Opinión
Mientras la brecha salarial siga siendo tan grande, no habrá sistema que logre sustentar pensiones dignas: esto es básico, es el pilar fundamental de cualquier sistema de pensión. Nuestros gobernantes deben ser capaces de crear incentivos reales en la economía para reducir una brecha donde el ingreso por trabajo promedio del 10% de los hogares de mayores ingresos es más de 15 veces superior que el 10% de menos ingresos.
Esta semana fuimos testigos de un debate con calificativos desafortunados, abusando de verdades parciales y alarmas de catástrofe, para imponer posturas sin el rigor que merecía el propósito: ayudar a los chilenos.
Pero si hay algo que rescatar de todo esto, además del alivio evidente por el retiro del 10% desde las AFP, es haber evidenciado nuevamente el problema de la seguridad social en Chile. Las pensiones que pagan las administradoras de fondos y compañías de seguros son bajas y no permiten una vejez digna: solo el 8,1% de los chilenos recibe pensiones superiores a $344.000.
El actual sistema fue diseñado para que, por ejemplo, todo trabajador con sueldo promedio mensual de $600.000 y aporte de $54.000 a su fondo de pensión, después de 40 años recibiría una pensión levemente superior a $410.000 mensual –calculado con moneda equivalente al día de hoy–. Esto suponía una tasa de rentabilidad real anual promedio de 5,0% y que “todos” los trabajadores cotizaban para su fondo de pensión, como también que la inyección de recursos financieros al mercado de capitales sería una fuente de financiamiento para el desarrollo de empresas y el Estado, resultando en mejores salarios para los chilenos. ¿Qué falló entonces?
Despejando las variables de ese modelo, en primer lugar la rentabilidad obtenida por los fondos de pensión superó la expectativa del 5,0% inicial y no hay objeción al respecto. Pero, lamentablemente, no podemos decir lo mismo de las otras dos variables: nivel de cotizaciones y salarios.
Respecto de las cotizaciones, incluso hoy, el promedio de personas ocupadas que cotizan en cualquier sistema de previsión social alcanza solo al 70%, siendo más crítico en el sector de menores ingresos, donde la tasa de cotización difícilmente supera el 50%. A menores ingresos, menos personas cotizan y años atrás la situación fue aún más precaria.
La evolución de las remuneraciones fue incluso peor, donde el sueldo mínimo fue creciendo desde junio de 1990 a $ 140.298, en moneda equivalente al día de hoy, hasta $320.500 en la actualidad, con más de la mitad ganando menos de $500.000 mensuales.
El sistema actual fue diseñado para un país donde “todos” aportan a un fondo para su vejez y además reciben una remuneración que permite sostener las necesidades del grupo familiar: nada de eso ocurrió. Aunque lo fundamental estaba en el nivel de ingresos o salarios, siendo razonable asumir que, a menores ingresos, hubo menor disponibilidad para cotizar en los sistemas de previsión social.
Mientras la brecha salarial siga siendo tan grande, no habrá sistema que logre sustentar pensiones dignas: esto es básico, es el pilar fundamental de cualquier sistema de pensión. Nuestros gobernantes deben ser capaces de crear incentivos reales en la economía para reducir una brecha donde el ingreso por trabajo promedio del 10% de los hogares de mayores ingresos es más de 15 veces superior que el 10% de menos ingresos.
Y aquí estamos, buscando la solución a un problema social de gran magnitud que debemos resolver con urgencia y pragmatismo. Esto implica aprovechar la experiencia y lo bueno de lo que tenemos, con correcciones al actual sistema y también un componente de solidaridad. Debemos evitar propuestas cargadas de ideología o creencias que finalmente solo nos alejarán de la mejor solución para todos, donde también los empleadores deben contribuir sustancialmente a dicha solución.
