Opinión
Los 24 escaños que considera la propuesta de los pueblos no es antojadiza y se basa proporcionalmente en los datos del Censo 2017 (12,8% de población indígena). Es una demanda transversal, aquí no hay un “cálculo pequeño” de un sector, ese argumento solo busca minimizar, discriminar y no valorar el trabajo de los dirigentes y organizaciones de los pueblos indígenas que, desde distintos sectores políticos, han logrado sumar apoyos. El oficialismo, en cambio, ha discriminado incluso a sus propios dirigentes indígenas, sin escuchar ni recoger sus demandas. El 17 de noviembre se vota la reforma constitucional sobre escaños reservados en el Senado; ese día la responsabilidad la tienen el Gobierno y los senadores oficialistas.
Los Pueblos Indígenas exigen su derecho a participar en la Convención Constituyente. Han pasado más de 15 días desde que el pueblo de Chile aprobó tener una nueva Constitución redactada por una Convención Constitucional 100% electa por la ciudadanía, y los Pueblos Indígenas aún no tienen certeza sobre su participación en este proceso.
El jueves 29 de octubre –después de varias sesiones– la comisión de Constitución del Senado votó las indicaciones relativas a escaños reservados para pueblos indígenas y para el pueblo afrodescendiente. Ese día, los senadores oficialistas rechazaron todas las indicaciones que aseguraban mayor participación y representación proporcional de los pueblos.
Hoy, sobre la base de miradas paternalistas y discriminatorias, el Gobierno y Chile Vamos siguen sin entender la importancia de la participación de los pueblos, aun cuando diversas organizaciones exigen este derecho que está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todos instrumentos suscritos por el Estado de Chile.
De hecho, las declaraciones del ministro de Segpres, Cristián Monckeberg –en El Mercurio el 9 de noviembre– confirman esta mirada, ya que relativiza las demandas y se centra en un supuesto cálculo político de la oposición, situación que no es real, ya que la demanda solo busca evitar que continué la exclusión histórica de los pueblos indígenas en las decisiones constituyentes y en la deliberación política. Esta postura se basa en 3 puntos que se han transformado en “El Ladrillo, la base de la Política Indígena del Gobierno de Sebastián Piñera”:
[cita tipo=»destaque»]Esta propuesta atenta contra el principio de buena fe y vulnera el derecho a participar mediante mecanismos ajustados a la realidad del país. No resulta adecuado compararse con el caso neozelandés, que tanto le gusta al Gobierno, ya que en Nueva Zelanda solo hay un pueblo indígena –que es el Maorí– y no 10, como en el caso de Chile, sin considerar que ambos países están a años luz en participación política y derechos indígenas. Estas comparaciones y tendencias a copiar modelos, solo reflejan la mediocridad y falta de empatía con la realidad de los pueblos indígenas en Chile.[/cita]
1) Escaños en la Convención Constitucional: El Gobierno y Chile Vamos buscan que los escaños se reserven dentro de los 155 Constituyentes, argumentando que si son supernumerarios, como lo exigen los pueblo indígenas, “no se estaría respetando el mandato popular del plebiscito del 25 de octubre, en el que ganó por una amplia mayoría el Apruebo y la Convención Constitucional”. Este argumento es oportunista y desnaturaliza por completo la voluntad popular expresada en las urnas.
Los escaños supernumerarios buscan representar a los pueblos indígenas que históricamente han sido excluidos, abriendo el espacio para la participación en igualdad de condiciones con respecto a sus particularidades culturales, sociales y políticas, propias de su organización territorial. El Estado debe reconocer ese derecho.
2) Padrón especial: El Gobierno busca crear un “padrón indígena” administrado por Servel, donde deberían inscribirse quienes acrediten calidad indígena mediante certificado Conadi. El problema –tal como lo denunció en el Senado Marianela Jopia, de la Red Nacional Diaguita, el pasado 28 de octubre– es que hay mucha población indígena que no tiene el certificado y existen solicitudes que llevan años sin respuesta. Además, la mayoría de las comunidades viven en zonas rurales aisladas, sin considerar que nos encontramos en un momento excepcional, dada la pandemia, lo que hace más difícil realizar estas inscripciones y, más aún, cuando las elecciones son en abril de 2021.
Esta propuesta atenta contra el principio de buena fe y vulnera el derecho a participar mediante mecanismos ajustados a la realidad del país. No resulta adecuado compararse con el caso neozelandés, que tanto le gusta al Gobierno, ya que en Nueva Zelanda solo hay un pueblo indígena –que es el Maorí– y no 10, como en el caso de Chile, sin considerar que ambos países están a años luz en participación política y derechos indígenas. Estas comparaciones y tendencias a copiar modelos, solo reflejan la mediocridad y falta de empatía con la realidad de los pueblos indígenas en Chile.
3) Número de Escaños: La propuesta de Segpres de 15 escaños reservados se basa en el proyecto que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, ingresado por el Ejecutivo en 2015. Dicho proyecto está basado en datos de Casen 2012 y 2015 (9,1% de población indígena), dado que las cifras del Censo 2012 no eran válidas, pero además la naturaleza de dicho consejo es totalmente distinta, ya que se trata de un órgano asesor del Ministerio de Pueblos Indígenas (en trámite desde 2015) para el diseño, implementación y evaluación de la política nacional indígena. Lo que demuestra que una vez más el Gobierno mezcla peras con manzanas.
Los 24 escaños que considera la propuesta de los pueblos no es antojadiza y se basa proporcionalmente en los datos del Censo 2017 (12,8% de población indígena). Es una demanda transversal, aquí no hay un “cálculo pequeño” de un sector, ese argumento solo busca minimizar, discriminar y no valorar el trabajo de los dirigentes y organizaciones de los pueblos indígenas que, desde distintos sectores políticos, han logrado sumar apoyos. El oficialismo, en cambio, ha discriminado incluso a sus propios dirigentes indígenas, sin escuchar ni recoger sus demandas.
El 17 de noviembre se vota la reforma constitucional sobre escaños reservados en el Senado; ese día la responsabilidad la tiene el Gobierno y los senadores oficialistas. Por ello, hacemos un llamado para que dejen de lado sus prejuicios y aprueben este proyecto que busca hacer justicia y abrir el camino del diálogo fecundo para una nueva Constitución para todos y todas sin exclusión. La discriminación es un obstáculo para la construcción una democracia moderna y la participación de los Pueblos Indígenas es la oportunidad para dejar atrás siglos de violencia y exclusión.
