Opinión
Es de esperar que la nueva Constitución adhiera a la doctrina de los Derechos Humanos consagrada en la Carta de las Naciones Unidas para garantizar que la autoridad, cualquiera que esta sea, respete rigurosamente los derechos elementales a la vida, la libre circulación, la propiedad, la salud, el trabajo y la educación, un medio ambiente sano, la diversidad étnica, en toda circunstancia. Los derechos fundamentales de las personas, al menos en una democracia verdadera, no pueden ser ni suspendidos ni disminuidos en nombre de cualquier causa y, si se llegara a hacerlo por imperativo público, se debe cumplir con protocolos muy estrictos de parte de las autoridades con distintas funciones y jamás debe ser por un tiempo superior a algunas semanas, y siempre sujeto a sucesivas revisiones y nunca depositado en una sola persona del aparato estatal.
¿El toque de queda ayuda a que se controle la circulación del virus? En Chile tenemos enfrentados los derechos del Estado o de las autoridades del control público y los derechos de las personas a tomar sus propias decisiones frente a una enfermedad contagiosa o en cualquier otro dominio. Los países que han tenido mayores confinamientos y restricciones, como Perú, Argentina o el mismo Chile, no tienen menos contagiados y muertos que los países como Suecia o Uruguay que confían más en el autocuidado y menos en reprimir las conductas de las personas.
¿Quién puede creer que con los militares patrullando de noche y día con metralletas al hombro, durante varios meses, en todas las calles o caminos de Chile, tendríamos mejor garantizada nuestra salud?
¿Hay algún epidemiólogo que recomienda esta medida? En ningún país que se ocupa realmente de la salud, que tenga sistemas robustos de protección y de cuidados de las personas, tenemos esta oprobiosa situación. Bien podrían estar los militares en los hogares de ancianos para asistirlos en aprovisionamiento y en cuidados como lo hicieron en Canadá o transportando enfermos. Ni los propios militares quieren esta tarea de control policial y quienes hemos vivido la dictadura militar en Chile, mucho menos.
Clausurar o violar los derechos de las personas es lo que hacen las dictaduras durante mucho tiempo, como ocurrió con Pinochet. Él defendía “la seguridad nacional” y para ello necesitó suspender los derechos de las personas tanto en el plano privado como en el espacio público. Incluso en las pasadas Fiestas Patrias, las autoridades nos indicaron cuántas personas invitar a los hogares y nos amenazaron con allanamientos y cárcel. También pusieron durante meses a los mayores de 75 años en reclusión domiciliaria.
Las democracias acuerdan estos estados de excepción constitucional o de catástrofe por periodos acotados y de manera fundamentada y sus resultados son controlados y evaluados por otros poderes del Estado.
En Chile, llevaremos más de 300 días con plenos poderes para el Presidente y con millones de personas privadas de sus derechos al trabajo, de propiedad, circulación, expresión, incluida la privación o disminución de sus niveles de vida. Esto no puede tomarse como necesario y normal. Estamos en una situación que no es aceptable para una democracia sin que tales medidas sean discutidas por el mundo político y civil. Somos millones de personas las perjudicadas por esta excepcionalidad constitucional y estado de catástrofe, justificada por el cuidado de la “salud de todos los chilenos”.
Nos dicen que es necesario medidas y controles severos porque hay muchos porfiados e ignorantes que no saben los peligros a los cuales se exponen y exponen a los demás. Que necesitamos los chilenos de “mano dura”. La sumisión a la autoridad en Chile incluye al coro de la mayoría de los alcaldes que creen que su rol es represivo, como lo muestran majaderamente los matinales televisivos. Parece ser que su misión de autoridad es más la de multiplicar la fiscalización de las prohibiciones que ayudar a las personas enfermas y a las familias afectadas por la crisis económica y sanitaria.
Las autoridades del Estado hablan más de la irresponsabilidad de las personas que de los presupuestos para la salud y de los abusivos precios que cobran las Isapres o el sistema de salud pública para tratar a los enfermos.
Se nos dice que estas medidas son necesarias. Lo necesario tanto en política como en cualquier dominio debe ser discutido en democracia. ¿Por qué sería necesario en Chile permitir la actividad minera, que implica que muchos aviones van y vienen con centenares de personas de Santiago a Calama o a Antofagasta, mientras los trabajadores de la construcción no pueden tomar el metro de las comunas con cuarentena? ¿Esta medida en el dominio de la minería, tiene que ver con un criterio sanitario o es más bien económico? ¿Cuántas personas tienen salvoconductos en Chile? ¿Todos esos permisos se justifican? ¿Por qué la actividad artística no sería esencial y sí la extracción de minerales que se exportan a China?
La frase de la diputada Loreto Carvajal, del PPD, asociada al control policial que le hicieron en su distrito: “¡Seguiré fiscalizando y haciendo la pega! Estamos en estado de excepción, no en dictadura”, puede ocultar una profunda ignorancia jurídico-política o una confusión semántica, que viene a ser lo mismo. El estado de excepción constitucional implica darle legalidad al Poder Ejecutivo, que es el que maneja las policías y los militares. Por eso los dirigentes políticos deben ser muy cuidadosos al momento de cederles a otros agentes poderes exorbitantes. Es lo que han hecho nuestros diputados y senadores al darle a Piñera facultades que debiera conservar para sí. ¿O hay un acuerdo político que los chilenos no conocemos?
Si algo aprendimos los chilenos de la dictadura militar es que el significado de la doctrina de los Derechos Humanos, en contraposición con la doctrina de la seguridad nacional, es que el derecho de las personas está por encima de cualquier razón de estado. El Estado existe para proteger a las personas y no para dañarlas o para privarlas de sus propios derechos en nombre de cualquier causa, por loable que sea. Por eso que se persigue o se debe castigar severamente y de manera imprescriptible a los agentes del Estado que violan los derechos de las personas en todo lugar y circunstancia, en Venezuela y en Chile, en China y en Estados Unidos, en Cuba o en Perú.
Algunos expertos en salud señalan que vendrán nuevas enfermedades virales provenientes de otros animales que podrían ser pandemias de alto impacto en la vida humana. Con el criterio aplicado hasta ahora, ¿los chilenos debiéramos ceder todos nuestros derechos para que el Estado, bajo cualquier circunstancia, nos proteja, con estados de excepción constitucional o catástrofe, durante los próximos treinta años, sin ninguna regulación legal o política?
Es de esperar que la nueva Constitución adhiera a la doctrina de los Derechos Humanos consagrada en la Carta de las Naciones Unidas para garantizar que la autoridad, cualquiera que esta sea, respete rigurosamente los derechos elementales a la vida, la libre circulación, la propiedad, la salud, el trabajo y la educación, un medio ambiente sano, la diversidad étnica, en toda circunstancia.
Los derechos fundamentales de las personas, al menos en una democracia verdadera, no pueden ser ni suspendidos ni disminuidos en nombre de cualquier causa y, si se llegara a hacerlo por imperativo público, se debe cumplir con protocolos muy estrictos de parte de las autoridades con distintas funciones y jamás debe ser por un tiempo superior a algunas semanas, y siempre sujeto a sucesivas revisiones y nunca depositado en una sola persona del aparato estatal. De no ser así, no podríamos distinguir entre vivir en democracia o en dictadura.
