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El agua, una víctima del estallido social

por 23 mayo, 2020

El agua, una víctima del estallido social
Los efectos de la crisis social sobre el tema hídrico no se agotan en la incertidumbre económica. Hay un factor adicional: la incertidumbre política y regulatoria, que se abrió a partir de la discusión de una nueva Constitución y de la reforma al Código de Aguas, actualmente en el Senado. Hay quienes ilusamente estiman que la solución al problema de la escasez hídrica está en reformar la Constitución de 1980 para estatizar el agua por la vía de la confiscación o en terminar con los derechos de agua. La intención de algunos actores políticos de debilitar y erosionar el derecho de propiedad, con ocasión del proceso constitucional, hace difícil que se puedan materializar nuevas inversiones en el sector hídrico.
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El Presidente del Banco Central calificó recientemente la actual crisis sanitaria y económica como “inédita en la historia contemporánea”, destacando al mismo tiempo que el shock del coronavirus es de una envergadura mucho mayor que la crisis social de octubre pasado. Sin pretender desmentirlo ni contradecirlo, me adelanto a plantear que una víctima de la crisis social es la sequía estructural que afecta principalmente al norte, zona centro (80%) y centro-sur (60%) del país, la misma que probablemente dificulte o ralentice la recuperación económica.

Así como la crisis sanitaria y económica ha requerido del compromiso de cuantiosos recursos públicos para enfrentarla, la sequía estructural que vivimos requerirá un esfuerzo público y privado no menor. No podemos ignorar además que la zona central de Chile vive la década más seca desde que se tenga registro. Por su parte, el plan del gobierno para construir 26 nuevos embalses en nueve regiones considera una inversión de US$6.000 millones, en tanto que el costo de construcción de una planta desaladora oscila entre US$250 millones y US$900 millones dependiendo de las distancias.

Por otra parte, la inusitada violencia y daño que acompañó el estallido social, generó una profunda crisis económica y política, que afectó indirectamente al sector hídrico. En efecto, los impactos económicos del estallido social fueron de gran magnitud. El más claro fue sobre el PIB, donde el costo de la violencia en la economía fue cerca de US$9.000 millones (Banco Central). Y si a ello agregamos los daños en infraestructura pública y privada, incluyendo el Metro, que tuvieron un costo aproximado de US$5.000 millones (CCHC), llegamos a un costo total de US$14.000 millones (LyD). A partir de estas cifras, podemos estimar que de no mediar la crisis social, se podrían haber construido alrededor de 60 embalses y unas 28 plantas desaladoras con esos mismos recursos. ¡Pero hoy esos recursos ya no están disponibles!.

Pero los efectos de la crisis social sobre el tema hídrico no se agotan en la incertidumbre económica. Hay un factor adicional: la incertidumbre política y regulatoria, que se abrió a partir de la discusión de una nueva Constitución y de la reforma al Código de Aguas, actualmente en el Senado. Hay quienes ilusamente estiman que la solución al problema de la escasez hídrica está en reformar la Constitución de 1980 para estatizar el agua por la vía de la confiscación o en terminar con los derechos de agua. Tal como lo han explicado destacados profesionales a través de diversos medios, la primera medida no es necesaria ya que las aguas son bienes nacionales de uso público, es decir, de propiedad estatal, y la segunda terminará con la estabilidad regulatoria que tenemos hoy. La intención de algunos actores políticos de debilitar y erosionar el derecho de propiedad, con ocasión del proceso constitucional, hace difícil que se puedan materializar nuevas inversiones en el sector hídrico.

Aún cuando todo sistema de gestión, incluyendo el del agua, puede ser perfeccionado para, entre otras cosas, priorizar el consumo humano y la fiscalización, lo cierto es que la discusión de las políticas públicas parece haberse focalizado en el marco regulatorio y no en medidas tendientes a asegurar su disponibilidad o un uso eficiente del mismo. No habiendo agua, ni el mejor sistema jurídico es capaz de garantizar su consumo a la población. Por ello, más que un problema de diseño institucional, estamos frente a un problema de disponibilidad del recurso.

El Presidente Piñera ha hecho bien en incluir a la sequía entre las cinco crisis que nos golpean y en conformar una Mesa Nacional del Agua, pero haciéndome eco de sus palabras “tenemos que actuar con urgencia, unidad y con inteligencia”. Y agrego: respetando los derechos adquiridos. Se van a necesitar más que lineamientos de políticas y estrategias para abordar este riesgo sistémico. Se necesitan acciones. No podemos esconder la cabeza y esta crisis hídrica se nos presenta como una gran oportunidad para avanzar, antes de que sea tarde. Sería un legado que el país completo aplaudiría.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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