Opinión
Debemos contribuir a prestigiar la política y las instituciones democráticas como los partidos y el Parlamento, cuyo prestigio está por el suelo. Es demasiado lo que está en juego. En medio de la pandemia y con el trasfondo del estallido social de octubre, más los efectos de ambos, hay que salir de la trinchera, de la pequeña escaramuza, de los codazos, el insulto, la descalificación y la intolerancia que es el pan de todos los días en Chile y en el mundo. Estamos obligados a actuar con grandeza. Solo de esta manera la Democracia Cristiana estará a la altura que exige el complejo presente y los desafíos del futuro.
Valor universal de los Derechos Humanos. Valor intrínseco de la democracia y fortalecimiento de sus instituciones. Rechazo incondicional a la violencia en cualquiera de sus formas. Identidad sin complejos derechistas ni izquierdistas. Centro reformista. Defensa y fortalecimiento de la democracia frente a la amenaza del populismo de izquierda y de derecha. Avanzar hacia un crecimiento inclusivo y sustentable (social y ambientalmente) y un desarrollo humano integral. No hay atajos en el camino al desarrollo. Crecimiento con equidad como la búsqueda de alternativas al neoliberalismo y el neopopulismo. Reformismo y gradualismo. La DC tiene que posicionarse en los sectores medios, los independientes, el centro, el voto moderado, las mujeres y los jóvenes.
Estas son algunas de las definiciones que debiera adoptar el Partido Demócrata Cristiano en la hora actual y con miras hacia el futuro.
El centro político va quedando vacío, huérfano de representación política, y la izquierda moderada, crecientemente sometida a la hegemonía de la izquierda radical (PC y Frente Amplio). La unidad amplia de la oposición equivale a una izquierdización de la misma y deja a los sectores medios, de centro, independientes y voto moderado a merced de la derecha. Todos los acuerdos que sean necesarios, siempre mirando el interés de Chile. Hay que marcar con fuerza nuestra identidad y actuar con responsabilidad política.
[cita tipo=»destaque»]La violencia en La Araucanía amenaza, cada día más, con configurar un Estado fallido en esa parte del territorio nacional. La principal misión del Estado es garantizar la seguridad de las personas. Para eso existe el Estado-nación desde su nacimiento en el siglo XVII: para salir del estado de naturaleza entendido como la guerra de todos contra todos. Debemos condenar toda forma de violencia, incluida la practicada por agentes del Estado en transgresión de la normativa jurídica vigente.[/cita]
El país se ha visto remecido por el estallido social del 18 de octubre y la pandemia que ha llegado a Chile en marzo. Hay que colaborar con la autoridad sanitaria y actuar con grandeza, generosidad, empatía y solvencia técnica en cuanto a las medidas, para hacer frente a los graves efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria. Las normas sobre presupuesto, gasto público, tributos y seguridad social, entre otras, deben ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Fue la reforma constitucional de 1970 (no la de 1980), bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, la que logró que las normas sobre “regímenes previsionales y seguridad social” (como es el caso de las pensiones) pasaran a ser parte de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. A 50 años de esa reforma, con la experiencia de los últimos 30 años en materia de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, debemos
mantener esa norma fundamental.
Somos partidarios del «Apruebo» en el plebiscito del 25 de octubre. Es una decisión unánime del PDC que compartimos. Tenemos que ganarle a la violencia, como lo hicimos en el plebiscito de 1988, creando las condiciones para un plebiscito seguro y participativo. Tenemos que generar una nueva Constitución surgida de una Convención Constitucional que dé estabilidad, proceso y bienestar a Chile. Llamamos a trabajar con sentido patriótico y de unidad por una nueva y mejor Constitución.
El compromiso por el orden público no es solo del Gobierno, que es el principal responsable de acuerdo a la Constitución, sino de todos. El Estado es el monopolio de la fuerza. Debe evitarse la privatización de la violencia y la riesgosa autotutela. Desde hace muchos años que las personas y comunidades, en su vida cotidiana, han debido enfrentar el flagelo permanente del micro y el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común. Desde el 18 de octubre se han sumado las barras bravas y el lumpen, practicando la violencia y la destrucción de la propiedad pública y privada.
La violencia en La Araucanía amenaza, cada día más, con configurar un Estado fallido en esa parte del territorio nacional. La principal misión del Estado es garantizar la seguridad de las personas. Para eso existe el Estado-nación desde su nacimiento en el siglo XVII: para salir del estado de naturaleza entendido como la guerra de todos contra todos. Debemos condenar toda forma de violencia, incluida la practicada por agentes del Estado en transgresión de la normativa jurídica vigente.
Nuestro norte es la justicia social. Para eso estamos en política. Por eso hemos militado en las filas de la Democracia Cristiana. Ese es el legado de los fundadores, de sus grandes líderes, como Bernardo Leighton, Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Jaime Castillo, Gabriel Valdés, Patricio Aylwin y Manuel Bustos, entre tantos otros. Tenemos que reafirmar nuestro compromiso con la justicia social, considerando los cambios tecnológicos, económicos y sociales –y su tremendo desfase con los cambios políticos– de los últimos años y décadas. Las respuestas de ayer no son los de hoy y las de mañana. Lo que permanecen son los principios y los valores que nos animan, cuando hemos cumplido recientemente 63 años de existencia (y más de 80 años
desde la Falange Nacional).
Nos anima un sentido patriótico, como tantas veces lo proclamaron los antiguos falangistas. Debemos contribuir a prestigiar la política y las instituciones democráticas como los partidos y el Parlamento, cuyo prestigio está por el suelo. Es demasiado lo que está en juego. En medio de la pandemia y con el trasfondo del estallido social de octubre, más los efectos de ambos, hay que salir de la trinchera, de la pequeña escaramuza, de los codazos, el insulto, la descalificación y la intolerancia que es el pan de todos los días en Chile y en el mundo. Estamos obligados a actuar con grandeza. Solo de esta manera la Democracia Cristiana estará a la altura que exige el complejo presente y los desafíos del futuro.
Finalmente, tenemos que empeñarnos como partido en instalar una alternativa reformista para las próximas elecciones, especialmente las presidenciales. Nada bueno nos espera si no existe una alternativa seria y convocante para los populismos de distinto signo.
