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El mismo Sename, solo con otro nombre

por 17 mayo, 2020

El mismo Sename, solo con otro nombre
El nuevo Servicio de Protección no cambia las residencias, no cambia al personal sumariado, no cambia la forma de financiamiento manteniendo el incentivo perverso que fomenta la institucionalización. Tampoco aumenta la fiscalización técnica, no aumenta cobertura de salud, no prohíbe la acreditación de organismos vulneradores vinculados a la iglesia católica, donde los abusos son constantes, incluso al día de hoy. En pocas palabras, es un Sename con nombre distinto, ya que cambiando de normas o ley, no se cambiará la conducta humana y pareciera que esto es lo que no quieren entender.
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Esta semana comienza a discutirse el proyecto de ley de protección de la niñez, en una comisión mixta de la Cámara de Diputados. Esto se debe a que solo algunos diputados comprendieron la importancia mayúscula que significaría para nuestros niños, niñas y adolescentes, negándose a votar por un proyecto que no cumple las mínimas garantías en materia de protección para la infancia chilena.

Tampoco es plausible pensar en un statu quo y seguir con el Sename actual, sin embargo eso no significa ni tirar el mantel ni dar un cheque en garantía. La crítica necesaria desde quién ha vivido el horror de Sename es legítima, más allá si significa contrariar al actual Gobierno cuando este no está haciendo las cosas bien. Como si se tratase de un cruel aforismo, que el senador(a) o diputado(a) que no concuerde con el Gobierno queda fuera de toda consideración. Prueba de ello es el Senado, en donde después de grandilocuentes discursos, votaron a favor de un proyecto que no viene a cambiar la realidad de lo que actualmente es el Servicio Nacional de Menores, sólo sería comprensible esa actitud en el entendido que en la Comisión Mixta se hagan cargo de sus deficiencias.

Tampoco es descartable el inmenso lobby de organismos colaboradores -cuestionados por la justicia- que han sido consultados y que han presentado sus observaciones en temas sensibles de la tramitación como los diagnósticos DAM, con un abierto conflicto de interés, ¿tiene dudas?, vea la comisión del 30 de enero de este año. Cabe preguntarse si lo sucedido en Hualpen, se está repitiendo en otras residencias colaboradoras de Sename, más aún, frente a la pasividad del ministro de Justicia que ha intentado bajar el perfil o relativizar la conocida dinámica de vulneraciones, abusos sexuales y explotación sexual infantil en la comisión de Constitución. De hecho, argumentó y cito textualmente: “No puedo asegurar y nadie podrá hacerlo, que estas vulneraciones de las que hemos conocido no se vuelvan repetir en un futuro".

He allí donde como sociedad deberíamos dudar más de los discursos armoniosos que todos entregan para justificar su votación. Toda vez que el nuevo Servicio de Protección: no cambia las residencias, no cambia al personal sumariado, no cambia la forma de financiamiento manteniendo el incentivo perverso que fomenta la institucionalización. Tampoco aumenta la fiscalización técnica, no aumenta cobertura de salud, no prohíbe la acreditación de organismos vulneradores vinculados a la iglesia católica, donde los abusos son constantes, incluso al día de hoy. En pocas palabras, es un Sename con nombre distinto, ya que cambiando de normas o ley, no se cambiará la conducta humana y pareciera que esto es lo que no quieren entender.

Con esto cabe preguntarse: ¿porqué entonces muestran al país, un proyecto de ley como la panacea, si el mismo ministro dice que este no será la solución?

Debemos dejar, de una vez por todas, de engañar a la ciudadanía, no podemos permitir que los mismos organismos colaboradores cuestionados, sigan vendiendo las vulneraciones a subvención. Cabe señalar que lo que hizo fracasar el sistema Sename desde sus inicios, fue su diseño. Diseño el cual, en esta supuesta pero dudosa mejora, no fue intervenido, se mantiene un tratamiento de mercado y no humano ni de calidad, en pocas palabras, se privilegia un modelo económico dejando fuera lo social.

