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¿Vientos de estatización en Chile?

por 5 mayo, 2020

¿Vientos de estatización en Chile?
Es preocupante la insistencia de algunos sectores minoritarios por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos, a través de una nueva Constitución. No solo pretenden cambiar el régimen político, para fortalecer las atribuciones del Congreso Nacional, sino que además se busca debilitar y erosionar el derecho de propiedad, que es uno de los pilares fundamentales del orden público económico en Chile. En el último tiempo, hemos observado una verdadera pandemia de proyectos de ley, a todas luces inadmisibles e inconstitucionales, procurando con ello desafiar la institucionalidad vigente y erosionar el Estado de Derecho. “Nacionalizar” el litio, “derogar” la Ley de Pesca y, más recientemente, el que busca “derogar” el sistema de AFP y “nacionalizar” los fondos de pensiones. A través de este tipo de iniciativas, que no conllevan –como era de suponerse– el pago de indemnización alguna, solo buscan expropiaciones encubiertas. Es el virus de la estatización.
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Empiezan a circular en el ambiente político chileno palabras que, hasta hace poco, se pensaban casi extinguidas del lenguaje económico. Me refiero a términos como “nacionalización”, “interés nacional” o empresas “estratégicas”. Confieso que me duelen hasta las muelas con su sola mención. Aunque no sorprende que ideas tan añejas como aquellas provengan desde algunos sectores de larga y trasnochada tradición estatista, más preocupante resulta que algunos próceres del libre mercado y líderes gremiales ya comiencen a hablar de “rescates” a las grandes empresas. Los motivos pueden ser nobles y hasta justificados bajo la actual crisis. Pero, detrás de esos conceptos, se asoman diferencias ideológicas profundas, donde el fantasma de la estatización se hace cada vez más presente.

Como una forma de ayudar a las grandes empresas en dificultades, algunos economistas sugieren que el Estado les inyecte recursos, a través de aumentos de capital, transformando a este en accionista de las compañías. Se trata de una propuesta  oportunista de un grupo de economistas que ven en el Estado la solución a la gran mayoría de los problemas. Son los nostálgicos del “Area de Propiedad Social” de los setenta, que han visto en esta crisis la ocasión de reeditar los planes de nacionalización de empresas “estratégicas”. No hace falta recordar que el Estado ha sido históricamente un mal administrador. Es cosa de ver cómo ha administrado a las empresas públicas durante los años recientes. A partir de octubre próximo, esperan completar dicho plan bajo la discusión de una nueva Constitución. Son los vientos estatizadores.

Ahonda esta preocupación en la insistencia de algunos sectores minoritarios por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos, a través de una nueva Constitución. No solo pretenden cambiar el régimen político, para fortalecer las atribuciones del Congreso Nacional, sino que además se busca debilitar y erosionar el derecho de propiedad, que es uno de los pilares fundamentales del orden público económico en Chile. En el último tiempo, hemos observado una verdadera pandemia de proyectos de ley, a todas luces inadmisibles e inconstitucionales, procurando con ello desafiar la institucionalidad vigente y erosionar el Estado de Derecho. “Nacionalizar” el litio, “derogar” la Ley de Pesca y, más recientemente, el que busca “derogar” el sistema de AFP y “nacionalizar” los fondos de pensiones. A través de este tipo de iniciativas, que no conllevan –como era de suponerse– el pago de indemnización alguna, solo buscan expropiaciones encubiertas. Es el virus de la estatización.

La discusión sobre la mejor forma de ir al “rescate” de grandes empresas no es trivial. Mientras algunos prefieren ante todo la opción de estatizar, total o parcialmente, a las empresas, otros han propuesto medidas del todo realistas y más congruentes con una economía social de mercado. Créditos otorgados por el sector privado con acrecencias preferentes o un esquema de “capitalismo popular” con financiamiento estatal, parecen ser las fórmulas más adecuadas para salvar a las grandes empresas. Bajo la actual normativa, si una empresa requiere capital puede salir al mercado y hacer una colocación en términos convenientes y atractivos para allegar recursos, que incluyan créditos directos a tasas preferentes. Así serán los privados quienes arriesguen o especulen en torno a la viabilidad de la empresa y no el Estado.

Lo más tentador es reclamar ayuda estatal y recurrir al lobby político. Es el momento de confiar más que nunca en soluciones de mercado para problemas complejos y de ser responsable con el uso de los recursos públicos. Sugiero un test de mercado muy simple antes de pasar un “puto peso” de nuestros impuestos: que el Estado les exija a las grandes empresas, especialmente a aquellas abiertas en bolsa, que realicen previamente un aumento de capital. Si la colocación resulta exitosa, el problema de liquidez estará resuelto. Por el contrario, si la colocación resulta un fracaso –especialmente si ni siquiera los accionistas controladores concurren–, es mejor que el Estado salga arrancando de ahí. Así, será el mercado y no el Estado quien determine qué empresas tienen viabilidad o no. ¿Cuál será la primera en atreverse?

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