Salud primaria en la Araucanía: funcionarios enfrentan la pandemia y recibirán para 2021 el peor presupuesto en una década

“Nos exigen metas y nos hacen sentir amenazados con el no pago de bonos de desempeño colectivo. Estamos peleando por cosas que todos los años están consideradas en el presupuesto. Entonces si este año te las están negando, ¿considerarías otra palabra que no sea amenaza?”.

Loreto Goeppinger es kinesióloga del único centro de salud de Curarrehue, que debe cuidar la salud de 8.600 personas. Se trata de una comuna que en lo alto de la cordillera cuenta con un 47,6% de su población sin servicios básicos y que es la novena con mayor índice de pobreza multidimensional en Chile.

Este jueves 12 de noviembre, la Asistencia Primaria de Salud (APS) -constituida por CESFAM, CECOSF, SAPU, CESAM, COSAM y UAPO- se fue a paro nacional luego de recibir la peor propuesta de presupuesto per cápita de los últimos diez años para 2021. En 2020 fue de $7.211 pesos para cubrir la salud de cada persona de cada comuna. La nueva oferta lo subiría a $7.373 pesos, cosa que ni siquiera se ajusta al alza anual del Indice de Precio al Consumo. Además, rompe el propio compromiso hecho por el gobierno después del estallido social, de subirlo a al menos $8.500 pesos. El paro ya cumple 10 días sin respuesta del Gobierno

“La gente no entiende que el per cápita es la plata que llega para poder trabajar: comprar medicamentos, insumos, sueldos, agua, luz, combustible. En comunas como Curarrehue es vital porque somos una comuna pobre y acá no llega la cantidad de plata que le llega a otras comunas como Pucón, que está al lado. Entonces la Muni no tiene plata para pasarle al departamento de salud. Vivimos del per cápita”, explica Loreto, quien también es presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (AFUSAM) local.

A esto se suma otro compromiso roto: el ministro Paris había prometido mantener los bonos de desempeño aunque no se cumplieran las metas planteadas antes de la pandemia. Ahora lo está negando, mientras las gratificaciones de 30% del sueldo de las enjuiciadas instituciones de Carabineros y Fuerzas Armadas no sufrieron modificación alguna.

Esta es la respuesta que recibieron los funcionarios y funcionarias después de nueve meses de trabajo exhausto en la peor crisis de salud de la historia contemporánea. Un número aproximado de 37.000 trabajadores de la salud han sido infectados de coronavirus en Chile hasta el 30 de septiembre, de acuerdo al primer informe de Minsal dedicado a los efectos de la pandemia en el gremio. Esto representa un 7,6% del total de los casos de contagio en el país en ese entonces (462.991 de acuerdo a fuentes oficiales). 72 de ellos han fallecido a causa del virus. La primera fue Lorena Duran, una funcionaria de Gorbea, al sur de La Araucanía, quien pereció después de un mes hospitalizada.

En la novena región, la Federación Regional Funcionarios Salud Municipalizada (Ferfusam) confirma que 161 funcionarios solo de APS se han contagiado del virus al 11 de noviembre y se han registrado amplios brotes infecciosos en el hospital de Angol, el de Victoria y el de Temuco, donde actualmente se está dando uno.

“Estamos en esta encrucijada porque la única manera que tiene la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) para luchar es el paro. Y el gobierno está acostumbrado al paro. Pero este año estamos en pandemia, o sea no sé que pretenden”, dice Goeppinger alarmada ante un paro que afectará sólo asuntos administrativos, para no comprometer la salud de los ciudadanos.

[cita tipo=»destaque»] Este jueves 12 de noviembre, la Asistencia Primaria de Salud (APS) -constituida por CESFAM, CECOSF, SAPU, CESAM, COSAM y UAPO- se fue a paro nacional luego de recibir la peor propuesta de presupuesto per cápita de los últimos diez años para 2021. En 2020 fue de $7.211 pesos para cubrir la salud de cada persona de cada comuna. La nueva oferta lo subiría a $7.373 pesos, cosa que ni siquiera se ajusta al alza anual del Indice de Precio al Consumo. Además, rompe el propio compromiso hecho por el gobierno después del estallido social, de subirlo a al menos $8.500 pesos.[/cita]

Este martes 10 de noviembre, La Araucanía batió récord de personas hospitalizadas por covid-19 desde el inicio de la pandemia, con 190 personas internadas en diversos establecimientos asistenciales. Aquí el rebrote no amaina como sí lo hace en el resto del país. Al 13 de noviembre las cifras indican  14.630 infectados totales y 181 fallecidos. Hablamos de la región con mayores índices de pobreza en Chile, de acuerdo a Casen 2017.

