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La constitucionalidad de la reforma de retiro de fondos

por 20 julio, 2020

La constitucionalidad de la reforma de retiro de fondos
De un total de 43 senadores, se requieren 26 y ya hay 28 a favor. En consecuencia, se repite lo sucedido en la Cámara de Diputados y se configura una correlación de fuerzas que consigue salvar la barrera del alto quórum constitucional. Esto ha tenido como efecto reflejo el recrudecimiento del tono amenazante del discurso pro AFP, tanto en ministros, exministros y personeros. Con ese tono soberbio, uno de sus últimos recursos –plagados de una retórica apocalíptica– ha sido asilarse en la idea que la materialización de la reforma constitucional sería un “resquicio” que pondría en cuestión uno de los “pilares” de la institucionalidad, cual sería el propio sistema de las AFP. Algo que responde a la respuesta fuera de control de quienes pretenden mantener un orden social y económico injusto a cualquier precio.
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Ante la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP por sus legítimos dueños, los cotizantes que con su trabajo lograron reunir esos recursos, se ha generado una reacción destemplada tanto desde el Gobierno como del sector financiero y ultraconservador de la derecha, que recurren a cualquier excusa, argumento o amenaza con el fin de impedir la tramitación en su fase final en el Senado de este proyecto de ley que modifica la Constitución Política del Estado.

Sin embargo, con ello no han podido frenar el proceso legislativo. La oposición ha logrado comprometer sus 24 votos y en las filas oficialistas se ha roto el cerco de hierro que el gobernante intentó establecer y cuatro de sus 19 senadores han anticipado su respaldo a la iniciativa, con lo que se logra el quórum de 3/5 exigido para su aprobación. En concreto, de un total de 43 legisladores se requieren 26 y ya hay 28 a favor. En consecuencia, se repite lo sucedido en la Cámara de Diputados y se configura una correlación de fuerzas que consigue salvar la barrera del alto quórum constitucional.

Pinochet cedió muy poco: la derogación del artículo 8° de la Constitución que establecía la exclusión de las fuerzas de izquierda. Pero se mantuvo la inamovilidad de los comandantes en Jefe, lo que más le interesaba, los senadores designados y vitalicios, como los elevados quórum de reforma de la Constitución. Es decir, ni siquiera a Pinochet se le ocurrió decir que alcanzados los quórum exigidos, toda propuesta de reforma constitucional era válida.

Esto ha tenido como efecto reflejo el recrudecimiento del tono amenazante del discurso pro AFP, tanto en ministros, exministros y personeros que se arrogan una palabra incontestable. Con ese tono soberbio, uno de sus últimos recursos –plagados de una retórica apocalíptica– ha sido asilarse en la idea que la materialización de la reforma constitucional sería un “resquicio” que pondría en cuestión uno de los “pilares” de la institucionalidad, cuál sería el propio sistema de las AFP.

Esta pretensión de la Constitución del 80 como un texto inmodificable a perpetuidad viene de Pinochet y su plan de eternizarse, igual que Francisco Franco, el genocida dictador español que logró morir protegido por la impunidad del poder. Fue también el proyecto ideológico de Jaime Guzmán hasta 1990, la imposición dictatorial de un modelo de sociedad, pero el triunfo del NO el 5 de octubre de 1988 y la derrota presidencial de Hernán Büchi en diciembre de 1989, le obligaron a una retirada estratégica parapetado en los elevados quórum para las reformas constitucionales.

En efecto, Pinochet comenzó su repliegue apenas concluyó la épica jornada del plebiscito entre el SÍ y el NO. Esa noche postergó el reconocimiento del triunfo democrático y popular, a la espera que algún hecho imprevisto e inesperado le permitiera desconocer el resultado que le obligaba a la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias, como a la entrega del poder en un mediano plazo. Ese hecho no se produjo y en esas horas decisivas, los comandantes en Jefe de la Fach y de Carabineros decidieron aceptar la victoria de la amplia mayoría agrupada en el NO, también lo hizo el presidente del principal partido de la derecha, Sergio Onofre Jarpa.

Cuando Pinochet reunió a la Junta de Comandantes en Jefe en las primeras horas del día 6 de octubre, la suerte ya estaba echada. Pidió declarar el Estado de Sitio y lo rechazaron, ahí mordió el polvo de la derrota y tuvo que resignarse a que el subsecretario, Alberto Cardemil, entregara el cómputo tantas horas demorado. Chile se salvó de una masacre espantosa.

Con el apoyo de la UDI, Pinochet se refugió en los enclaves autoritarios. Sin embargo, no estaba en condiciones de paralizar el proceso iniciado por el triunfo del NO. Por eso, debió autorizar a su ministro del Interior, Carlos Cáceres, a una negociación con el vocero de la entonces Concertación, Patricio Aylwin, con vistas a un segundo plebiscito que posibilitara la instalación de un gobierno civil en el país.

Pinochet cedió muy poco: la derogación del artículo 8° de la Constitución que establecía la exclusión de las fuerzas de izquierda. Pero se mantuvo la inamovilidad de los comandantes en Jefe, lo que más le interesaba, los senadores designados y vitalicios, como los elevados quórum de reforma de la Constitución. Es decir, ni siquiera a Pinochet se le ocurrió desconocer que alcanzados los quórum exigidos, toda propuesta de reforma constitucional era válida.

De modo que el argumento que reformar la Constitución es un resquicio, no pertenece sino que a la respuesta fuera de control de quienes pretenden mantener un orden social y económico injusto a cualquier precio.

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