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Legitimidad del Estado y seguridad humana: umbral cero

por 22 mayo, 2020

Legitimidad del Estado y seguridad humana: umbral cero
La falta de acciones reales y útiles es lo que indigna a la gente, y provoca que el Estado esté en el piso de su legitimidad. La gente siente que está abandonada en el umbral cero de la seguridad humana: sin protección sanitaria suficiente, sin trabajo y sin ingresos, sin protección social y sin perspectivas siquiera de poder comunicarse con sus gobernantes, que hablan para ellos mismos. En este soliloquio del poder, la crisis violenta se torna casi inminente, si es que no se mitigan rápido los problemas acuciantes –ingreso y comida– usando el recurso más abundante, que es el dinero.
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La legitimidad del Estado está en el límite y pone en duda la capacidad real del poder político de lograr que las conductas de las personas se ajusten a las decisiones de distanciamiento social y confinamiento, necesarias para contener la pandemia sanitaria. Ello ocurre, porque una pandemia más corrosiva que el COVID-19 afecta a la sociedad: la crisis económica. Y la gente sabe que esta es producto de la voluntad humana y no del azar, ve que el poder no se conmueve ni adopta decisiones útiles para controlarla.

La respuesta que el poder insinúa frente a la crisis sanitaria y económica es un péndulo, entre el ruego ecuménico del Presidente y su ministro de Salud a la población para que acepte confinarse y el uso de policías y militares para aplacar la protesta creciente de la población en las calles.

La inutilidad política del Gobierno le impide ver que los problemas que se viven solo se pueden mitigar a partir del uso de los recursos más abundantes y no de los más escasos. Es una ley de la racionalidad política. Y en este caso es el dinero, la riqueza pública y privada acumulada –a veces de manera salvaje en épocas de bonanza–, que en las actuales circunstancias debe adquirir carácter social, no la confianza a la que parece apelar el Gobierno cuando pide paciencia, para esperar o entender sus enrevesadas ideas de cómo manejar los problemas: primero comunicarlos y después analizarlos.

Los gobernantes, llamados por la urgencia, tienen oportunidad de evitarlo, generando directa o indirectamente ingresos a la gente, de manera cierta, eficiente y rápida. Por ejemplo, con un ingreso mínimo inmediato, liberando parte de los fondos de las AFP a sus propietarios, condonando cuentas de luz y agua hasta cierto rango o valor de consumo, y cuyos saldos no cubiertos vayan a una cuenta deudora garantizada por el Estado, que pueda ser compensada con crédito fiscal u otro mecanismo.

Recurrir al uso de los recursos más abundantes, lo que es una decisión política, es esencial, porque si no estos explotan como crisis. En nuestro caso es el dinero acumulado. No son recursos abundantes las camas hospitalarias críticas, ni los ventiladores mecánicos existentes o prometidos ni los test de diagnósticos. El contagio se desbordó en el país y se supone, bien o mal, que se usará lo que hay hasta el extremo. Las consecuencias negativas de lo que falte solo podrán transformarse en responsabilidad política cuando se haya aliviado un poco la angustia social y el país vuelva a funcionar con cierta normalidad. Hoy, poco se puede hacer, excepto tomar nota para luego analizar con frialdad y perspectiva política lo ocurrido.

Tampoco es un recurso abundante la confianza de los ciudadanos, y con razón. No saben si les están diciendo la verdad entera o solo a medias, si lo que le comunican va o no a pasar, sean créditos bancarios, bonos, cajas con comida o muertos reales, que llegan envueltos en un discurso o comunicado de prensa para las circunstancias.

Escasea más la confianza en la política. Luego de experiencias traumáticas de la relación entre dinero y política que aún no se disipan, los parlamentarios de oposición y oficialistas actúan como si tuvieran la última palabra de las cosas, sin otra contribución que poner sus nombres en paquetes de comida a ser distribuidos para demostrar su preocupación. Su actividad legislativa ha sido lenta y mala, los seguros de cesantía son insignificantes o no existen, su "Ley Marmicoc" de protección laboral es un colador útil a empleadores tramposos, mientras un 40% de la masa laboral que vive en condiciones de informalidad y miseria, sin un piso básico de protección social, queda fuera de toda protección o, derechamente, se va a la cesantía.

Aún no se produce un estallido desesperado de hambre, pero existe un proceso acumulativo de rabia y focos de precariedad en las calles, que pueden llevar a él. La falta de ingresos y la acumulación de deudas, si se le agregan condiciones de máxima precariedad y urgencia de alimentos, pueden germinar en otro estallido social. Para citar palabras de un ciudadano de El Bosque: “Tu calle no será mi calle. En la mía, yo tomaré todo lo que se me ofrezca y gratis. Incluso a la fuerza”.

Los gobernantes, llamados por la urgencia, tienen oportunidad de evitarlo, generando directa o indirectamente ingresos a la gente, de manera cierta, eficiente y rápida. Por ejemplo, con un ingreso mínimo inmediato, liberando parte de los fondos de las AFP a sus propietarios, condonando cuentas de luz y agua hasta cierto rango o valor de consumo, y cuyos saldos no cubiertos vayan a una cuenta deudora garantizada por el Estado, que pueda ser compensada con crédito fiscal u otro mecanismo. Esas empresas, hoy están facturando promedios y abusan en lo que cobran, en la impunidad del COVID-19 y fuera del daño mental y moral que le generan a la población presionando los pagos y teniendo, como tienen, ganancias aseguradas por ley.

El retail y las empresas concesionarias del Estado, abusan y actúan –a vista y paciencia del Gobierno– como si fueran los únicos perjudicados económicamente de la pandemia. Es indignante que ante facturas abusivas de la luz, el superintendente de la SEC le diga a la gente que reclame directamente a la empresa y luego dé aviso a su organismo. De igual manera, es casi una burla ver al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunciar una rebaja en las tarifas urbanas del TAG, cuando las autopistas están vacías por la cuarentena, poniéndolo como un aporte frente a la crisis. Trata de convencernos que esto es un ahorro, cuando en realidad el Estado –que somos nosotros y nuestros impuestos– tendrá que pagar el ingreso mínimo asegurado, por contrato, a las empresas dueñas de las autopistas.

La falta de acciones reales y útiles es lo que indigna a la gente, y provoca que el Estado esté en el piso de su legitimidad. La gente siente que está abandonada en el umbral cero de la seguridad humana: sin protección sanitaria suficiente, sin trabajo y sin ingresos, sin protección social y sin perspectivas siquiera de poder comunicarse con sus gobernantes, que hablan para ellos mismos.

En este soliloquio del poder, la crisis violenta se torna casi inminente, si es que no se mitigan rápido los problemas acuciantes –ingreso y comida– usando el recurso más abundante, que es el dinero. Gran parte de este es de los propios ciudadanos. Pero está en las AFP, que lo usan como propio, mientras ninguno de sus ejecutivos está amenazado de precariedad o falta de comida por el COVID-19. Ingreso mínimo de emergencia, fondos AFP, condonación de deudas, comida. ¿Es tan difícil?

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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