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Crédito: Agencia Uno
El ministro de Hacienda no es partidario de una de las modificaciones que se le hará a la Ley de Protección del Empleo, la que prohibirá a las empresas que se acojan a ella repartir utilidades. Briones, junto al Gobierno, apostaban por un reparto de un 30%,. Debido al rechazo de esta iniciativa en la comisión mixta, el secretario de Estado ha apuntado sus dardos a los integrantes de la oposición, asegurando que si las empresas que se acojan no pueden repartir utilidades, habrá un problema, ya que hay un incentivo para que las «empresas se vean en la obligación muchas veces de tener que despedir en lugar de suspender (contratos), lo que es contrario a la motivación última de esa ley».
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sigue acusando el golpe que recibió el pasado 5 de mayo, cuando los integrantes de la oposición en la comisión mixta rechazaron indicaciones del Gobierno para mejorar la Ley de Protección del Empleo, como la que permitía a las sociedades anónimas que se acogieran a la medida repartir un 30% de sus utilidades.
De hecho, este viernes Briones aseguró que el Gobierno está analizando nuevos cambios a la ley corta que introdujo estas modificaciones, como la dicha prohibición impuesta por la oposición. A su juicio, «la forma de cómo se legisló creo que se pasó varios pueblos y eso puede generar varios problemas».
Briones agregó, tras visitar una pyme en Cerro Navia que obtuvo Crédito con Garantía del Estado (Fogape), que con esta prohibición no sólo se verán afectadas sociedades anónimas, sino que también «cerradas, dentro de las cuales hay muchas pymes, que si se acogen a la suspensión temporal, aunque sea por un empleado y aunque sea por una semana, impedirle que puedan repartir un peso de utilidad, creo que genera un incentivo claro a que esas empresas ante la opción de despedir o suspender, se vean en la necesidad de tener que despedir».
«Esto ya fue aprobado, y por lo tanto, estamos viendo cuáles son las alternativas disponibles, pero lo concreto me parece a mí que hay que hacerse cargo del problema que esto puede generar de la forma que quedó legislado», añadió.
Según Briones, la polémica con Cencosud -quienes se acogieron a la ley, después repartieron utilidades en algunas de sus filiales y posteriormente se retractaron de acogerse a la normativa- no es señal de que otras empresas se enfrenten a ese problema: «Acá no por un caso que ha sido de alta connotación pública, uno tiene que inferir que todo el proyecto tiene problema, de hecho, lo digo con claridad, el proyecto es un gran proyecto, el que más que mover nuevas críticas deberíamos valorar lo que está haciendo, que es evitar que se rompan definitivamente los vínculos contractuales, decir, evitar que haya desempleo».
«Como quedó la ley corta, tenemos un serio problema de que hay un incentivo hoy día a que empresas se vean en la obligación muchas veces de tener que despedir en lugar de suspender (contratos), lo que es contrario a la motivación última de esa ley», indicó.
Por último, enfatizó que «si usted por una prohibición extrema que a todo evento usted no puede repartir un peso de utilidad, creo que es fácil entender que acá pueda haber un incentivo muy grande a que en lugar de suspender se termine despidiendo, porque insisto, esto no es solo para grandes empresas, sino que para sociedades anónimas cerradas que pueden ser empresas medianas, incluso pequeñas».
