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El narcotráfico, un vecino criminal con recursos y voluntad

por 6 julio, 2020

El narcotráfico, un vecino criminal con recursos y voluntad
Como negocio, el narco no desea destruir al Estado ni es enemigo del mercado. Simplemente requiere permearlo, hacerlo débil, ocupar sus estructuras con políticos clientelizados por donantes que operan empresas de fachada. Necesita policías amigas, cercanas, que estén dispuestas a dibujar acuerdos sobre los delitos en el territorio, y requieren un amparo y tolerancia de abogados, fiscales, jueces y autoridades que hagan la vista gorda.
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La guerra de pandillas narcotraficantes está desatada en la ciudad de Santiago. Como a todo negocio, porque el narcotráfico es un negocio de diferentes escalas y tamaños, pero negocio y no un  “vicio”, como piensan las inútiles policías de la moral, también lo impacta la estrechez económica del momento.

Restricciones de movilidad, mercados que se contraen, precios de abastecimiento mayorista que se disparan, o  compradores sin liquidez, la economía del narcotráfico parece amenazada. Pero su problema real no es una amenaza de sustentabilidad económica, sino de reorganización criminal, que implica daños colaterales, pero que podría tener una salida tenebrosa de la crisis. Organizaciones criminales más complejas y con mayor poder. Así, puede haber muchos muertos –incluso de las fuerzas policiales– junto con la emergencia de unos pocos capos con mejor organización, poder y alcance territorial.

El problema es que la inteligencia político-estratégica del Estado en este tema es igual a cero. Ahí se encuentra, después de veinte o treinta años de venir hablando sobre el tema, empantanada con la ley de inteligencia en el Congreso. No sabe qué hacer con la ANI ni las policías. Y los  parlamentarios o políticos expertos, no pueden distinguir siquiera cuál es la línea que soluciona el problema.

El problema es ir al foco, Alfaro

Los problemas nacen en el enfoque público de la delincuencia. La visión de foco y de acto delictual y no de organización delictual, hace que el problema se perpetúe, porque conduce a insistencias operativas y orgánicas sin inteligencia, pues se busca delincuentes y eficiencia judicial y no desarticulación de organización delictual desplegada en un territorio de manera más o menos densa y arraigada.

El “Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos” (SACFI) del Ministerio Público es un ejemplo de ese enfoque. El año 2016, el Fiscal Nacional encargó un estudio de evaluación del Sistema al Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El Informe Final, conocido en agosto de 2019, demolió el sistema. Definido como “una nueva forma de funcionamiento y organización en la entrega de los servicios de persecución penal”, el análisis concluyó que “un hallazgo del estudio ha sido la falta de alineación de intereses y objetivos entre policías y fiscales” en materia de “análisis criminal y focos investigativos”, y constató que la propia Fiscalía no tiene ninguna coordinación interna en la materia. Para ello, en tres años se gastaron la friolera de 20 mil millones de pesos. Es decir, los principales implicados del Estado actúan descoordinados y a ciegas, y malgastan a destajo los recursos públicos.

En el nivel de base del narcotráfico, que es el foco urgente de hoy, debe analizarse por lo que es: un negocio criminal de alta rentabilidad y bajo riesgo. Y que hoy, producto de lo complejo del escenario, está en plena reorganización en torno a aspectos como la lucha por los territorios, la búsqueda de alianzas y acuerdos de paz entre los caudillos, un cartelización local incipiente y la búsqueda de influencia política y amparo social a través de negocios de fachada.

Los grandes negocios narco tienen su propio afán: sistemas de transporte de tráfico mayorista; lavado de activos, y redes de distribución internacional y eventualmente producción final. Este nivel requiere igualmente ser un target gubernamental, pues también se resienten con la crisis, pero sus problemas y soluciones tienen una dimensión de escala que los transforma en una amenaza de narco Estado y corrupción institucional.

¿Cómo se controla un territorio y se acrece un negocio?

