El narco-Estado

Los capos de la droga en Latinoamérica y las series que retratan sus negocios, gozan de una gran popularidad en tiempos de pandemia. Cada capítulo descubre un entramado delictual que incluye tanto la esfera política como la financiera. Ozark, que es una de ellas, nos muestra las redes que tejen el narcotráfico y la corrupción en la actividad económica de una zona turística de Estados Unidos.

Es ingenuo pensar que esto es solo ficción. Hay estudios e informes que comprueban la penetración del narcotráfico globalizado en las economías de muchos países. Y esos documentos no hablan únicamente de papelillos y de gramos.

El director de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), el italiano Antonio Maria Costa, sostuvo –en The Guardian a inicios del año 2019– que el narcotráfico ha servido para rescatar a algunos bancos del colapso, al actuar como fuente de capital líquido. Reveló un «modus operandi»: el dinero de la droga se introdujo en el circuito de la economía legal hasta tal punto, que «hay indicios de que algunos bancos se salvaron de esa forma» del colapso provocado por la crisis financiera mundial de 2008.

[cita tipo=»destaque»]Por eso es clave, primero, una presencia más fuerte de un Estado o estructura institucional protectora en crisis y, segundo, de mecanismos efectivos y eficientes para ejecutar medidas como la distribución de alimentos o el apoyo económico, como el criticado Fogape. Facilitar su acceso es también una forma de combatir al narcotráfico. Pero esa batalla tiene que darse con más fuerza, porque, hasta ahora, el capítulo de esta serie se sigue escribiendo.[/cita]

Costa calculó en 352 mil millones de dólares la suma proveniente de orígenes ilícitos –narcotráfico, contrabando de armas, etc.– «lavados» por bancos estadounidenses ese año y que fueron cruciales para «mantener el sistema financiero a flote”.

Hace unos días, el Presidente Sebastián Piñera anunció un conjunto de medidas para combatir el narcotráfico, ante el aumento de la actividad del crimen organizado durante la pandemia. No solo se estima que creció su comercio, sino también su penetración en los tejidos sociales comunitarios.

La ausencia y lentitud de la respuesta del Estado (o de un ente protector) ha sido determinante para este escenario. No atender las necesidades de sectores vulnerables de Santiago y en algunas regiones, implica cederle terreno al narcotráfico, actividad que promete protección y un “Ingreso Familiar de Emergencia” a su usanza, con otros nombres y sin necesidad de completar un “Registro Social de Hogares”.

Pero también hay que tener cuidado. La crisis del 2008 nos enseñó que el narco está lejos de ser materia exclusiva de barrios vulnerables. No por nada el proyecto anunciado por el Mandatario incluye una particular medida: aumenta el poder de la Unidad de Análisis Financiero sobre las automotoras y comercializadoras de vehículos de lujo, incorporándolas a la lista de quienes quedan obligadas a informar de operaciones sospechosas.

El narco lava dinero en el comercio legal, pero requiere de un vendedor disponible para participar en la transacción. El problema es que, en una crisis como la actual, la tentación (y necesidad) de disponer de liquidez inmediata es una realidad, independientemente del tamaño de la compañía.

Por eso es clave, primero, una presencia más fuerte de un Estado o estructura institucional protectora en crisis y, segundo, de mecanismos efectivos y eficientes para ejecutar medidas como la distribución de alimentos o el apoyo económico, como el criticado Fogape. Facilitar su acceso es también una forma de combatir al narcotráfico. Pero esa batalla tiene que darse con más fuerza, porque, hasta ahora, el capítulo de esta serie se sigue escribiendo.