Lo segundo es que le entregamos el rol de fiscalización del nuevo Sename al Ministerio de Desarrollo Social, algo contradictorio por decir algo liviano, ya que ese ministerio no cuenta con un departamento de fiscalización.
Resulta imperativo regular las acreditaciones, acción que en el nuevo proyecto de ley no está regulado. El Ejecutivo no realizó cambios para los que cuenta con la facultad ¿y pretende hacerlo con esta ley?, eso sin duda resulta difícil de creer.

Por otra parte, la subsecretaria de la Niñez no se ha manifestado con respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos en la residencia de Hualpen, tampoco al saber de adopciones irregulares que unas madres con hijos en la misma residencia. Menos lo ha hecho con las querellas que presentó el Consejo de Defensa del Estado en contra de 4 organismos colaboradores, que son los que siempre están entrando y saliendo de La Moneda y el Congreso. Pero sí lo hace hoy, para ejercer presión por un proyecto de ley. Da tristeza ver dónde están las prioridades, las que parecieran lógicas, apoyar con eufemismos a un Gobierno que sobre la infancia no ha dado el ancho.

Mas grave resulta la situación, cuando el organismo colaborador más grande con el que cuenta Sename, como lo es Corporación Opción, está siendo investigada por la Contraloría General de la República y a pesar que los parlamentarios, el Ministerio Desarrollo Social, el Gobierno y la subsecretaria de la niñez cuentan con estos antecedentes, los mantienen en listado para formar parte del nuevo servicio de protección.

He allí donde como sociedad deberíamos dudar más de los discursos armoniosos que todos entregan para justificar su votación. Toda vez que el nuevo Servicio de Protección no cambia las residencias, no cambia al personal sumariado, no cambia la forma de financiamiento manteniendo el incentivo perverso que fomenta la institucionalización. Tampoco aumenta la fiscalización técnica, no aumenta cobertura de salud, no prohíbe la acreditación de organismos vulneradores vinculados a la iglesia católica, donde los abusos son constantes, incluso al día de hoy. En pocas palabras, es un Sename con nombre distinto, ya que cambiando de normas o ley, no se cambiará la conducta humana y pareciera que esto es lo que no quieren entender.

En este sentido, también hay que recordar que la ex Presidenta, Michelle Bachelet, cometió tal vez más graves vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y hoy, es alta comisionada de un organismo internacional. Esto refleja la mirada apática e indiferente del Estado en su conjunto, a la infancia de nuestro país.
Chile no puede seguir permitiendo que situaciones ocurridas al interior de residencias, como las ya conocidas, se sigan apareciendo cada cierto tiempo. Menos la Cámara de Diputados puede darse el lujo de dejar al tiempo la protección de los niños, niñas y adolescentes que no tienen.

Este Gobierno y todos sus actores se alegran con tan poco, presentando proyectos a medias o en la medida de lo posible, total, las medidas que decidan tomar a ellos nos les afectaran directamente, solo a las familias más pobres del  país.

Quiero destacar que el mayor argumento para presentar el proyecto de protección o el nuevo Sename, es el fuerte hincapié en la supervigilancia que este tendría por parte del Presidente de la República, lo que significa que, por al menos en esta oportunidad, implicarían responsabilidades políticas y administrativas.

Es decir que a la primera vulneración, el Mandatario y sus ministros podrían ser acusados constitucionalmente, ello, porque le están dando una responsabilidad que un Presidente jamás podrá cumplir y con esto harán su juego político a costa de nuestros niños. Si no modifican la ley de las OCAS, poniéndole más controles que impidan que las más cuestionadas pasen a ser parte de la nueva ley podrán en riesgo la más alta institucionalidad, por tanto, tendrán una tarea difícil: o defienden al Presidente o defienden a los organismos colaboradores.

Si bien, una de las opciones es completamente partidista y deja a los niños, niñas y adolescentes como opción ínfima, la segunda, es demostrar que nuestra clase política sí o sí, tiene intereses demasiado fuertes con quienes han hecho un negocio con la infancia.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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