Sistema de compras militares: cómo evitar la corrupción

En su réplica a nuestra última columna, Richard Kouyoumdjian sostiene que la decisión de reformar el sistema de compras de armas militares en Chile se debería a razones políticas y que no se justificaba desde el punto de vista “técnico”. Sin embargo, fue el actual Gobierno el que se comprometió a establecer un nuevo sistema de compras militares que garantizara un adecuado control democrático sobre dicho proceso, tal como el proyecto definido por el propio Ejecutivo lo indica. Asimismo, el autor sostiene que la razón política para hacer esta modificación se refería a la necesidad de aprobar en el Congreso el proyecto que modificaba la Ley del Cobre y a “algunos problemas del pasado”, dado que existía “la sensación que las compras militares requerían de más transparencia y control”.

Convendría advertir que no estamos hablando de “algunos problemas” o de “sensaciones” o incomodidades que circulaban en el ambiente. Lo que se enfrentaba en el sector militar es una total falta de control en la materia, que se traduciría en sistemáticos casos de corrupción, como fueron –y solo a modo de ejemplo– los “pinocheques” (1987-91), tráfico de armas a Croacia (1991), contrabando de pertrechos en la FACH (1997), la detección por parte de la Contraloría General de la República de sobreprecios en compras de la Armada (2016) y el caso conocido como “milicogate”, que abarcó más de una década de actos de corrupción en el Ejército (2005-2015) y que incluye actos de fraude y desviación de fondos públicos.

[cita tipo=»destaque»]Lo reiteramos de nuevo, pensamos que un modelo adecuado es uno que distinga entre las instituciones que establecen las políticas (Ministerio de Defensa), aquellas que formulan las necesidades (FF.AA.), y aquella que gestiona el proceso de compra (Agencia de Compra Militar como instancia descentralizada dependiente del Ministerio de Defensa). La debilidad de cualquier sistema de compras militares es cuando la misma unidad define la necesidad, escribe el contrato y establece el vínculo con proveedores. Ese es el caso actual, eso es lo que propone Kouyoumdjian, lo que lamentablemente coincide con el proyecto presentado por el Gobierno. Eso es un gatopardo.[/cita]

La comisión especial de la Cámara de Diputados (2016) aprobó en forma unánime un informe que asignó responsabilidades a la Contraloría, autoridades militares y del Ministerio de Defensa de no propiciar una adecuada fiscalización de recursos, indicando, entre otros puntos, que “nuestro principal reproche va para los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (del Ejército), que es la repartición que maneja y administra los fondos de la ley reservada para la adquisición y mantención del potencial bélico” (01/09/2016).

Un nuevo informe de la Cámara de Diputados (2018) reiteró la necesidad de hacer reformas legales para garantizar el adecuado control y transparencia en los procesos de compras de armas de las fuerzas armadas y a modernizar normas que se encontraban totalmente obsoletas. Por lo mismo, no nos referimos aquí a “sensaciones” o a “problemas”. Por el contrario, nos referimos a graves y concretas situaciones de corrupción, extendidas en el tiempo y que requieren una modificación sustantiva en los procedimientos de adquisición de material bélico.

El autor se inclina por un sistema que favorezca la eficiencia, simpleza y agilidad y que evite los procesos burocráticos que “solo agregan colesterol al sistema”. Es partidario, eso sí, de incluir controles y auditorías independientes durante todo el proceso. Además, agrega que las compras militares por su complejidad técnica requieren ser administradas por aquellas unidades especializadas que saben del tema, es decir, las propias Fuerzas Armadas: “Nada mejor que sean las mismas instituciones las que definan qué necesitan”. Es decir, sugiere mantener el sistema tal cual está establecido hoy, administrado por las instituciones militares, agregando algunos controles y auditorías.

En la misma línea, critica nuestra propuesta de establecer una agencia de compras independiente de las FF.AA., porque aumentaría la burocracia, incrementaría el costo de las compras militares y se reduciría la experticia técnica, dado que “no existe un pool de talentos civiles especialistas en compras de sistemas de armas en Chile”.

Pero Kouyuomdjian no realiza una adecuada interpretación de nuestra propuesta, que gratuitamente la califica como “política”.

Primero, jamás hemos sugerido eliminar que las FF.AA. definan sus necesidades. Por el contrario, señalamos explícitamente que ese rol le seguirá correspondiendo a ellas. Segundo, no hemos indicado que la Agencia de Compras Militares esté integrada exclusivamente por civiles o que sea de carácter político. De hecho, perfectamente podría incluir a exuniformados especialistas en sistemas de armas y, más aún, debe ser eminentemente técnica. Tercero, consideramos fundamental desarrollar una profesionalización de civiles para atender este sector. Cuarto, no hemos indicado que la Agencia de Compras Militares vaya a definir las necesidades de las instituciones castrenses, lo que se propone es que reciba las necesidades técnicas de las FF.AA. y, a partir de allí, gestionar el vínculo con los proveedores, generar las licitaciones y definir los contratos en coordinación con las autoridades del sector.

Lo reiteramos de nuevo, pensamos que un modelo adecuado es uno que distinga entre las instituciones que establecen las políticas (Ministerio de Defensa), aquellas que formulan las necesidades (FF.AA.), y aquella que gestiona el proceso de compra (Agencia de Compra Militar como instancia descentralizada dependiente del Ministerio de Defensa). La debilidad de cualquier sistema de compras militares es cuando la misma unidad define la necesidad, escribe el contrato y establece el vínculo con proveedores. Ese es el caso actual, eso es lo que propone Kouyoumdjian, lo que lamentablemente coincide con el proyecto presentado por el Gobierno. Eso es un gatopardo.

¿Aumentaría la burocracia y costos finales un modelo como el propuesto? Desde luego que sí. No obstante, el costo será marginal en relación con los beneficios de tener procesos que reducirán significativamente la corrupción, la que, finalmente, también cuesta millones al erario nacional. A lo que apuntamos en nuestra propuesta es a generar un sistema que reduzca al mínimo las vulnerabilidades evidentes que se advierten en el actual sistema de compras militares y que han derivado en bullados casos de corrupción. Apuntamos a un sistema eficiente, bien controlado, con un gobierno corporativo profesional, pero que minimice las posibilidades de corrupción.