Opinión
No se puede seguir avalando, por acción u omisión propia o de terceros, más especulación con nuestras pensiones. Por ello y en lo inmediato, oficiaremos a la Superintendencia para que entregue respuestas y vías de solución a una crisis, ya no sólo sanitaria y económica de corto plazo, sino que probablemente una grave crisis de futuro que compromete seriamente la posibilidad de ingresos y jubilaciones dignas para una mayoría ciudadana.
En estos días desde el Ejecutivo se ha hecho un llamado a la oposición a apurar el tranco en la aprobación de la reforma previsional planteada por el Gobierno. Una reforma a las pensiones que, al día de hoy, se hace más necesaria e impostergable por 3 razones fundamentales.
Por una parte, el sistema está “descalibrado” por insuficientes niveles de ahorro y acumulación reflejados en una baja tasa de cotización, una baja densidad de las cotizaciones y una caída más estructural cíclica de las rentabilidades de los activos financieros a nivel global. A ello, se agrega un incremento sostenido de las expectativas de vida -especialmente marcado en Chile- que conduce a pensiones “autofinanciadas” muy insuficientes frente a las expectativas y necesidades de la población. Por último, el sistema actual se expresa más como paliativo, antes que como un piso mínimo garantizado para nuestra clase media y población más vulnerable y se sostiene, sobre una administración que poca y nada confianza entrega a una mayoría ciudadana pensionista. Ya no sólo en términos de transparencia, pero también de su rentabilidad.
Precisamente este último punto es el que hoy se hace más evidente en plena crisis económica y sanitaria. Los efectos de la pandemia sobre la economía y fuentes laborales en Chile y el mundo son evidentes, como también sus
coletazos sobre los fondos de pensiones y las jubilaciones en curso, en gran parte en razón de la gestión que se hace de los multifondos, del nivel de exposición de la mayoría de AFP accionistas de grandes empresas cotizantes en la rueda local y, de la responsabilidad administrativa y política de la autoridad -en especial el Superintendente de Pensiones- al no oficiar a las administradoras para mantener en cada multifondo un nivel de renta variable menos riesgoso, considerando la crisis que se nos viene encima.
[cita tipo=»destaque»]Por ello, se hace importante no sólo que la autoridad técnica radicada en la superintendencia sea investigada y asuma su responsabilidad en esta progresiva debacle de los fondos. Sí, porque desde el 17 de octubre de 2019, antes de la crisis social, teníamos 220 mil millones de dólares en los fondos. Hoy apenas llegan a 167 mil millones, 54 mil millones de dólares de pérdida en 5 meses, el triple que los 19 mil millones de dólares que perdimos en plena crisis subprime de 2008. También es importante que en lo inmediato se congelen los recálculos de las pensiones de los Retiros Programados en curso y con ello, los actuales pensionados de fondos sujetos a administración de las AFP no se vean perjudicados por la crisis económica y sanitaria que afecta al país.[/cita]
A pesar del crítico escenario a nivel internacional, la desaceleración de importantes economías y bolsas, las siete AFP decidieron a enero mantener el 80% de su inversión en renta variable, cuando podrían haber reducido el nivel de riesgo a la mitad. El resultado, de acuerdo a diversas fuentes, serían : el Fondo A perdió -25% en un mes, cuando la merma podría haber sido de sólo -15%; el fondo B perdió -20% y no -10%; el Fondo C perdió el 15%, y no -9%; el fondo D perdió -9% y no -3%. Incluso el fondo E perdió -3%, siendo que tuvo que haber ganado +0,2% (sí cumplía la Ley 19.641 para invertir sólo en instrumentos de renta fija de corto plazo).
Qué este último fondo también haya presentado pérdidas, cuando debiese operar como refugio en escenario de volatilidad e incertidumbre, tiene su explicación en que fue el actual Superintendente, Osvaldo Macías, el que permitió aumentar el riesgo dicho Fondo.
El Fondo E fue creado en 1999 -en ese momento Fondo 2- con la participación del mismo Macías como consecuencia de la crisis asiática, para que los jubilados no se vieran expuestos a escenarios de riesgo y perdieran sus ahorros. De esa forma, el fondo no podía invertir en bonos de largo plazo (su límite máximo era de 4,5 años). Hoy y bajo venia de Macías, el Fondo E aumentó su riesgo exponencialmente al permitir que se invierta en bonos de hasta 20 años plazo.
Los resultados adversos del fondo no sólo lo golpearan fuerte a este año como consecuencia de la pandemia presente. Pues ya durante la crisis social de octubre y noviembre de 2019 los ahorrantes de dicho fondo perdieron un 11%, sin que se tomara medida alguna. El actual contexto tampoco ha operado como disuasivo para que el Supertintendente Macías lleve al Fondo E a ser un refugio como lo era en el año 2008, época donde llegó a ganar un 7%, porque no tenía casi bonos de tesorería ni tanta exposición a renta variable.
Por ello, se hace importante no sólo que la autoridad técnica radicada en la superintendencia sea investigada y asuma su responsabilidad en esta progresiva debacle de los fondos. Sí, porque desde el 17 de octubre de 2019, antes de la crisis social, teníamos 220 mil millones de dólares en los fondos. Hoy apenas llegan a 167 mil millones, 54 mil millones de dólares de pérdida en 5 meses, el triple que los 19 mil millones de dólares que perdimos en plena crisis subprime de 2008. También es importante que en lo inmediato se congelen los recálculos de las pensiones de los Retiros Programados en curso y con ello, los actuales pensionados de fondos sujetos a administración de las AFP no se vean perjudicados por la crisis económica y sanitaria que afecta al país.
Por último, que los procesos de jubilación en su actual escenario, hagan partícipes y co-solidarios de las pérdidas sufridas en sus fondos a las AFP. Las administradoras no pueden solo obtener ganancias en tiempos de bonanza y
evitar asumir riesgo y pérdidas en períodos críticos. Ello considerando, además, el monto de las utilidades obtenidas en los primeros 9 meses de 2019 ($401.000 millones, 70% más que en mismo período 2018 de acuerdo a datos de misma Superintendencia de Pensiones).
No sólo eso. Con estos antecedentes queda claro que hoy el sistema como lo conocemos debe reformularse. El Gobierno también debe reformular su aproximación a la gestión de las AFP y comprometerse con un rediseño más
profundo del sistema de pensiones, desde el proyecto que se tramita en el Senado.
No se puede seguir avalando, por acción u omisión propia o de terceros, más juegos irresponsables y especulación con nuestras pensiones. Por ello y en lo inmediato, oficiaremos a la Superintendencia para que entregue respuestas y vías de solución a una crisis, ya no sólo sanitaria y económica de corto plazo, sino que probablemente una grave crisis de futuro que compromete seriamente la posibilidad de ingresos y jubilaciones dignas para una mayoría ciudadana.
