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EE.UU. y el valor de las instituciones

por 11 noviembre, 2020

EE.UU. y el valor de las instituciones
La base electoral de Donald Trump es amplia, proviene de pueblos pequeños empobrecidos y del revanchismo marginal de una sociedad con muchas desigualdades, a quienes la promesa de una América Grande sin migrantes, sin presencia comercial china, con sumisión política y económica de su patio trasero y, en lo posible, aislada de la contaminación mundial, forma parte también de ese We the people que encabeza y significa textos constitucionales y discursos políticos. Y de acuerdo a los hechos, lo que decida la Corte Suprema, la opinión de líderes o voceros, la razonabilidad de los empresarios, todo, depende de la actitud de un intruso político que inventó un personaje de casinos de juego y lo llevó a la Presidencia de la República.
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Entre las observaciones más agudas de Alexis de Tocqueville en su famoso libro La Democracia en América, está aquella distinción en lo que podríamos denominar el poder político municipal del pueblo y el poder político de la nación, cuya soberanía reside en el pueblo. Esos dos ámbitos modelan la organización de la vida cotidiana de los ciudadanos como política en Estados Unidos, y su relación con el destino de la nación y la potestad de quienes los gobiernan.

Entre esos polos, en una malla de instituciones y poderes y principalmente de controles y equilibrios ejercidos centenariamente de una manera consensuada después de la Guerra Civil de 1867, se ha ido moldeando la cultura política de las elites. Pero apelando siempre a lo que llaman la voluntad de los Padres Fundadores y, en última instancia, a la voluntad y autonomía del pueblo.

"Nosotros, el pueblo", esa frase pronunciada muchas veces en los tramos finales de la campaña por Joe Biden esta vez no alcanzó a conmover los cimientos culturales de la sociedad norteamericana –algo que será materia de historiadores– para impedir una polarización ciudadana asaz peligrosa para la estabilidad civil de la unión. 71 millones de norteamericanos votaron por Trump –casi un 48% del total de votos emitidos– y, aunque es evidente que ya perdió en el Colegio Electoral por más de un 15% de los electores, son las reglas del derecho a reclamar contenidas en la ley lo que ampara su actuar violento y desprejuiciado.

Una de las lecciones más importantes que deja la elección presidencial estadounidense y el curso de los acontecimientos, es que en primer lugar no bastan leyes bien pensadas ni ingenierías de poder finas, si un actor –cualquiera que sea– no está dispuesto a respetar las reglas del juego, y siempre buscará la manera de forzar la integridad de las instituciones. Por lo mismo, si las contiendas electorales enfrentan contendores y no currículas o títulos, la única garantía es la revocabilidad electoral y la opinión y cultura cívica del pueblo. La estabilidad de los sistemas depende, en gran medida, de que sus constituciones y leyes se basen en el sentido común y los intereses más generales de sus ciudadanos, no en ingenierías absolutas o leyes perfectas, sino también en principios y voluntad.

Pese al alineamiento masivo de los líderes de opinión y voceros de las instituciones y partidos del país con el reconocimiento del triunfo presidencial de Joe Biden, Donald Trump –actuando como un verdadero intruso en la cultura de la elite política estadounidense– insiste en hacerse fuerte en el poder y judicializar los resultados para alegar su victoria. Es el principio de la democracia de garantizar los procedimientos y derechos de las minorías, aunque resulte en la paradoja de amparar a quienes conspiran contra ella.

La actitud de Trump, más allá de si existen o no precedentes parecidos en los primeros años de la fundación del país en el siglo XVIII, es que la polarización que él personalmente alienta pone a la sociedad al borde de hechos masivos de violencia. Ella es una sociedad que basa su libertad en la tenencia de armas para oponerse a un gobernante tirano, cualquiera que sea, algo que le está garantizado por la propia Constitución y su Segunda Enmienda, pero ahora es el eventual tirano quien se victimiza como objeto de fraude electoral.

La base electoral de Donald Trump es amplia, proviene de pueblos pequeños empobrecidos y del revanchismo marginal de una sociedad con muchas desigualdades, a quienes la promesa de una América Grande sin migrantes, sin presencia comercial china, con sumisión política y económica de su patio trasero y, en lo posible, aislada de la contaminación mundial, forma parte también de ese We the people que encabeza y significa textos constitucionales y discursos políticos. Y de acuerdo a los hechos, lo que decida la Corte Suprema, la opinión de líderes o voceros, la razonabilidad de los empresarios, todo, depende de la actitud de un intruso político que inventó un personaje de casinos de juego y lo llevó a la Presidencia de la República.

Una de las lecciones más importantes que deja la elección presidencial estadounidense y el curso de los acontecimientos, es que en primer lugar no bastan leyes bien pensadas ni ingenierías de poder finas, si un actor –cualquiera que sea– no está dispuesto a respetar las reglas del juego, y siempre buscará la manera de forzar la integridad de las instituciones. Por lo mismo, si las contiendas electorales enfrentan contendores y no currículas o títulos, la única garantía es la revocabilidad electoral y la opinión y cultura cívica del pueblo. La estabilidad de los sistemas depende, en gran medida, de que sus constituciones y leyes se basen en el sentido común y los intereses más generales de sus ciudadanos, no en ingenierías absolutas o leyes perfectas, sino también en principios y voluntad.

La segunda es que el rumor, la desconfianza, la desinformación, la distorsión de voluntades, tienen en la sociedad digital una velocidad deconstructiva muy grande, mientras que la formación de la certidumbre, la generación de opiniones equilibradas, la cultura cívica de los ciudadanos tienen procesos lentos y complejos, algunos de años, basados, por ejemplo, en vigencia de derechos y educación.

Por ello, las plataformas institucionales para la participación ciudadana –sean electorales o de información– deben funcionar con parecida velocidad y en la ecología de un derecho social a la transparencia y la información. De lo contrario, un intruso puede tratar de instrumentalizar el significado de "Nosotros, el Pueblo" como está ocurriendo en Estados Unidos con el resultado de la elección presidencial.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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