MERCADOS|OPINIÓN
Que el Ejecutivo se compre y patrocine la idea, sin más, solo da cuenta de que en Teatinos 120 algo viene sucediendo desde el 18 de octubre pasado. No sabría decirlo, pero los vientos que soplan a partir de entonces en el diseño de las políticas públicas en el Ministerio de Hacienda, no provienen precisamente desde una escuela de pensamiento de Hayek, sino más bien de Keynes. El tiempo y los resultados juzgarán esta decisión.
“Esta propuesta introduce una debilidad innecesaria y aumenta el riesgo de ‘argentinización’, porque abre una puerta muy peligrosa para los ciudadanos: la del populismo monetario confiscatorio” (Daniel Lacalle).
Que miembros de la comisión de Hacienda del Senado apoyen la idea de permitir al Banco Central comprar bonos públicos en el mercado secundario, no debe sorprendernos, pero que sea el propio Consejo del ente emisor –por unanimidad, según se ha afirmado– el que lo promueva, nos debería dejar a lo menos perplejos y atónitos para quienes creemos en la autonomía del instituto emisor y en las bondades de nuestra institucionalidad económica.
Ahora bien, que el Ejecutivo se compre y patrocine la idea, sin más, solo da cuenta de que en Teatinos 120 algo viene sucediendo desde el 18 de octubre pasado. No sabría decirlo, pero los vientos que soplan a partir de entonces en el diseño de las políticas públicas en el Ministerio de Hacienda, no provienen precisamente desde una escuela de pensamiento de Hayek, sino más bien de Keynes. El tiempo y los resultados juzgarán esta decisión.
[cita tipo=»destaque»]Debemos ser conscientes que, en nuestro país, lo excepcional o transitorio no existe y que todo se transforma en regla general o permanente. Ahora que el Gobierno empieza a incrementar fuertemente el gasto público, no es precisamente el mejor momento de ponerle más alcohol a la fiesta. No vaya ser que, por abrir la puerta de la cava del Banco Central, terminemos con un coma etílico agudo, de cuya resaca y efectos nocivos podría tomarnos muchos años recuperarnos. Y, en ese momento, estaremos reclamando por el expansionismo del gasto público de Keynes y lamentando, tardíamente por cierto y como buen borracho, haber tomado una decisión incorrecta sobre el ente emisor.[/cita]
El principal aspecto económico en discusión con esta propuesta es el valor de la autonomía del Banco Central. Esta autonomía establecida en la Constitución de 1980 se expresa, en la práctica, en que el instituto emisor tiene prohibido financiar el gasto público con emisión de dinero, así como también en aspectos operacionales y presupuestarios de esa entidad, aunque estos temas no están en discusión por el momento.
La autonomía del Banco Central se implementó en nuestro país a fines de la década de 1980 (en octubre de 1989 se publicó la ley que rige su funcionamiento) y fue esencial para el proceso de reducción de la inflación que experimentó nuestro país desde inicios de la década de 1990. En efecto, dado que la inflación es eminentemente un fenómeno monetario, la emisión de dinero para financiar déficits fiscales es la principal razón detrás de tasas de inflación altas y persistentes que se observan en distintos países. Un buen ejemplo de esto es el caso de Argentina.
Una inflación alta y volátil genera altos costos para la sociedad, especialmente para la población más vulnerable, que tiene menos protección ante alzas de precios y, además, gasta la mayor parte de sus ingresos, ya que no tiene capacidad de ahorrar y, por lo tanto, sufre todo el impacto del alza.
El éxito que hemos tenido como país en esta dimensión no debe ponerse en riesgo. Como plantean los economistas y exministros Céspedes y Valdés (2006), en la medida que el Banco Central sea independiente de las necesidades de financiamiento del Gobierno, se eliminará el sesgo inflacionario atribuible al financiamiento de un déficit público recurrente.
Si bien la idea que se ha planteado, hasta ahora, bajo los dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso para dotar al Banco Central con esta nueva atribución, apunta a un financiamiento del gasto público en “circunstancias excepcionales”, la apertura de este debate genera riesgos, como hemos podido observar durante su tramitación legislativa. Un senador de oposición no solo fue partidario de extender estas atribuciones, permitiendo un financiamiento directo del Banco Central al fisco, sino que, además, se dio el lujo de adelantar que la autonomía del ente emisor será abordada y cuestionada irremediablemente durante el proceso de discusión de una nueva Constitución. La intención de terminar con la independencia del instituto emisor ya está anunciada, mientras que el resultado del proceso constitucional es incierto. Bien sabemos, además, que con un Gobierno populista e irresponsable, junto con un Parlamento de similares características, la tentación de echar a andar la retroexcavadora sobre el Banco Central es alta.
