miércoles, 23 de septiembre de 2020 Actualizado a las 09:58

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El precio de la obsecuencia o los costos políticos para La Moneda tras el paro de camioneros

por 4 septiembre, 2020

El precio de la obsecuencia o los costos políticos para La Moneda tras el paro de camioneros
Los siete días de movilizaciones en las carreteras dejaron un sabor bien amargo en la boca del oficialismo, No solo hay cuestionamientos internos al mal debut que tuvo el ministro del Interior, Víctor Pérez, con un débil manejo en su primera prueba política desde que llegó al cargo, sino que además en la derecha no pocos lamentan que el Gobierno permitiera al gremio traspasar demasiados límites en el marco del Estado de derecho, porque con ello se desgastó aún más la autoridad de la administración piñerista.
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Fue una semana de alta tensión para La Moneda y que terminó con saldo en contra, debido a la cantidad de flancos abiertos que generó para el Gobierno el paro de camioneros. Los siete días que duró la movilización dejaron en evidencia la debilidad de la autoridad –que no salió al paso ante el no respeto al toque de queda, el bloqueo de carreteras y el desabastecimiento en varias regiones–, como también el doble estándar gubernamental para manejar las manifestaciones y haber hipotecado, a solo un mes de su debut, el capital político del ministro del Interior, Víctor Pérez, a quien desde sus propias filas acusaron de no haberse sacudido aún el traje de parlamentario y haber entregado señales erróneas respecto a su responsabilidad de encargado de la seguridad pública del país.

Fue evidente y públicamente criticada la "mano blanda" que tuvo el Gobierno con los camioneros, pese a que todos los días, sin excepción, violaron la ley. De eso, lo que más molestia generó en algunos sectores de Chile Vamos fue que esa estrategia se aplicó con un gremio que no tuvo pudor para ejercer un alto grado de presión y que puso a la ciudadanía como chivo expiatorio para lograr sus objetivos, amenazando y causando desabastecimiento en diferentes territorios del sur del país, pérdidas económicas con el cierre, principalmente, del Puerto de San Antonio, y problemas para el traslado de pacientes, como acusaron las propias autoridades del Ministerio de Salud.

En el oficialismo hay cuestionamientos porque, explicaron, todo este escenario dejó de manifiesto una vez más la debilidad política en que se encuentra el Presidente Sebastián Piñera, que según la última encuesta Criteria tiene un apoyo cuidadano de solo el 15%. En La Moneda no les gustaron estas críticas, principalmente porque fue desde Chile Vamos que se le pidió al Gobierno “no criminalizar” la movilización, justamente, haciendo vista gorda con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, tal como sucedió.

Para el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, con este episodio "el Gobierno solo cosecha costos. Lo que quedará como recuerdo de este paro es más la obsecuencia del Gobierno frente a los camioneros que su capacidad de negociación. Los camioneros históricamente no han mostrado credenciales democráticas. En esta oportunidad mostraron que su capacidad de presión fue más fuerte que el espíritu negociador del Gobierno". Morales además señaló que “al patear el tablero y bloquear carreteras, se colocaron al margen del Estado de derecho, lo hicieron con confianza y seguridad de que no serían expuestos a la imposición de la fuerza legítima del Estado, lo que les dio libertad de maniobra”.

No había que ser experto, señalaron desde Renovación Nacional, para darse cuenta del trato diferenciado que se decidió implementar desde La Moneda con los camioneros en paro. El 29 de agosto, una manifestación en la denominada Plaza de la Dignidad fue rápidamente reprimida con carros lanzaguas, lanzagases y terminó con 21 detenidos, mientras que ningún camionero fue detenido por quebrantar el toque de queda. Y son innumerables las imágenes de carabineros mirando impávidos cómo se le impedía el tránsito normal a los diferentes camiones que trasladaban su carga por pasos donde se instaló la CNTC; o que solo observaban, sin mediar acción alguna, a quienes se encontraban desplegados en medio de la carretera pasadas las 23 horas, horario fijado en todo el país para iniciar el toque de queda.