“Menos mal que ocurrió el estallido”

La crisis de la salud primaria en Chile es histórica. Como aún no es un derecho garantizado por la Constitución, el principal mecanismo para mejorar los presupuestos han sido los paros que cada año deben hacer los funcionarios.

El estallido social fue relevante. Recién entonces el aumento del monto per cápita se instaló como necesidad a responder en la agenda social corta de Piñera. Se pasó de la propuesta de gobierno más baja de los últimos 10 años a la más alta de los últimos 10 años y se consiguió el compromiso de llegar a los $10.000 pesos per cápita en 2022, que era lo que el gremio consideraba lo mínimo para cubrir las necesidades más básicas.

“Menos mal que ocurrió el estallido. Si no, hubiésemos tenido un escenario mucho más complejo al inicio de la pandemia en las comunas más pequeñas”, reconoce Carlos Mena, trabajador del Cesfam de Victoria, dirigente nacional de Confusam y presidente regional de la Ferfusam IX región.

La pérdida de la primera colega en una región descabezada

El inicio de la pandemia fue especialmente duro en La Araucanía. Tan solo una semana después de la confirmación del primer caso en la región, la Seremi de Salud Katia Guzmán dio positivo, tras una serie de reuniones por la pandemia. Esto dejó casi totalmente sin autoridades a la región: debieron hacer cuarentena el intendente Victor Manoli, el director de la Onemi, el jefe de Defensa, nueve Seremi, ocho alcaldes, el equipo directivo del Hospital de Angol y un importante número de periodistas.

Simultáneamente, los gremios locales como la Asociación de Funcionarios de Salud de Atención Primaria (Afusam) y la Federación de Funcionarios Salud Municipal (Ferfusam) denunciaban la falta de Elementos de Protección Personal (EPP) y el Hospital de Temuco comunicaba oficialmente el desabastecimiento.

El 28 de marzo se declaró la cuarentena total de Temuco y Padre Las Casas, con un 9% de los casos confirmados del país (177 de 1.909). Fueron las primeras comunas fuera de la Región Metropolitana en hacer uso de esta medida. La región de La Araucanía se posicionaba como la segunda con más contagios del país.

“No sabíamos cómo encausar nuestra actividad. Tuvimos que preguntar qué estaba pasando en los centros de salud de otras comunas y nos fuimos adaptando a nuevos sistemas de turnos y prestaciones mínimas”, recuerda Carlos Mena desde el Cesfam de Victoria.

La Seremi de Salud es la institución fiscalizadora, que vela por el cumplimiento de la legislación en salud y las normativas vigentes. “Deberían haber estado yendo a las comunas a ver si los espacios de trabajo eran adecuados o si había agua, electricidad, conectividad, elementos de protección y móviles en buen estado”, explica Mena antes de continuar:

“El silencio de la Seremi fue absoluto durante los peores meses del coronavirus. Recién nos pudimos juntar con ellos en agosto y tuvimos que pedir esa reunión por Transparencia y por Ley de Lobby. En otras regiones fue distinto”.

Por su parte los Servicios de Salud Norte y Sur (velando por las provincias de Malleco y Cautín respectivamente) tienen un vínculo administrativo más directo, siendo responsables del traspaso de recursos del ministerio de Salud y de la evaluación de los compromisos de gestión. Mena explica que no bajó las exigencias a pesar de la crítica situación: “Tuvimos conflicto porque el Servicio no entendió que en esta dinámica de pandemia tenía que adaptar instrucciones ministeriales de acuerdo a la realidad de las comunidades, porque no era lo mismo cumplir sin covid-19 que con covid-19”.

Agregó que hubo diferencias entre la gestión de cada una de las dos provincias de la región: “El Servicio de Salud Norte estuvo descabezado también por varios meses, se les hizo una acusación y quedó suspendido. Hace tiempo no funciona bien. Entonces las directrices mayores no bajaron. En el Servicio Sur estaban más compenetrados en el equipo de trabajo y por lo menos había actividad. En el Norte no pasaba nada”, explica Mena sobre la gestión de Alejandro Manríquez que ha recibido acusaciones de faltar a protocolos de seguridad y de irregularidades en la adquisición de bienes.

Empezaron a aparecer los primeros casos de compañeros infectados. A fines de abril se sobrepasó los 70 funcionarios contagiados en la región. Y entonces, el 29 de abril falleció la primera trabajadora de salud del país. Se trataba de la encargada del mesón de atención del Cesfam de Lastarria, en Gorbea al sur de La Araucanía: Lorena Duran.

