Resultaría moralmente inaceptable que la provisión de vacunas destinadas a contener un fenómeno que ha tenido una extensión y una morbilidad de alcance mundial, diera lugar ahora a una escenario marcado por los privilegios y la concentración de las oportunidades en el segmento de la población más favorecida del planeta, la de aquellas naciones productoras de ciencia y tecnología capaces de desarrollar investigación con vacunas, porque tienen los recursos económicos para generarla y por ello controlan y concentran su distribución.
Tal como fuera lúcidamente anticipado por Roberto Esposito en su conocida obra Immunitas. Protección y negación de la vida (2009), ya sea que se trate de la irrupción de una nueva enfermedad infecciosa (consideraremos para este caso el COVID-19 en lo sucesivo) o la repentina irrupción de los flujos migratorios, para no hablar de ataques terroristas, toda ruptura de un equilibrio social y político anterior exigirá su más pronta restitución (pp. 9-10). Ello, porque todo “contagio” representa una amenaza que redefine límites y fronteras establecidas, distinguiendo por su propia expresión entre un interior y un exterior, entre algo propio y algo extraño, algo individual y algo común. En tal caso, dice Esposito: “Lo que antes era sano, seguro, idéntico a sí mismo, ahora está expuesto a una contaminación que lo pone en riesgo de ser devastado” (p. 10). Atemorizará, entonces, una expansión desenfrenada, imparable de tal contagio “por todos los ganglios productivos de la vida” (p. 11).
Entendida la escena expansiva de los desarrollos biotecnológicos del mundo actual, tales amenazas ciertamente se ven hoy neutralizadas por los sistemas de inmunización adquirida, que a partir del siglo XVIII han proliferado incesantemente, y que mediante los manejos controlados experimentalmente de formas atenuadas de los diversos agentes infecciosos, han conseguido proteger a la humanidad de diversas agresiones letales.
Lo sabemos: “Una forma atenuada de infección puede proteger de una más virulenta del mismo tipo” (p. 17). Se reproduce de tal manera una versión despotenciada del mismo mal del que nos debemos proteger. Se busca afirmar a la vida, a la vez que se la niega por vía de semejante intervención deletérea, aunque de bajo impacto. “El veneno es vencido por el organismo no cuando es expulsado fuera de él, sino cuando de algún modo llega a formar parte de este”, señala el filósofo italiano (p. 18).
[cita tipo=»destaque»]Correspondería ahora irrenunciablemente al Estado de Chile solventar una potente perspectiva de defensa de una “ciudadanía biológica” nacional y global, a la hora de intervenir en el horizonte inmediato de suscripción de acuerdos políticos, científicos y económicos internacionales, para enfrentar la inminente disposición y distribución igualitaria de sistemas vacunatorios que avancen hacia la inmunización esperada del COVID-19, conforme lo permita el desarrollo técnico. En ello se juega por entero su compromiso efectivo y demostrable con la vida.[/cita]
Pareciera ser que nos enfrentamos hoy a la eventualidad de comenzar a dejar atrás unos de los episodios quizás más aciagos acontecidos en la historia inmediata del mundo contemporáneo, como ha sido la pandemia del coronavirus. Porque, a diferencia de otras pandemias de reciente ocurrencia (VIH-Sida, SARS, Ébola, A-H1N1) y pese a la indiscutible letalidad que ellas puedan haber revestido, la diseminación globalmente fatal del COVID-19 no parece tener comparación con ninguna experiencia semejante anterior.
Las consecuencias están a la vista. La crisis y las repercusiones de todo tipo han adquirido unas proporciones monstruosas. La sociedad contemporánea se ha visto estremecida y desestabilizada en un grado superlativo por la tragedia. No hay estructura social ni sistema institucional que no haya sufrido el embate disolutivo de tamaña transformación. Podría decirse que todo está hoy en un trámite incierto de reconfiguración adaptativa, tras la irrupción de esta verdadera catástrofe virósica planetaria, que ha dejado a la vida humana en su condición más desnuda.
Sin embargo, los primeros atisbos de superación de tal crisis planetaria parecen comenzar a vislumbrarse, conforme a los diferentes grados de administración y manejo de las curvas epidemiológicas de sus desarrollos locales y las disímiles capacidades científicas, políticas y tecnológicas de enfrentamiento de las contingencias sanitarias asociadas a su ocurrencia, por parte de cada nación afectada.
Obviamente, en este preciso momento la empresa científica internacional –entendida como aquella operación global de poder asociada al capital transnacional que en sí misma representa, independientemente de cuáles puedan ser las definiciones nacionales particulares y las políticas específicas que pudieran diferenciarla– se aproxima a pasos agigantados a la producción de vacunas que consigan finalmente la inmunización requerida. O como también ha dicho Esposito, trasladando ilustrativamente al léxico jurídico la metáfora inmunitaria del anticuerpo que protege al cuerpo mediante la asimilación del antígeno, al “nómos que se opone a la anomia de una manera en sí antinómica, es decir, asumiendo su lenguaje” (p.22).
Surgen entonces legítimas preguntas respecto a quiénes alcanzará el programa de vacunación que se vaya a implementar próximamente. ¿Cómo se implementarían efectivamente esos procesos y sistemas de vacunación? ¿Qué objetivos se espera conseguir con tales estrategias vacunatorias? Preguntas que al menos, por ahora, no tienen una respuesta clara.
Ante tal indefinición, fácilmente emerge la duda respecto de la posibilidad de que se exprese lo que algunos teóricos, como Ezequiel Emanuel, ya han calificado como el riesgo de ocurrencia de una suerte de “nacionalismo sanitario”, es decir, de una distribución absolutamente inequitativa del recurso por parte de las naciones dominantes, en absoluta connivencia con el interés económico y geopolÍtico de la industria biotecnológica, sesgando su disponibilidad en favor de los países ricos.
Importa sobremanera, entonces, instalar en la discusión del presente una perspectiva de análisis crítico, que alerte respecto al riesgo involucrado en la definición de políticas inmunitarias globales que legitimen las desigualdades y se definan con independencia de una evaluación cualitativa de la enfermedad, porque su impacto ha sido tremendamente desigual y ha afectado en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, que están concentradas en los países pobres principalmente.
Resultaría moralmente inaceptable que la provisión de vacunas destinadas a contener un fenómeno que ha tenido una extensión y una morbilidad de alcance mundial, diera lugar ahora a una escenario marcado por los privilegios y la concentración de las oportunidades en el segmento de la población más favorecida del planeta, la de aquellas naciones productoras de ciencia y tecnología capaces de desarrollar investigación con vacunas, porque tienen los recursos económicos para generarla y por ello controlan y concentran su distribución.
Reivindicar el principio de justicia en la asignación de los resultados del avance de la ciencia mundial, con independencia de los intereses del capital transnacional o de las estrategias geopolíticas y hegemónicas de los estados nacionales, equivale a otorgar valor a la “vida en sí misma” y fortalecer, así, la dimensión de derechos ciudadanos –en este caso biológicos– que emerge de la existencia vital de cada persona individual.
Correspondería ahora irrenunciablemente al Estado de Chile solventar una potente perspectiva de defensa de una “ciudadanía biológica” nacional y global, a la hora de intervenir en el horizonte inmediato de suscripción de acuerdos políticos, científicos y económicos internacionales, para enfrentar la inminente disposición y distribución igualitaria de sistemas vacunatorios que avancen hacia la inmunización esperada del COVID-19, conforme lo permita el desarrollo técnico. En ello se juega por entero su compromiso efectivo y demostrable con la vida.