El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, señaló que “diría que lo ocurrido en este caso confirma que tenemos un problema político que se observa a ambos lados del espectro y que consiste en validar los medios de las protestas por el solo hecho de coincidir en las demandas de fondo, aun cuando se trate de medios ilícitos”. Agregó que “el Gobierno debió haber sido más firme, tal como la ha sido en otras ocasiones ante otras movilizaciones, pero la izquierda que hoy clamaba al cielo por el orden público debiera preguntarse por qué hoy actúa así y no lo ha hecho en tantas ocasiones previas”.

En la misma línea surgieron críticas desde Chile Vamos. El diputado RN y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gonzalo Fuenzalida, dijo que “las demandas son legítimas y hay que solucionarlas, pero el Gobierno tiene que aplicar la ley siempre, si no, estamos abriendo la puerta para que en futuros paros o acciones violentas se le enrostre al Gobierno por qué invoca el Estado de derecho, si en otras circunstancias no lo ha hecho (…). El orden público no puede tener doble lectura. En este caso, el Gobierno ha aplicado el Estado de derecho de manera distinta en otros casos”.

Las consecuencias que trae aparejadas son complejas para La Moneda, ya que desde ahora tendrá que justificar sus acciones si reprime una manifestación en las calles, más todavía tomando en consideración que se acerca el plebiscito del 25 de octubre y los ánimos indefectiblemente se exacerban. Un flanco que difícilmente se podrá cerrar, apuntaron en el oficialismo, porque el orden público ha sido una de las aristas más débiles de la actual administración y una de las grandes razones de la desafección de sus propios votantes.

Otro de los efectos secundarios que se han constatado guarda relación con las suspicacias que se levantaron e instalaron en el Congreso, sobre el actuar que tuvo La Moneda ante la presión indebida de los camioneros, que exigieron la aprobación de un paquete de 13 proyectos de ley. Las múltiples interpretaciones se dieron luego que Palacio optara –en vez de haber aplicado “el sentido común” de poner límites a una presión de esas características– por tratar de sumar fuerzas para intentar que se cumpliese con las demandas del gremio, las que casualmente abarcaban el mismo paquete de leyes que el Ejecutivo ha tratado de aprobar en materia de seguridad. Un punto que ha sido descartado tajantemente en el Gobierno, pero que no ha impedido que quedara en el ambiente la sensación de una maniobra bajo la mesa.

En Chile Vamos en estos días varios se lamentan y han afirmado que “nadie sabe quién tiene la autoridad en el país”, porque quienes amenazaron públicamente al propio Presidente de la República, durante siete días hicieron lo que quisieron y se salieron con la suya. La suspensión de la movilización, agregaron en el oficialismo, tuvo un tono amenazante, por lo que dejó un trago amargo en varios, pues consideraron que se le entregó demasiado a un grupo que presionó indebidamente a las autoridades de Gobierno, sentando un “pésimo precedente”.

En sectores del oficialismo comulgaron con lo dicho por el senador PPD, Felipe Harboe: “El hecho de que el Gobierno se haya comprometido, con recursos de todos los chilenos, a financiar los camiones que les queman pero, a su vez, también pagarles el lucro cesante a los dueños de camiones y la diferencia de sueldo a los camioneros, entre el seguro de cesantía y lo establecido en el contrato, me parece que es un privilegio que ningún otro trabajador o trabajadora en Chile tienen (...).  Es refácil llegar a acuerdos así, pero no es lo que Chile necesita. Aquí lo que se requiere es equidad y proporcionalidad en la forma de llegar a acuerdos y no por la vía del chantaje y de la toma de carreteras, como fue en esta ocasión”.

