Opinión
Los bancos tendrán especiales incentivos para dar créditos a aquellas empresas que ya tienen deudas con ellos y cuya potencial insolvencia pueda hacer peligrar el pago de estas deudas. Es decir, los bancos van a usar los recursos de todos los chilenos para proteger su propia seguridad de repago de las deudas de estas empresas, la mayoría medianas y grandes que caben dentro de la definición ampliada del programa. Así, un alto porcentaje de las 900 mil pymes verdaderas van a quedar excluidas de este costoso esquema de subsidios públicos que el Gobierno ha escogido canalizar a través de la banca comercial. Una vez más, una política justificada públicamente como pro pyme va a fracasar a pesar del gran costo estatal que implica.
Mucho se ha hablado por décadas de las pymes, de su importancia como fuente de empleo e ingreso para millones de chilenos y de su estado de eterno subdesarrollo. De políticas “pro pymes” que al final no han sido conducentes a nada. La gran mayoría de ellas continúa postrada en una situación de vulnerabilidad, que se muestra en toda su dimensión en tiempos de crisis como los actuales. Siempre se considera su falta de acceso al crédito como el factor limitante a su desarrollo y ahora, en momentos de crisis, el Gobierno encomienda a los bancos comerciales para que les presten, utilizando subsidios estatales de gran magnitud.
Sin embargo, todos los esfuerzos en la dirección de otorgarles esa liquidez bajo condiciones especiales, no han funcionado en el pasado y probablemente tampoco funcionarán bajo los esquemas actuales.
Por otro lado, el diagnóstico respecto a que el problema de las pymes radica también en los “altos” impuestos y “altos” salarios que ellas pagarían, no es nuevo, ha sido un denominador común por muchos años. Este argumento solo ha servido para que los grandes empresarios usen una supuesta preocupación por las pymes, como escudo contra políticas progresistas como mayores impuestos a la renta y aumentos de los salarios mínimos.
Uno de los programas más cuantiosos del Gobierno para paliar los efectos de la crisis actual, es el llamado “Créditos COVID-19”. Autoriza a los bancos privados a dar créditos a empresas con ventas anuales inferiores a 1.000.000 de UF, por hasta un total de US$24.000 millones, con garantías estatales que cubren entre 60% y 95% de cada préstamo y una tasa preferencial de hasta 3,5% anual. Además, impone un límite máximo para cada crédito de 25% de las ventas anuales de la empresa. Este programa ha sido justificado públicamente por el Gobierno como una política pro pyme, lo que, como veremos más adelante, es una falacia.
[cita tipo=»destaque»]Lo que se propone aquí es un subsidio estatal de $400.000 mensuales por familia dirigido a los 4 millones de familias más pobres del país, abarcando así un universo de más de 10 millones de personas. La idea es que este subsidio se asegure por un periodo de por lo menos 4 meses, con una posible extensión a 6 meses, dependiendo de la duración de la crisis. Este subsidio vendría a reemplazar la pléyade de pequeñas transferencias sociales de todo tipo que se están considerando en la actualidad para apoyar a estos grupos de la población. Esto implica un costo fiscal de aproximadamente US$2.000 hasta US$3.000 por familia, lo cual significaría un costo fiscal total de unos US$8.000 millones hasta un máximo US$12.000 millones (o sea, entre un 3% y un 5% del PIB).[/cita]
Pedirles a los bancos comerciales que “solucionen” el problema crediticio de las pymes es absurdo, por muchas razones, sobre todo cuando se ha recurrido al deleznable subterfugio –para efectos de este programa– de poner en un mismo saco a las pymes con grandes empresas que tengan ventas anuales de hasta un millón de UF (unos US$35 millones).
Lo importante es entender cuáles son los incentivos de la banca privada para asignar dichos préstamos. Los bancos tendrán incentivos para usar los cuantiosos subsidios públicos para prestar a empresas que están en la parte más alta de la distribución, porque las grandes compañías les dan más garantías colaterales y porque, por razones que se discuten más adelante, prefieren asignar créditos de mayor envergadura de lo que requieren las micro y pequeñas empresas.
