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El "buenismo" de Edwards

por 25 agosto, 2020

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Más allá del modelo de desarrollo, es indispensable terminar con la autocomplacencia y abordar más críticamente nuestra institucionalidad política y económica. La pandemia ha dejado en evidencia graves debilidades del Estado. La descentralización no está dando el ancho. El sistema presidencial está haciendo agua. En estos y otros temas, la izquierda tiene un gran desafío intelectual por delante.
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La columna “Buenismo, enfermedad infantil del izquierdismo” de Sebastián Edwards, publicada en El Mercurio, ha generado una amplia discusión en la izquierda. Ello no se debe tanto a los temas que aborda, sino a la frivolidad con que lo hace, pese a que presuntamente el sentido principal del texto es llamar a tratar con seriedad los problemas que nos aquejan. Es el caso de la forma en que trata el debate en Chile sobre política industrial, sobre lo cual volveremos al final del presente artículo. También, porque la columna deja en evidencia graves problemas de nuestra convivencia democrática.

Lo primero que debe llamar la atención es: ¿por qué la discusión más de fondo ha tenido lugar en medios distintos de El Mercurio, donde se originó el debate? Esto habla de la manera de (no) discutir de la derecha, de la renuncia sistemática de ese medio a “exponer” al lector a opiniones de personas que piensan de manera distinta. La libertad de expresión, en este caso, es solo para los que piensan como sus propietarios (más allá de unos pocos columnistas) y es administrada con el objeto de hacer pensar que existe una sola mirada técnica, económica y filosófica sobre los problemas que nos aquejan. Es lo que llama Carlos Ominami el reino del pensamiento único. No es casualidad que Edwards deje de lado las aristas más relevantes de los temas que alude, para “probar” que las otras opiniones son “pueriles”, “infantiles”, “falsas” y mal hilvanadas.

Con razón Carlos Ruiz señala las limitaciones de Edwards como economista y lo designa como “administrador”. Ello queda en evidencia en la forma en que Edwards evalúa el retiro de fondos de pensiones, al concentrar su atención en “la exención tributaria que otorga a miles de personas de altísimos ingresos”. Su mirada estrecha le impide analizar y enfatizar lo más importante.

No le parece relevante tomar en cuenta la terrible situación que ha afectado a millones de familias chilenas y que encontraron un alivio al retirar esos fondos; está lejos de su capacidad analítica observar cómo la política mezquina de sustitución de ingresos del Gobierno, tuvo como efecto no anticipado ni deseado la formación de una gran coalición a favor de esa decisión. Ni siquiera imagina cómo dicha decisión deja en evidencia la ilegitimidad del sistema de capitalización individual entre la población, que la lleva a operar muy razonablemente: frente a las pésimas pensiones que sí o sí se va a recibir, “más vale pájaro en mano que cien volando”.

Incluso, bajo lo que estaría en el marco de su especialización, no toma en cuenta el efecto del retiro en reducir la caída esperada del PIB en el presente año. Y como ha dicho Roberto Pizarro, es muy probable que las pérdidas de impuestos por esta medida sean ampliamente revertidas por una nueva Constitución que cree las condiciones para un sistema tributario más progresivo y recaudador.

Lo que queda abierto es el debate de la izquierda. Tiene razón Carlos Ruiz cuando sostiene que el Frente Amplio no ha avanzado en propuestas sustantivas para viabilizar un nuevo modelo de desarrollo. No basta con aludir a experiencias exitosas, es necesario dilucidar lo que tenemos que hacer y las características particulares que debería tener nuestro camino al desarrollo. Tampoco los partidos de la ex Concertación y de la ex Nueva Mayoría han logrado explicarse por qué, luego de 30 años de aplicar distintos programas de desarrollo productivo, no se ha logrado dar un salto en la materia. Sin duda incide una política cambiaria que no tiene como objetivo un tipo de cambio alto sostenido, que genere los incentivos necesarios para la aparición y consolidación masiva de nuevos sectores exportadores. También una política fiscal que deja poco espacio para una real política de desarrollo productivo y tecnológico. Los ministros de Hacienda de uno y otro color no han creído (al menos mientras son ministros) en la necesidad de un Estado emprendedor y activo en la materia.

