Opinión
La presencia en el último gabinete de dos “duros de matar”, como lo son los hasta hace poco senadores Víctor Pérez, el “amigo de colonia Dignidad” y renuente como parlamentario a cualquier reforma social, y Andrés Allamand, quien luego de su “travesía por el desierto” volvió a ser el mismo personaje de su libro “No virar Izquierda”, ha dado rienda suelta a los extremistas de derecha para alzar la voz y salir del clóset, como se puede observar no solo en La Araucanía sino también en redes sociales, donde diversos personajes de extrema derecha llaman abiertamente a la sedición. Las fuerzas políticas democráticas no debieran dejarse provocar y debieran unirse para impedir que la oligarquía tradicional repita la misma historia de siempre: la resolución autoritaria de las crisis en su directo beneficio.
Hace apenas una semana hubo cambio de gabinete en un Gobierno que hace agua por todos lados. La prensa, y parte de la opinión pública, leyó que el nuevo elenco gubernamental era “el gabinete del Rechazo” para el próximo plebiscito, una especie de arrinconamiento del sector con su electorado duro. Algunos analistas más finos interpretaron que se trata del gabinete de “la tentación autoritaria”, dado el carácter de sus principales figuras.
En el texto de Gabriel Salazar la Construcción de Estado en Chile (1800-1837), se muestra que durante el último cuarto del siglo XVIII la elite mercantil chilena prefirió priorizar los puestos administrativos y políticos de la Colonia antes que distraerse gastando grandes sumas de dinero en ‘vincular’ sus patrimonios –mayorazgos– o en comprar títulos de nobleza. El propio Manuel de Salas, que fuera alto funcionario del Tribunal del Consulado (Cámara de Comercio de los grandes mercaderes) recomendaba a sus amigos en 1774 que trataran de obtener cargos en la contaduría Mayor, en la Superintendencia de Moneda, en la Superintendencia de Aduanas o en la dirección del estanco del tabaco, más que comprar a grandes costos “títulos imperiales”.
Lo importante en ese sentido era el tráfico de influencias de los que se beneficiarían los protagonistas al obtener esas prebendas. Una monarquía venida a menos, que decide vender al mejor postor los cargos públicos en la América hispana, sería el antecedente, según el historiador norteamericano Peter Klaren, de la hasta hoy alta corrupción en los aparatos públicos del continente.
Volviendo a nuestra incipiente oligarquía, el Premio Nacional de Historia señala que otro caso ejemplar es el de la familia Portales, de la que, proviniendo de Oidores de la Real Audiencia (el bisabuelo de Diego Portales) y de cargos en la administración pública usados en provecho propio, emergió un mercader fracasado pero que terminó siendo, según la historiografía tradicional, un gran constructor del Estado, cuando en realidad representó un maridaje perfecto entre oligarquías y cargos en la administración pública que conformaron un Estado autoritario parido de un golpe de Estado.
El maridaje entre funcionarios públicos de alto rango y mercaderes estaba listo antes del proceso independentista, vía compra de cargos en la administración pública, y fue esa unión la que dio origen al Estado oligárquico y brutal del siglo XIX, cuyas consecuencias pagamos hasta el día de hoy. El actuar del diputado Diego Schalper, como funcionario en comisión de servicio de las AFP en el Congreso, ofreciendo cargos a diestra y siniestra para neutralizar el apoyo al 10% entre algunos legisladores de derecha, es bastante parecido a la compra de parlamentarios chilenos por el empresario minero inglés John North en el siglo XIX.
La manera en que la oligarquía económica empleó para beneficio propio el incipiente Estado nacional quedó a la vista no solo en temas como la ampliación del ferrocarril y la inconvertibilidad de la moneda, por ejemplo, sino también en el despojo brutal de los territorios mapuche.
Al respecto un protagonista de ese proceso, José Miguel Varela, jefe de la Comisión Repartidora de Tierras designada por el Presidente Balmaceda, cuyas andanzas están relatadas en el best seller Un veterano de tres guerras, ilustra muy bien el comportamiento de la oligarquía local y pone de manifiesto el conflicto que sacude a La Araucanía hasta el día de hoy. En ese texto, Varela relata lo que él llamó eufemísticamente “la repartija de tierras”, dada “la serie de irregularidades que encontraba”, y describe cómo las familias potentadas, como los Jarpa, Benavente, De La Maza, Bunster, Angüita, McKay, Lavanderos, Subercaseaux y Romero se apropiaban ilegalmente de muchas propiedades, concentrándolas en latifundios y grandes haciendas cuya ilegalidad publicó el diario El Ferrocarril.
Una carta de apoyo del Presidente Balmaceda no fue suficiente para que a Varela lo despojarán de la casa habitación que arrendaba. En días posteriores fue “asaltado por un piquete de sujetos con rostros cubiertos y armados de carabina”, quienes intentaron asesinarlo a él y sus subalternos, los no eran sino secuaces enviados por los hacendados cuestionados por el reportaje de El Ferrocarril. Por presión luego de la familia Bunster, fue desalojado de la casa habitación que arrendaba en Angol y le fue prohibido el ingreso al Club Social de la comuna.
