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¿Quién paga la cuenta?

por 19 agosto, 2020

¿Quién paga la cuenta?
La parte más importante la están aportando los trabajadores a cuenta de sus ahorros. Así es debido a la Ley de Protección al Empleo, en que los trabajadores “beneficiados” recurren a sus fondos acumulados por el Seguro de Cesantía. Por este concepto, un recurso que está compensando la pérdida de la remuneración, los trabajadores han usado algo más de US$ 1.000 millones. La disminución del fondo individual impedirá que estos trabajadores lo utilicen si, como es probable, dada la prolongación de la crisis, quedan definitivamente cesantes. También por el retiro de Fondos de las AFP, el famoso 10%. En este caso, los retiros ascienden a alrededor de US$ 15.000 millones, con diferentes impactos en disminución de las pensiones, según la edad y los ahorros acumulados.
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A comienzos de este mes fue publicado el informe “¿Quién paga la cuenta? Gravar la riqueza para enfrentar la crisis de la COVID-19 en América Latina y el Caribe”. En dicho estudio, OXFAM –la organización internacional de ayuda al Tercer Mundo– sostiene que América Latina, “la región más desigual del planeta, se ha convertido también en el epicentro de la crisis económica”, pronostica que “será la región que acusará el mayor desplome económico del mundo a causa de la pandemia, con una caída del 9,4 % del PIB regional en 2020” y estima que “hasta cincuenta y dos millones de personas se convertirán en pobres y cuarenta millones perderán sus empleos este año”.

Pero lo insólito es que OXFAM informa que al mismo tiempo, y de acuerdo a informes de organismos financieros, “desde el principio de los confinamientos, han aparecido 8 nuevos mil millonarios en la región, es decir, 1 nuevo mil millonarios cada dos semanas”, es decir, habiendo muchos perdedores, también hay ganadores, y por mucho.

El Gobierno está aportando aproximadamente una cuarta parte del esfuerzo, y los ahorros de los trabajadores, tres cuartas partes. El resultado es que las finanzas fiscales se deteriorarán menos de lo que podrían y los ahorros de los trabajadores –para eventos de cesantía y el momento de pensionarse– están haciendo el esfuerzo que el Gobierno debía realizar. Es un distribución muy injusta.

OXFAM propone cinco medidas para hacer equitativo el pago de la crisis generada por la pandemia y el confinamiento: 1) un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, en línea con lo que hoy se discute en el Congreso Nacional; 2) que si hay paquetes de rescates públicos a grandes empresas, estos deben ser con condiciones, como impuso la oposición en el Marco de Entendimiento para la reactivación; 3) establecer un impuesto a los resultados extraordinarios de grandes corporaciones, como los que obtienen actualmente bancos, Isapres y supermercados; 4) establecer impuestos a la economía digital, en lenta discusión en nuestro país; y 5), reducir la carga tributaria de hogares empobrecidos, que en Chile solo sería posible reduciendo el IVA, que a la vez recauda cerca de la mitad de los ingresos del fisco.

¿Quién paga la cuenta en Chile?

Como se puede apreciar, en Chile no parece que la cuenta se esté pagando bajo las propuestas de OXFAM. Entonces es interesante saber: ¿quién está pagando la cuenta en Chile? Por cierto, los primeros que han pagado la cuenta son los más de diez mil fallecidos, los más de trescientos mil contagiados y sus familias y cuidadores. Pero, en la perspectiva de la crisis económica –considerando que estamos en recesión y que alrededor de tres millones de personas han perdido sus empleos o mantienen sus empleos pero no sus ingresos–, ¿quién y cómo está financiando el confinamiento, la política sanitaria, la vida de las empresas y, una vez que se inicie, la reactivación?

Una parte está siendo financiada por el Gobierno a través del Bono COVID, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) I y II, el préstamo y subsidio a los trabajadores a honorarios, el aporte a la clase media, anticipos de devoluciones y postergaciones de pagos de impuestos, y rebajas tributarias con diversos impactos. En total, el esfuerzo del Gobierno representa unos US$ 5.000 millones hasta ahora, considerando también los proyectos de ley que están en el Congreso y el monto atribuido por el Gobierno al Fondo COVID. Aproximadamente US$ 450 millones de este esfuerzo corresponden a la eliminación transitoria del Impuesto de Timbres y Estampillas, que beneficia principalmente a los contribuyentes de altos ingresos.

Otra parte está siendo financiada, indirectamente, por los municipios. En efecto, los municipios han visto disminuidos sus ingresos por postergaciones de pagos de licencias, patentes y contribuciones, en un monto del orden de US$ 800 millones de dólares, y el Gobierno les ha compensado con un monto de cerca de US$ 250 millones (que están contemplados en los US$ 5.000 millones ya señalados), por lo que estarían aportando cerca de US$ 550 millones de dólares.

Pero la parte más importante la están aportando los trabajadores a cuenta de sus ahorros. Así es debido a la Ley de Protección al Empleo, en que los trabajadores “beneficiados” recurren a sus fondos acumulados por el Seguro de Cesantía. Por este concepto, un recurso que está compensando la pérdida de la remuneración, los trabajadores han usado algo más de US$ 1.000 millones. La disminución del fondo individual impedirá que estos trabajadores lo utilicen si, como es probable, dada la prolongación de la crisis, quedan definitivamente cesantes. También por el retiro de Fondos de las AFP, el famoso 10%. En este caso, los retiros ascienden a alrededor de US$ 15.000 millones, con diferentes impactos en disminución de las pensiones, según la edad y los ahorros acumulados.

En suma, el Gobierno está aportando aproximadamente una cuarta parte del esfuerzo, y los ahorros de los trabajadores, tres cuartas partes. El resultado es que las finanzas fiscales se deteriorarán menos de lo que podrían y los ahorros de los trabajadores –para eventos de cesantía y el momento de pensionarse– están haciendo el esfuerzo que el Gobierno debía realizar. Es un distribución muy injusta.

Si queremos un esfuerzo solidario, debiéramos ver cómo implementamos las propuestas de OXFAM. Mientras tanto, la respuesta a ¿quién está pagando la cuenta? es, sin lugar a dudas, los trabajadores y las trabajadoras. La pagan dos veces, porque también son víctimas del COVID.

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