La sordera política gubernamental

Muchas son las lecturas que permite la sonada derrota política del Gobierno en la Cámara de Diputados esta semana, luego que esta aprobara el proyecto de ley que permite el retiro voluntario de hasta el 10% de los fondos previsionales.

La más evidente es que se intensificó la crisis política interna de la coalición de Gobierno. La aprobación contó con el voto favorable de 13 parlamentarios oficialistas –5 de la UDI y 8 de Renovación Nacional, que permitieron el alto quórum exigido de 93 votos–, pese a las fuertes presiones que recibieron de sus partidos y del propio Ejecutivo. A estos 13, hay que agregar los 21 diputados aliancistas que se abstuvieron en clara señal de distancia con el planteamiento gubernamental de rechazar a todo evento.

Al fracasar las intensas gestiones del Gobierno para ordenar su bloque parlamentario, quedó en evidencia su debilidad para manejar y corregir las disidencias internas del bloque oficialista. E incluso para imantar el imaginario doctrinario de todo el sector, pues hasta personeros como el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), salieron a criticar el paquete económico para la clase media con que La Moneda trató de bloquear la votación favorable al proyecto.

[cita tipo=»destaque»]La rigidez y el dramatismo del Gobierno transformaron un problema grave pero puntual –la liquidez monetaria y el apoyo directo a sectores de la clase media– en un asedio global al modelo y en el símbolo de la mala economía. Si bien grave, el problema estaba lejos de ser una crisis global. Ahora, constituye un símbolo de la mala economía para las mayorías ciudadanas, incluso para aquellos que no cotizan en las AFP, y adquirió una fuerza política que La Moneda debería considerar y que fue provocada por su posición tecnocrática y una mala apreciación de lo que los ciudadanos están sintiendo.[/cita]

Esta situación de debilidad política y la anemia institucional que el Gobierno muestra, puede convertirse en un problema mayor a corto plazo. Y hay que tener cuidado, porque los gobiernos débiles experimentan la tentación autoritaria, y no sería raro que el empecinamiento institucional de Sebastián Piñera, unido a su sordera política, lo proyecte a posiciones más duras frente a sus adversarios. No se debe descartar la posibilidad de una desorientación extrema.

La vocería gubernamental de los ministros del Interior y de Hacienda, tanto en el Congreso Nacional y luego ante la prensa, generaron la impresión de tener sobre sus hombros una presión mayor a la de una mera derrota política. Su irritación evidente e incluso descontrol, al deslizar la posibilidad de una crisis institucional a partir de lo hecho por la Cámara de Diputados, se percibió como una amenaza. Luego, el ministro del Interior hizo mención al Tribunal Constitucional como instancia posible, lo que reforzó la idea de que el Gobierno no estaría dispuesto a flexibilizar su postura ni a buscar puntos de acuerdo en el Senado. Por el contrario, estaría decidido a llevar el tema hasta la última instancia con el fin de doblegar al Congreso, sin consideración alguna sobre lo que opina la mayoría de la ciudadanía ni, menos, atender a la profundidad simbólica y emotiva que ha adquirido el tema, precisamente por su propia impericia política.

Fue la calle, por decirlo de una manera simple, la que puso el impulso y la fuerza política para que el Gobierno experimentara la derrota. En política, la comprensión y solución simple y directa de los problemas en tiempo real siempre será más potente que un magnífico argumento académico sobre imprecisos eventos futuros. Por lo tanto, el denominado paquete clase media siempre estuvo condenado al fracaso, al menos en su Cámara de origen. Y fue el propio Ejecutivo el que se ubicó en una posición prácticamente insostenible, al poner un tono dramático a su vocería, que le dificulta retroceder a una posición negociadora.

Con todo, el tema es una noticia en desarrollo y, según se puede percibir, el Gobierno hará todo lo posible para intentar revertir su actual posición perdedora. Y en esto puede haber un nuevo error de política, que ponga más incertidumbre y la sombra de manifestaciones y violencia social.

La rigidez y el dramatismo del Gobierno transformaron un problema grave pero puntual –la liquidez monetaria y el apoyo directo a sectores de la clase media– en un asedio global al modelo y en el símbolo de la mala economía. Si bien grave, el problema estaba lejos de ser una crisis global. Ahora, constituye un símbolo de la mala economía para las mayorías ciudadanas, incluso para aquellos que no cotizan en las AFP, y adquirió una fuerza política que La Moneda debería considerar y que fue provocada por su posición tecnocrática y una mala apreciación de lo que los ciudadanos están sintiendo.

La mayoría del bloque oficialista, también, desacreditó su argumento constitucional y jurídico en torno al papel del Congreso como escenario institucional de una nueva Constitución. Ahora, con el Presidente a la cabeza, no acepta el procedimiento de una mayoría legalmente constituida en el Congreso, ni el debate y decisión legítima de un cambio constitucional para el manejo de los fondos previsionales, en medio de un Estado de Catástrofe. Insinúan una crisis sistémica y argumentan la ilegalidad de lo que hace el Parlamento, pese a que este ha respetado todas las reglas y quórum necesarios para la reforma constitucional en trámite.

De seguro, que en los debates durante el proceso constituyente van a defender, también allí, la intangibilidad de los fondos de pensión, idea que al parecer trasciende el tiempo político en la derecha y se ha transformado en creencia religiosa.