Para el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, con este episodio "el Gobierno solo cosecha costos. Lo que quedará como recuerdo de este paro es más la obsecuencia del Gobierno frente a los camioneros que su capacidad de negociación. Los camioneros históricamente no han mostrado credenciales democráticas. En esta oportunidad mostraron que su capacidad de presión fue más fuerte que el espíritu negociador del Gobierno".

Prueba no superada

Las cuatro décadas de carrera parlamentaria como diputado y senador por la Región del Bío Bío, sumadas a su paso como alcalde de Los Ángeles en dictadura, generaron una cercanía indesmentible del ahora ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), con el gremio de dueños de camiones en cuestión, a lo que se agrega que funcionarios de su cartera en el pasado reciente trabajaron para los mismos dirigentes movilizados. Dicha cercanía habría llevado a Pérez a cometer errores y no dar el ancho político en su primera prueba de fuego desde que arribó a La Moneda el 28 de julio.

Fuentes del oficialismo, como también del propio Gobierno, señalaron que el ministro se habría confiado más de la cuenta en su cercanía con el gremio de los camioneros para destrabar el conflicto o, por lo menos, para mantenerlo a raya, lo que en la práctica no sucedió. La conclusión interna en sectores oficialistas es que el margen de maniobra que Pérez entregó a los manifestantes superó los límites de sus responsabilidades como encargado de la seguridad del país.

Y es que, a medida que el propio ministro del Interior hablaba públicamente de “parciales bloqueos” o solo de un potencial desabastecimiento, mientras la realidad era otra, eso fue entendido por los camioneros como “manga ancha”, pues incluso las veces en que hablo de aplicar la Ley de Seguridad del Estado, Pérez siempre contextualizó y avaló las demandas de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre (CNTC), debilitando con ello su propia autoridad.

En el oficialismo no convenció que el ministro Pérez dejara en manos de sus asesores más cercanos, los exdiputados Giovanni Calderón y Gonzalo Arenas, una negociación tan relevante y de alcance nacional. Una apuesta que no solo fue cuestionada desde el oficialismo, sino también desde los propios camioneros, para quienes el único interlocutor válido era el jefe de Interior.

El mal manejo del titular de la cartera del Interior, le valió el anuncio de una acusación constitucional en su contra y, de paso, el fin de la luna de miel por su debut en el cargo. La autoridad de Víctor Pérez quedó debilitada y, cuando aún no se han aplacado las críticas, dio otro paso en falso con la defensa pública que hizo de la inocencia de su amigo Pablo Longueira (UDI), acusado de cohecho en el marco del caso SQM y que está a la espera del respectivo juicio oral: “Estoy seguro que es absolutamente inocente", dijo, palabras que –recalcaron en el oficialismo– “no corresponden” para su actual rol.

Para el analista político Tomás Duval, el ministro del Interior quiso evitar "el enfrentamiento con el gremio y recurrió entonces al apoyo del gabinete colectivo e involucró al Gobierno directamente en la idea final de bajar lo más pronto posible el paro. Pérez sorteó con grados de habilidad, pero su probable apresuramiento puede demostrar que le complican los conflictos y no matiza adecuadamente que son parte de la política. Con todo, pasó una prueba con lo justo, pero abre cortos grados de incógnitas al futuro”.

Mauricio Morales agregó que, al patear el tablero y bloquear carreteras, los camioneros "se colocaron al margen del Estado de derecho. Lo hicieron con confianza y seguridad de que no serían expuestos a la imposición de la fuerza legítima del Estado, lo que les dio libertad de maniobra. Adicionalmente, sabían que, en la práctica, generan simpatía en el Gobierno y del ministro del Interior, que estaba dispuesto a afrontar incluso una acusación constitucional en lugar de hacer valer el Estado de derecho. Esto pone en jaque la fuerza política de Pérez, quien llegó prometiendo orden en La Araucanía, pero que cosechó bloqueos de carreteras, accediendo al chantaje de los camioneros”.

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