Opinión
Durante esta semana, sesionó la Comisión Mixta que debate el proyecto que crea un nuevo Servicio de la Niñez, divide en dos al Sename, separando a quienes son sujetos de protección de quienes están en régimen de responsabilidad penal adolescente. El proyecto establece cambios, sin embargo, mantiene las falencias del sistema anterior, porque no toca la lógica fracasada de financiamiento mediante subvención, que en sí misma es vulneratoria de derechos, al transformar a cada niña, niño o adolescente sujeto de protección en un “voucher” a pagar a un privado.
A 30 años de la ratificación de la Convención de los Derechos de la Niñez, luego de miles de muertes, violaciones de los Derechos Humanos, maltratos, explotación y abuso sexual, malversaciones de recursos públicos y, un sinfín de diagnósticos, Chile sigue en deuda con la infancia, especialmente con niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado.
Hace menos de un mes, conocimos el caso del hogar “Nido”, en la comuna de Hualpén, donde luego de la develación de un niño a su madre, se denunció que fue la propia directora del organismo colaborador la que facilitaba la comisión de delitos sexuales contra las niñas y niños a su cargo, todo a cambio de dinero.
Durante esta semana, sesionó la Comisión Mixta que debate el proyecto que crea un nuevo Servicio de la Niñez, divide en dos al Sename, separando a quienes son sujetos de protección de quienes están en régimen de responsabilidad penal adolescente.
[cita tipo=»destaque»]Ya basta de declaraciones de buenas intenciones, es urgente contar con un Sistema General de Garantías de la Niñez, y tenemos la obligación de hacer una reforma profunda, radical a la institucionalidad de la infancia. No podemos seguir desaprovechando la oportunidad para, de una vez por todas, asumir como Estado un rol de garante y no subsidiario, como es el que se ha tenido hasta ahora.[/cita]
El proyecto establece cambios, sin embargo, mantiene las falencias del sistema anterior, porque no toca la lógica fracasada de financiamiento mediante subvención, que en sí misma es vulneratoria de derechos, al transformar a cada niña, niño o adolescente sujeto de protección en un “voucher” a pagar a un privado.
Ya basta de declaraciones de buenas intenciones, es urgente contar con un Sistema General de Garantías de la Niñez, y tenemos la obligación de hacer una reforma profunda, radical a la institucionalidad de la infancia. No podemos seguir desaprovechando la oportunidad para, de una vez por todas, asumir como Estado un rol de garante y no subsidiario, como es el que se ha tenido hasta ahora.
Debe haber una fiscalización exhaustiva, poniendo en el centro los Derechos Humanos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Solo así –y quizás ahora– podamos comenzar a cerrar una de las etapas más oscuras y dolorosas en la historia de la infancia en Chile: la del Sename.