Es también el síndrome del converso, como insinúa Pizarro en la misma columna, que se vislumbra al tratar al Frente Amplio como “atolondrado y pueril”. Quizás desde el cómodo sillón de su universidad, donde disfruta de inamovilidad, no resulta posible mirar con un poco más de profundidad lo que ha sucedido en Chile en los últimos 10 años, donde quienes conforman el Frente Amplio –junto con otros miembros de su generación– contribuyeron decididamente a reorientar profundamente la política educativa y, como si fuera poco, rompieron el sistema binominal impuesto por la Constitución del 80 sobre la base de diferentes mecanismos.

Pero más que Edwards, es también el síndrome del economista, que considera la disciplina más como matemática aplicada que como parte de las ciencias sociales, lo que le impide ver la complejidad de los fenómenos políticos y sociales. Es el caso, cuando en su columna señala que “en las discusiones políticas es necesario hablar con la verdad y precisión”. Quién puede estar en desacuerdo con la necesidad de hablar con la verdad, más aún cuando la democracia de Estados Unidos está amenazada por su actual presidente, al cual varios medios independientes le cuentan docenas de mentiras semanales. Pero muy distinto es tratar de mentirosa a alguien cuyo planteamiento central era el llamado a emular a los países nórdicos. Esa era el sentido de lo afirmado por Claudia Heiss. Pero si Edwards es tan prolijo, podría mirar el medio que lo acoge y analizar la forma “creativa” con que opera con la “verdad”.

El debate político es por definición poco preciso. De hecho, buena parte del resultado de los procesos políticos dependen, en primer lugar, de la capacidad de los distintos actores de imponerse en la definición del problema, que primero es opaco, pues se ve de formas muy distintas según el cristal con que se mira. Es también poco preciso, porque conseguir avanzar implica construir coaliciones que requieren incorporar múltiples intereses, a veces hasta contradictorios. Sería interesante que Edwards mirara “la poca precisión” de la Constitución española, que permitió conciliar las posiciones contrapuestas que existían en el Estado Español y las nacionalidades.

El abordaje de los derechos sociales en los países nórdicos cae en la banalidad. La verdad es que esos países desarrollaron con éxito un lucha centenaria por los derechos sociales e insertan, de diferentes maneras, los derechos sociales en su Constitución. Finlandia garantiza no solo la salud, sino también el derecho a la seguridad social y al trabajo.

No sería malo que Edwards mirara el debate constitucional internacional, donde aparecen muchas miradas respecto a la inclusión o no de los derechos sociales en la Constitución. Si lo hiciera, podría darse cuenta que Luigi Ferrajoli (el realmente distinguido jurista italiano), por ejemplo, llama la atención sobre la necesidad de incorporar los derechos sociales en la Constitución, pues ella representa, también, un programa político para terminar con el flagelo de la desigualdad.

Es banal que Edwards dedique un tercio de su artículo para “probar” que en las constituciones nórdicas no aparece el término “derechos sociales” –cuestión que no implica necesariamente que no esté presente a lo largo del texto, como lo demuestra el hecho de que el concepto de “Estado subsidiario” no aparece en la Constitución del 80 y, sin embargo, nadie duda que es una de las nociones en torno a la cual se estructura– y no tome posición respecto a incorporarlos o no, y cómo, en la Nueva Constitución. ¿Se trata de un tema irrelevante o incomodaría al medio? Es banal pretender probar que no tiene efectos incluir los derechos sociales en la Constitución, al sostener que Brasil, pese a incluir el derecho de la salud, tiene un pésimo sistema.

