio” no puede confundirse con la tierra que un campesino necesita para sembrar papas.

En ese sentido, el agua es parte de aquella territorialidad. Lo que ha ocurrido en La Araucanía es que han secado los ríos, los humedales y las napas freáticas, lo que ha terminado en un profundo déficit hídrico. Esto es precisamente por la sobreexplotación forestal, sostenida sobre el monocultivo (pino y eucaliptos), que pertenece principalmente a dos grupos económicos Mininco (Grupo Matte) y Arauco (Grupo Angelini).

Ubiquemos este problema geográficamente. Purén, por ejemplo, fue conocido en la historia por sus ciénagas llenas de agua y hoy es conocido como parte del secano interior. La laguna de Loncoyán, camino a Lumaco, fue secada por los eucaliptos.

Debemos aprender del avance en las tecnologías de otros pueblos del mundo, que han resuelto antes que nosotros, no solo los conflictos con el Estado, sino también los daños ecológicos. Obligatoriamente debemos ver que lo que pase en el mundo nos afecta localmente.

He conocido algunos pueblos del mundo, como el Maorí en Nueva Zelanda, el País Vasco, en Canadá las primeras naciones y recientemente fui invitado como presidente de la fundación ILDIICHILE, integrante de Global Netword of Indigenous, a Israel, donde conocí los avances tecnológicos en la producción de agua, como por ejemplo, el reciclaje del 80% de la misma, la desalinización y los biofiltros que recogen agua de las carreteras. Allí, el agua es propiedad del Estado. Pensé que un aliado de USA debería ser más liberal que Chile y resultó lo contrario.

En Chile a las empresas mineras se les debe prohibir dañar los ríos. Ya mataron el río Copiapó y tantos otros, deberían ocupar solo agua desalinizada. Y todas las regiones del norte tienen el océano Pacífico a su disposición y, por lo tanto, no deberían sufrir por falta de agua. Solo hace falta una buena política, que es muy difícil que llegue de la mano de malos políticos.

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