El mismo Varela reconoce que su segundo “gran pecado” fue entregar tierra de buena calidad en la siguiente repartición al lonco Domingo Coñepuán y sus allegados, los que habían tenido una actitud respetuosa hacia la autoridad.
Aquello que el encargado de “la repartija” vio como una forma de detener y “contrarrestar el latifundio que trataban de imponer con artimañas los colonos chilenos y algunos extranjeros”, significó que una turba de ellos fuesen a presionarlo a su oficina, amenazándolo con que aquello le “costaría la cabeza”, ya que estaba ‘favoreciendo’ a “un puñado de indios flojos, borrachos y asesinos en perjuicio de agricultores pujantes y honrados”, como ha sido el relato oficial transmitido de generación en generación.
Varela les explicó que el procedimiento de repartición se había ajustado a derecho, ya que lo primero que correspondía era asignar, como lo indicaba la ley, los terrenos a los mapuche. Al exhibirles el documento oficial que respaldaba tal decisión, uno de los asistentes rompió el papel, mientras el resto se puso de pie lanzando sobre Varela improperios y frases como “esto es lo último que harás”.
Efectivamente, con posterioridad Varela abandonó el Ejército y en mayo de 1890 fue convocado por el Presidente Balmaceda a La Moneda, oportunidad en que el Mandatario le agradeció su gestión y le explicó que “esa arrinconada permanente que los grupos de terratenientes le hacen a usted, me la están haciendo a mí desde el día en que asumí”. Luego, el Presidente profundizó y le señaló a Varela que a una parte de la oligarquía “le molesta profundamente que esté aprovechando este momento histórico de Chile por las grandes riquezas generadas por el salitre, para engrandecer a Chile. A ellos les gustaría que se hiciera más poderosos a los mismos de siempre y no les faltan pretextos para criticarme y atacarme de la forma más fiera y baja que a usted se le pueda ocurrir”.
El Presidente Balmaceda, escuetamente, le manifestó que “esos ambiciosos nunca lo van a dejar tranquilo y no van a quedar satisfechos hasta que le saquen los ojos”. Como sabemos, la guerra civil se inició a comienzos de 1891 y concluyó con el Mandatario suicidándose en la legación argentina, como una forma de impedir que los vencedores se ensañaran con su familia y sus partidarios.
Así como en 1830, 1851 y 1858, la oligarquía dominante no tuvo ningún problema, en aquella ocasión con el apoyo del capital inglés, en hacer trizas el feble régimen democrático chileno, en dejar un saldo de 10 mil muertos y en dividir a un país por décadas.
Cuando en 1991 se conmemoraba el centenario de tamaña tragedia, todavía se podían oler los estertores y últimos alientos de la disputa que aún no cesa por el sentido de ese holocausto local. Los mismos que amenazaron e hicieron caer a Freire en 1823, que luego, mediante argucias y triquiñuelas destruyeron el régimen liberal de 1830 en el intento por buscar una institucionalidad moderna para Chile, repitieron el ejercicio en 1891. Lo volverían a hacer en reiteradas ocasiones durante el siglo XX, con menos éxito, hasta el brutal golpe de Estado de 1973, que en esencia fue una restauración oligárquica en toda la línea.
Cualquier similitud con la situación ocurrida el fin de semana pasado en esa misma zona es mera coincidencia.
El complejo escenario político actual –de crisis política, social e institucional y una pésima gestión gubernamental de la pandemia– tiene a la administración, que representa a las oligarquías de siempre, en la misma encrucijada y con la tentación de repetir, como el asesino en serie, la misma conducta ya observada.
La presencia en el último gabinete de dos “duros de matar”, como lo son los hasta hace poco senadores Víctor Pérez, el “amigo de colonia Dignidad” y renuente como parlamentario a cualquier reforma social, y Andrés Allamand, quien luego de su “travesía por el desierto” volvió a ser el mismo personaje de su libro No virar Izquierda (como adolescente se enorgullecía de haber participado en el brutal ataque a un camionero pro Unidad Popular junto a una turba de conspiradores), ha dado rienda suelta a los extremistas de derecha para alzar la voz y salir del clóset, como se puede observar no solo en La Araucanía sino en redes sociales, donde diversos personajes de extrema derecha llaman abiertamente a la sedición.
El gabinete del rechazo comenzó por incendiar La Araucanía. Se vienen tiempos difíciles. El propio Aucán Huilcamán ha llamado a no responder las agresiones y contestarlas por la vía política diplomática.
Una inmensa mayoría de chilenos y chilenas debemos impedir que la historia se repita, cuando estamos ad portas de redefinir un nuevo pacto económico, político y social a partir de octubre.
Las fuerzas políticas democráticas no debieran dejarse provocar y debieran unirse para impedir que la oligarquía tradicional repita la misma historia de siempre: la resolución autoritaria de las crisis en su directo beneficio.