En el universo de empresas que pueden participar del programa de subsidios, se encuentran las 13.000 con ventas entre 100.000 UF y 1.000.000 de UF anuales, que el SII identifica como grandes empresas. Dado que el valor de cada préstamo puede llegar hasta 3 meses de ventas, esto significa que –solamente concentrándose en esas 13.000 grandes empresas– los bancos pueden prestar mucho más que el máximo de US$24.000 millones que el fondo total con garantías estatales a tasas de interés subsidiadas les autoriza. En realidad, los bancos podrían concentrarse solo en prestar a las 6.000 empresas con ventas anuales superiores a 600.000 UF, y de esta forma, agotar los recursos disponibles del fondo. O sea, los bancos comerciales tendrán una amplia gama de empresas, que el SII clasifica como grandes, para escoger y otorgar los préstamos subsidiados y, de esta manera, cumplir con la obligación impuesta por el Gobierno de prestar estos recursos.
Para ahondar más sobre este punto, considérese el siguiente análisis: las 13.000 grandes empresas (con ventas anuales de entre 100.000 y 1.000.000 UF), tienen ventas promedio por empresa de 400.000 UF anuales. Esto implica que el crédito a cada una de ellas puede llegar hasta 100.000 UF (el 25% de sus ventas anuales totales). Así, si solamente un 60% de estas empresas postula al crédito subsidiado (un supuesto muy conservador, dada la conveniencia de un crédito a una tasa nominal de solo 3,5% anual y tasa real de cero por ciento, como el que ofrece el programa), esto implica que la demanda total por estos créditos llegaría a más de US$28.000 millones. O sea, solamente prestando al 60% de las grandes empresas, la banca privada más que agotaría la disponibilidad total del programa que es US$24.000 millones, lo que implica que la banca no tendría para que aventurarse a prestar siquiera a las empresas medianas, y mucho menos a las pequeñas y microempresas.
También, los bancos tendrán especiales incentivos para dar créditos a aquellas empresas que ya tienen deudas con ellos y cuya potencial insolvencia pueda hacer peligrar el pago de estas deudas. Es decir, los bancos van a usar los recursos de todos los chilenos para proteger su propia seguridad de repago de las deudas de estas empresas, la mayoría medianas y grandes que caben dentro de la definición ampliada del programa. Así, un alto porcentaje de las 900.000 pymes verdaderas van a quedar excluidas de este costoso esquema de subsidios públicos que el Gobierno ha escogido canalizar a través de la banca comercial.
Una vez más, una política justificada públicamente como pro pyme va a fracasar a pesar del gran costo estatal que implica. He aquí la insensatez de este programa del Gobierno.
Por lo demás, los bancos comerciales nunca van a otorgar liquidez a las verdaderas pymes y las razones debieran ser muy claras para cualquier economista. Primero, porque las pequeñas y microempresas representan un riesgo mayor para los bancos, ya que su existencia tiende a ser inestable. Aún con garantías parciales del Estado, la banca no va a estar dispuesta a asumir este riesgo, especialmente si tienen la opción de prestar esos recursos subsidiados a empresas grandes, opción que el Gobierno les ha otorgado exprofeso al redefinir el universo del programa para incluir las 13.000 empresas con ventas entre 100.000 y 1.000.000 de UF.
Mas importante aún, a los bancos comerciales no les interesa, ahora ni nunca, hacer prestamos en pequeña escala, porque los costos fijos de procesar tales prestamos son casi tan altos como los costos de procesamientos de créditos más grandes. Esto implica que la rentabilidad esperada de pequeños prestamos es inferior a las de préstamos mayores. Esta diferencia de rentabilidad es aún más importante en el caso actual, cuando las ganancias de los bancos por préstamo son limitadas, a través de una tasa máxima de interés que pueden cobrar por los préstamos con subsidios del Estado.
Así, la idea que los problemas de las verdaderas pymes –aquellas con ventas inferiores a 100.000 UF al año, que constituyen la gran mayoría del universo pymes– puedan resolverse a través de la banca privada, es absurda y tal vez malintencionada.
Los economistas chilenos han ignorado sistemáticamente el problema de la demanda como factor limitante al crecimiento económico, especialmente del 70% de la economía que produce bienes fundamentalmente para el mercado interno. Para la mayoría de los economistas, el problema del crecimiento se reduce a proveer los máximos incentivos a la inversión en maquinaria y equipos, usando medidas que maximizan la tasa de ganancias del capital. Sin embargo, en parte a causa de la extremadamente desigual distribución del ingreso, hay una alta proporción de la población que tiene una reducida capacidad de demanda, lo cual afecta el tamaño del mercado disponible para ese 70% de la economía que produce bienes y servicios casi exclusivamente para el mercado nacional, aún en tiempos normales, reduciendo el potencial de crecimiento.