En la lucha por el control territorial, los muertos serán inevitables. La pandemia económica ha generado una estrechez de mercado, y muchos operadores fraccionados en los territorios, debilitan el negocio. El rebusque lucrativo con droga en época de escasez no funciona. No hay locales disco, ni centros de diversión, los guateques informales no pueden funcionar, el fono copete está restringido y los lugares públicos para colocar droga prácticamente no existen. El tema requiere concentrar mercados y operaciones locales y abaratar costos, lo que implica política de desalojo de la competencia. Eso lleva balaceras y muertos, que la policía y la prensa roja identifican como ajuste de cuentas.

En los territorios precarios o de pobreza, un vecino poderoso, con poder de regular la convivencia y paliar las necesidades de alimentos es casi una bendición para los habitantes de la zona. Hoy se vive en gran parte del país la ciudad de la miseria, y el narco entra fácil en los vecindarios con la ayuda en alimentos y la promesa de orden. Pero sobran bandas y soldados y en la crisis la calle se descontrola. Por lo tanto, el redimensionamiento de la fuerza requiere de jefes con ascendiente personal, capacidad de mando para ordenar el territorio sobre la base de la paz y el bienestar. Porque el negocio real fructifica en la prosperidad y el ocio tranquilo de la población y no en el caos. El problema para el Estado es que ese orden proviene de una actividad criminal, asentada en una red clientelar con aceptación social del entorno, y sistemas de punición privados y no de un ejercicio de derechos ciudadanos. Plata o plomo, como dijo brutalmente Pablo Escobar en Colombia, es en esencia el orden social narco.

Los narcofunerales, que se suceden desde hace años, han sido hasta ahora manifestaciones de una cultura vulgar en materia de ostentación de poder social. Pero cuando se transforman en un desafío abierto a las policías y la autoridad, como una demostración de poder e impunidad frente al Estado, la lectura de la población ya es otra. Y eso ha ocurrido en esta época de pandemia sanitaria con fracaso del Estado para conectarse con sus ciudadanos y solucionarle sus problemas. El vecino poderoso se empodera, y es lo que hemos estado observando en estos días.

A partir de ahí, los acuerdos entre bandas no solo son posibles sino necesarios para ellos, y si los alcanzan, logran un upgrade de sus organizaciones criminales frente al Estado, que resulta incluso complejo para el resto de la criminalidad. Esos acuerdos permiten cartelizar el control del territorio, por ejemplo, tráfico de armas o control de otras actividades criminales. Aun siendo menor, el microtráfico tiene una masividad  que genera una enorme liquidez que sirve para controlar o sostener los mercados de otros delitos, por ejemplo, la extorsión a pequeña escala, el robo de vehículos, su desguace y comercialización, el acopio y facilitación de armas ilegales, las falsificaciones de marca, o el bodegaje clandestino de sustancias prohibidas o sometidas a control. También el tráfico de personas u órganos, en su fase primaria.

Esa cartelización permite incluso solucionar problemas de aprovisionamiento mayorista y precios, o la manera de penetrar ordenadamente territorios de la ciudad donde la radicación residencial de la organización narco es más difícil por la segregación social y cultural.

En las actuales circunstancias, no sería raro que, al término de la actual situación de anormalidad institucional y social que se vive, las organizaciones criminales emergieran con mayor control territorial, con mayor organización y con un desafío más global frente al Estado.

Lo anterior se complementa con amparo y fuerza política local, que permita desarrollar actividades de fachada y tener una estructura bien asentada en la economía.

Como negocio, el narco no desea destruir al Estado ni es enemigo del mercado. Simplemente requiere permearlo, hacerlo débil, ocupar sus estructuras con políticos clientelizados por donantes que operan empresas de fachada. Necesita policías amigas, cercanas, que estén dispuestas a dibujar acuerdos sobre los delitos en el territorio, y requieren un amparo y tolerancia de abogados, fiscales, jueces y autoridades que hagan la vista gorda.

El narco Estado empieza en un territorio, generalmente un municipio. Así fue en Colombia y el municipio de Envigado, denominado por las autoridades colombianas en su época como el municipio mejor administrado de Colombia, cerrando los ojos a lo que hacía Pablo Escobar Gaviria allí, que era quien ponía la plata del narcotráfico para que hubiera viviendas y seguro de cesantía. Hasta que todo se transformó en tragedia.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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