Adicionalmente, si bien la opción de permitir al Banco Central comprar bonos del Gobierno en el mercado secundario puede ser una buena medida desde el punto de vista de la estabilidad financiera, también tiene el riesgo de convertirse en una medida que se use indirectamente para monetizar los déficit fiscales, si no se cuenta con los resguardos adecuados, lo que es precisamente lo que sucede en este caso, donde Estos son insuficientes. O, simplemente, ser el primer paso para un posterior financiamiento más amplio de los déficitS fiscales con emisión de dinero.
Un argumento que se suele oír es que los bancos centrales de países desarrollados –y nosotros no lo somos– tienen la posibilidad de comprar bonos de Gobierno en el mercado secundario, lo cual les permite implementar medidas de relajamiento cuantitativo, es decir, comprar deuda para reducir las tasas de interés a distintos plazos, más allá del alcance de la tasa de política monetaria. Sin embargo, omiten mencionar que no todos los bancos centrales lo permiten, como es el caso del Bundesbank, o que la mayoría de ellos llevan varias décadas de autonomía y estabilidad institucional. Pero no es el caso de Chile y de su Banco Central, donde, con tan solo 30 años de autonomía, ya la consideramos como una situación consolidada, sin serlo. Estamos notificados de que hay sectores que prefieren verla eliminada o debilitada.
Por otro lado, si el Gobierno emite deuda en t, la compra el sector privado en t+1 y, luego, el Banco Central la adquiere en t+2, en realidad no es muy distinto a un financiamiento directo del déficit, excepto porque no se produce la transacción directa entre el Gobierno y el instituto emisor, pero los efectos monetarios e inflacionarios son muy similares. Por otra parte, la comparación directa con la experiencia de países desarrollados es discutible, como hemos señalado, toda vez que la historia de baja inflación de nuestro país es relativamente breve (apenas 30 años versus más de 70 años), por lo que no se puede garantizar que sea un proceso consolidado, como sí lo es en esos países. A inicios de la década de 1990, la inflación en Chile fluctuaba entre 25% y 30%.
Otro argumento muy potente para no permitir esta opción es que el Gobierno tiene otras fuentes alternativas de financiamiento disponibles. El buen comportamiento fiscal de nuestro país en las últimas décadas permite financiar un mayor gasto público en caso de ser necesario, con otras opciones, distintas de la emisión de dinero y, por lo tanto, no poner en riesgo la autonomía del Banco Central ni la estabilidad de precios. Estas opciones incluyen la emisión de deuda, el uso de activos y las reasignaciones o subejecución del gasto público. Si bien la deuda pública tiene un costo mayor en esta coyuntura, el acceso a los mercados no se ha cerrado y, en cualquier caso, este potencial mayor costo de endeudamiento debe ser contrastado con el costo potencial de poner en riesgo la autonomía del Banco Central y retroceder en los avances logrados en materia de estabilidad de precios en las últimas tres décadas.
El golpe que puede significar la aprobación de esta propuesta, puede ser de graves consecuencias para la independencia del Banco Central y para nuestra estabilidad y seriedad institucional, lo que inevitablemente no pasará inadvertido para los clasificadores de riesgo. El riesgo de abrir una puerta así, es que la experiencia indica que nunca se vuelve a cerrar. Y bien sabemos que hay muchos políticos irresponsables y populistas que, aprovechándose de las circunstancias y del autogolpe del propio Banco Central y Ejecutivo, quieren abrirla de par en par, dando pie para un progresivo debilitamiento de su autonomía.
Debemos ser conscientes que, en nuestro país, lo excepcional o transitorio no existe y que todo se transforma en regla general o permanente. Ahora que el Gobierno empieza a incrementar fuertemente el gasto público, no es precisamente el mejor momento de ponerle más alcohol a la fiesta. No vaya ser que, por abrir la puerta de la cava del Banco Central, terminemos con un coma etílico agudo, de cuya resaca y efectos nocivos podría tomarnos muchos años recuperarnos. Y, en ese momento, estaremos reclamando por el expansionismo del gasto público de Keynes y lamentando, tardíamente por cierto y como buen borracho, haber tomado una decisión incorrecta sobre el ente emisor.