Queda también al debe, el “distinguido” economista, cuando simplemente descalifica como tenue la relación que, según Ricardo Hausmann, existe entre complejidad y desempeño de la economía, presentando como poderoso argumento el caso de El Salvador. A renglón seguido, “resuelve” el problema: el desempeño económico depende de la productividad, de la estabilidad política, de la calidad de la educación y de las políticas sociales y de la fortaleza institucional, sin entregar argumento en contra del paradigma desarrollado por Hausmann. Ni siquiera se le ocurre confrontar su mirada con la de los contradictores que, sin duda, no discrepan respecto a que son temas importantes que derivan de problemas asociados a la insuficiencia del modelo productivo.

En tal sentido, cabe preguntarse por qué la productividad está estancada, por qué la calidad de la educación y de las otras políticas sociales es tan deficiente y por qué el Estado de Derecho y la institucionalidad están siendo cuestionados. Entre los ingredientes que explican por qué tenemos una economía poco diversificada (o poco compleja) alejada de las líneas más dinámicas de la economía mundial, destacan una política concentrada en el corto plazo, una estructura tributaria que desestimula la aparición de nuevas actividades, un Estado que espera que el mercado señale hacia dónde dirigirse, un empresariado que vive de las glorias pasadas y ha perdido iniciativa. Por ello, la estructura actual de la economía no genera empleos de calidad, no demanda fuerza de trabajo calificada, no genera oportunidades para el traslado de inversiones desde sectores menos competitivos a otros más dinámicos y rentables.

Finalmente, hay un problema de economía política. El mundo empresarial está acostumbrado a las ganancias fáciles y jugosas como las que produce el negocio de las AFP, de las Isapres, de las actividades reguladas y le teme a iniciar nuevas actividades o desarrollar nuevas iniciativas, a partir de la explotación de los recursos naturales, cuestión que, al contrario de lo que sostiene Edwards, han logrado hacer Australia y Nueva Zelandia.

Lo que queda abierto es el debate de la izquierda. Tiene razón Carlos Ruiz cuando sostiene que el Frente Amplio no ha avanzado en propuestas sustantivas para viabilizar un nuevo modelo de desarrollo. No basta con aludir a experiencias exitosas, es necesario dilucidar lo que tenemos que hacer y las características particulares que debería tener nuestro camino al desarrollo. Tampoco los partidos de la ex Concertación y de la ex Nueva Mayoría han logrado explicarse por qué, luego de 30 años de aplicar distintos programas de desarrollo productivo, no se ha logrado dar un salto en la materia. Sin duda incide una política cambiaria que no tiene como objetivo un tipo de cambio alto sostenido, que genere los incentivos necesarios para la aparición y consolidación masiva de nuevos sectores exportadores. También una política fiscal que deja poco espacio para una real política de desarrollo productivo y tecnológico. Los ministros de Hacienda de uno y otro color no han creído –al menos mientras son ministros– en la necesidad de un Estado emprendedor y activo en la materia.

Pero, más allá del modelo de desarrollo, es indispensable terminar con la autocomplacencia y abordar más críticamente nuestra institucionalidad política y económica. Tiene razón Carlos Ruiz cuando releva la necesidad de revisar el desempeño de instituciones independientes como el Banco Central. Son muchos los que alaban la independencia de esta institución, sin considerar los errores cometidos –el último, la grave subestimación del IPoM de abril sobre la gravedad de la crisis– ni evaluar el impacto de su política en la diversificación de la economía, como se decía más arriba.

Lo decisivo para un buen desempeño, no es la independencia de la institución respecto del Gobierno, la gestión del Banco Central de Colombia tiene un desempeño parecido y no es independiente. La pandemia ha dejado en evidencia graves debilidades del Estado. La descentralización no está dando el ancho. El sistema presidencial está haciendo agua. En estos y otros temas, la izquierda tiene un gran desafío intelectual por delante.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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