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EDITORIAL

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La complejidad política del coronavirus

por 19 marzo, 2020

La complejidad política del coronavirus
Un elemento central de decisión del Gobierno es el reagendamiento del año electoral, empezando por el plebiscito de abril sobre la Nueva Constitución. Resulta imprescindible darle certidumbre al país sobre estos procesos y tanto el Ejecutivo como las fuerzas políticas oficialistas y de oposición deben concordar pronto el aplazamiento, a objeto de que se celebren con el mayor grado de normalidad y certidumbre. Y eso ayudará también a la economía que, junto a la sanitaria, conforman las otras dos patas de la mesa. Son fundamentales medidas que hagan funcionar el país con un piso mínimo de seguridad, que generen la certidumbre de que nadie va a quebrar, dejar de comer o carecer de los servicios públicos esenciales porque al país lo paralizó una pandemia.
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La pandemia del coronavirus no es solo una crisis sanitaria. En todas partes sus características y efectos la convierten en una emergencia nacional, que implica el uso de un conjunto muy amplio de mecanismos gubernamentales, basados tanto en las competencias sectoriales de los estados como en la autoridad de que son portadores los gobernantes. En nuestro caso, el diseño y eficiencia de las decisiones que se deben adoptar, que incluyen incluso restricciones de derechos civiles, requieren de adhesión y confianza ciudadanas, de las cuales, en gran medida, el Gobierno carece.

Esas carencias se transforman en falta de autoridad, lo que junto a la pandemia y su indispensable mitigación sanitaria, constituyen los problemas más inmediatos y acuciantes que tiene La Moneda. El Gobierno está obligado a una austeridad en sus comunicaciones, algo que con frecuencia se olvida, como pasó en la entrevista concedida este miércoles por el Presidente Sebastián Piñera a un canal de televisión, en la que aseguró de manera temeraria que Chile está mejor preparado que Italia para enfrentar la pandemia.

Pero también está obligado a una claridad de objetivos y lenguaje, que no dejen lugar a sospecha alguna sobre actos de maniobra, distracción o aprovechamiento político de las circunstancias. Y que, en materia sanitaria, pase de actos de confinamiento de la población a garantías efectivas de servicios de salud, y al control de los mercados en que estos se desenvuelven.

La emergencia sanitaria no se podrá manejar con la idea de que en un lado pueden primar criterios de mercado y, en otro, criterios de bien público. Se requiere un sentido general positivo de que lo que está en juego es el bienestar sanitario de toda la población, y que no serán permitidas especulaciones o, derechamente, la comisión de delitos, que además del daño directo generan más alarma pública.

Los efectos complejos que la epidemia tiene –más allá de la salud– en la economía, en los sistemas sociales primarios, como empleo, educación, comercio, y en el funcionamiento general de los servicios, pueden rápidamente restarle valor a una disposición inicial positiva y generar un ambiente de incertidumbre y angustia que domine a vastos contingentes de la población. Lo que se diseñe e implemente como agenda gubernamental para la fase madura de la epidemia, en unas seis a ocho semanas más, tiene el carácter de decisión política crítica y debe implementarse desde ahora.

Se requerirán medidas de mitigación, que solo el Estado es capaz de otorgar, y que obligan a pensar en acciones destinadas a aumentar los recursos disponibles para subsidios o puentes financieros de urgencia, o aplazamiento de pagos. La postergación del pago de IVA puede aportar mucho, aliviando la caja de las pymes, entre otras medidas imprescindibles. La paradoja es que porfiadamente vuelve la silueta virtuosa de la economía mixta y de los controles regulatorios por sobre el empecinamiento neoliberal.

Un punto central de lo anterior tiene que ver con la microeconomía del flujo financiero diario para varios millones de personas. Las malas pensiones en Chile son producto en gran medida de los bajos salarios y la discontinuidad del ahorro previsional, consecuencia de la precariedad de los mercados laborales. El sueldo por comisión, implica ingresos variables y el si no trabajo, no vivo. Si los comercios cierran, tendremos una caída drástica de los ingresos y un aumento de las deudas personales. Lo mismo corre para las empresas, especialmente las pymes.

Una parte sustantiva del empleo es provista por la pequeña y mediana industria que, en los últimos meses, debido al estallido social, se ha mantenido en un precario equilibrio financiero, y que ahora, con esta emergencia, derechamente enfrentará una situación de insolvencia.

Se requerirán medidas de mitigación, que solo el Estado es capaz de otorgar, y que obligan a pensar en acciones destinadas a aumentar los recursos disponibles para subsidios o puentes financieros de urgencia, o aplazamiento de pagos. La postergación del pago de IVA puede aportar mucho, aliviando la caja de las pymes, entre otras medidas imprescindibles. La paradoja es que porfiadamente vuelve la silueta virtuosa de la economía mixta y de los controles regulatorios por sobre el empecinamiento neoliberal.

No se trata ya solo de un plan financiero destinado a nuevos hospitales, vacunas y atenciones masivas en salud. Se trata de medidas para hacer funcionar el país en un piso mínimo de seguridad, que genere la certidumbre de que nadie va a quebrar, dejar de comer o carecer de los servicios públicos esenciales porque al país lo paralizó una pandemia. Seguramente, ello implicará reenfocar el gasto público –esta vez sí de verdad– con ahorro sustantivo en gasto de obras públicas suntuosas, gasto militar desproporcionado, y con una mayor preocupación real por el despegue de una economía digital.

Finalmente, un elemento central de la decisión crítica de gobierno es el reagendamiento del año electoral del país, empezando por el plebiscito de abril sobre la Nueva Constitución. Resulta imprescindible darle certidumbre al proceso y tanto el Ejecutivo como las fuerzas políticas oficialistas y de oposición deben concordar el aplazamiento, a objeto de que todos esos procesos electorales se celebren con el mayor grado de normalidad y certidumbre.

La fractura que se produjo en nuestro país en los últimos meses no ocurrió en los márgenes del sistema político sino en su centro mismo, y todo lo que se resuelva en torno a la agenda electoral y de pacificación que de ello derivó,  apunta a la gobernabilidad y a que no se rompa el feble vínculo de confianza que aún existe. Un acuerdo respetable sobre la reprogramación electoral completa es lo único que puede aliviar la tensión e incertidumbre política que vive la población en relación con el futuro político del país.

La inseguridad en sentido genérico no es solo un concepto relativo a la historia sino que es, también y ante todo, un hecho psicológico, que vive intensamente además en la cultura y las emociones de la gente. Es eso lo que hoy está también a flor de piel en los ciudadanos de nuestro país.

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