Para las pymes, que en su gran mayoría producen para el mercado interno, el problema de insuficientes mercados es una limitante aún más importante que para el resto de las empresas. El problema de la demanda que enfrentan tampoco ha sido abordado por los economistas, quienes solo se han concentrado en aspectos de la disponibilidad de créditos y costos de producción. Sin embargo, como lo demostramos aquí, la insuficiente demanda que las pymes verdaderas enfrentan, puede constituirse en una restricción tan importante como la crediticia.
En un país tan desigual como Chile, hay un gran porcentaje de la población que debe sobrevivir con ingresos muy bajos. El salario promedio en Chile es aproximadamente $580.000 mensuales, y, lo que es más importante, un 50% de los trabajadores recibe menos de $400.000 mensuales. Además, se les somete a un IVA de 19% (sobre el valor de su consumo), lo que significa que una gran parte de la población ve recortados sus magros ingresos en casi 20%.
Este impuesto es extraordinariamente regresivo, ya que la población que recibe bajos ingresos a menudo gasta toda su renta en consumo y, por lo tanto, debe pagar el impuesto sobre el total de ella, mientras que los individuos de altos ingresos consumen solo una parte de ellos, pagando una tasa efectiva de IVA menor (por ejemplo, quien gana menos de $500.000 y consume todo su ingreso, como es el caso típico de la mayoría de los trabajadores, debe pagar una tasa de 19% restándole casi $100.000 a su renta, mientras que alguien que gana $5.000.000 mensuales y que consume, por ejemplo, el 50% del ingreso, paga una tasa de solo 9,5% sobre su ingreso).
Las pymes venden sus productos mayoritariamente a los estratos sociales medios y bajos recién descritos. Es decir, sus ventas dependen del poder de compra de estos segmentos de la población, que además de tener bajísimos ingresos, los ven castigados con un IVA de 19% por cada compra que hagan.
Esto conlleva a que el mercado potencial de las pymes sea muy limitado. La crisis actual está masivamente afectando los ingresos precisamente de estos grupos, lo cual hace prever que, de no compensarse a estos grupos por las enormes pérdidas económicas que les causa la crisis actual, el mercado para las pymes se va a restringir aún más, con posibles letales consecuencias para muchas de ellas.
Un programa que compense una parte importante de las pérdidas económicas de los grupos bajos y medios puede convertirse en una significativa mitigación de las pérdidas de mercado venideras de las pymes, evitando así un impacto mucho mayor sobre ellas. Un subsidio estatal para los grupos que más van a sufrir el impacto de la crisis, puede constituirse en un paliativo importante tanto para las familias que lo reciban, como para evitar el desplome de muchas pymes, que verían sus mercados en parte recuperados.
Lo que se propone aquí es un subsidio estatal de $400.000 mensuales por familia dirigido a los 4 millones de familias más pobres del país, abarcando así un universo de más de 10 millones de personas. La idea es que este subsidio se asegure por un periodo de por lo menos 4 meses, con una posible extensión a 6 meses, dependiendo de la duración de la crisis. Este subsidio vendría a reemplazar la pléyade de pequeñas transferencias sociales de todo tipo que se están considerando en la actualidad para apoyar a estos grupos de la población. Esto implica un costo fiscal de aproximadamente US$2.000 hasta US$ 3.000 por familia, lo cual significaría un costo fiscal total de unos US$8.000 millones hasta un máximo US$12.000 millones (o sea, entre un 3% y un 5% del PIB).
Este programa tendría un doble dividendo. Por una parte, apoyaría directamente a las familias que más se están viendo afectadas por esta calamitosa crisis y, por otro lado, ayudaría a prevenir un colapso gigantesco de las micro y pequeñas empresas. Esto es especialmente valido para las empresas más pequeñas que actualmente tienen ventas inferiores a 25.000 UF, es decir, alrededor de 800.000 empresas con cerca de 2.000.000 de personas directamente dependientes de ellas. Este programa lograría reducir la emergencia de varios millones de pobres, evitando así consecuencias sociales difíciles de prever, incluyendo gatillar un proceso social francamente caótico.