“Ese fue el momento más complejo”, lamenta Mena. “Ocurrió una negligencia muy grande, porque desde el gremio de trabajadores entregamos un documento a toda la dirigencia de base con directrices -como que aquellos que tenían factores de riesgo se tenían que retirar, que se tenían que adaptar a sistemas de trabajo de turno, limitar prestaciones, evitar aglomeraciones en los centros-. Y uno de los departamentos de salud que puso mayor resistencia fue el de Gorbea, que hizo ir a trabajadores en riesgo sin dar permisos especiales”.

Gorbea no tenía ninguna obligación de seguir esas directrices entregadas por Ferfusam: “En ningún momento hubo una bajada de información de cómo se debería manejar en los territorios la pandemia, cómo se debían reorganizar los centros de atención primaria, etc. Nosotros asumimos ese rol pero sin ser autoridad sanitaria, sino organización de trabajadores”, explica el dirigente sobre cómo intentaron llenar el vacío dejado por la Seremi de Salud.

Héctor Alejandro Muñoz era el compañero de Lorena hace cinco años en el mesón de atención al público en el Cesfam de Gorbea. “Éramos yuntas. Compartíamos todo y nos repartíamos la pega: a ella le costaba gestionar bloques horarios, pero era excelente para las llamadas porque conocía a todo el mundo y todos la querían”.

“Cuando falleció Lorena nos llamaban a nivel nacional. Fue muy bonito. Llegaron videos de toda la atención primaria a nivel país. Pero nunca recibimos un llamado de la Seremi ni del Ministerio, por lo menos al Departamento de Salud”.

Muñoz trabaja solo desde entonces. No han reemplazado a Lorena: “Supuestamente no se justifica en este momento traer a otra persona. Estoy cansado. En el ámbito laboral aquí no se han cumplido plenamente los protocolos de Covid: al principio había escasez de EPP, ahora aún no hay donde almorzar y los espacios son reducidos. Ha habido dos cuarentenas de funcionarios y somos los mismos dando vueltas. No ha habido bonos ni descansos. Yo manejo 17 kilómetros todos los días, ida y vuelta”.

A partir del fallecimiento de Duran, se confirió un seguro Covid a los trabajadores de la salud de alrededor de siete millones de pesos, pero que no satisface al director de Ferfusam Araucanía: “Lo consideramos bastante insuficiente”.

Relatos del abandono a campo abierto

Otro punto clave este año fue que los elementos de protección personal no tienen un financiamiento específico. “Asumir una pandemia con el financiamiento que teníamos y con precios de $50.000 pesos por cada caja de mascarillas era imposible. Lo que los Departamentos de Salud tuvimos que hacer fue reconvertir los financiamientos que teníamos para ver de qué forma costear los EPP. Ahí nos tocó como equipo comprar una partida. Luego ayudaron donaciones que se solicitaron a instituciones, los municipios y finalmente llegaron los dineros que aportó el gobierno regional. En Collipulli usamos 80 millones de pesos”, explica Aaron Seguel, dirigente del Afusam local en la zona norte de la Araucanía.

Este abandono no surgió en esta contingencia, agrega: ‘‘En las comunas siempre tenemos que hacer gestiones desde lo nuestro e ‘improvisar’ para armar con lo que nos mandan, y más que cumplirle al ministerio, cumplirle a la gente con la salud que les corresponde como derecho humano. Araucanía siempre ha sido el hermano pobre de Chile en financiamiento’’, manifiesta por su parte Aaron Seguel, representante de Afusam Collipulli.

El gran problema histórico de los APS es que el Ministerio de Salud no contempla factores sociales ni territoriales. O sea, el financiamiento per cápita sólo contempla la cantidad de habitantes, sin diferenciar entre comunas grandes, chicas, ricas, pobres, urbanas o rurales. Y es tan bajo que ni siquiera permite contratar a sus empleados, que en gran parte deben trabajar a honorarios.

“Siempre tenemos que desdoblarnos para cubrir nuestra población. A veces llegaban personas con lumbago que tenían que caminar dos horas para que yo le hiciera una hora de ejercicios: ¡Quedaban peor!”, recuerda Seguel, antes de comparar con la contingencia actual: “Ahora con pandemia esta precariedad se nos fue a la chuña. Vamos nosotros a domicilio, con lo cual 15 atenciones presenciales se traducen en cinco por las distancias. Tengo usuarios que están a 190 kilómetros y de una casa a otra hay 20 km, con media hora de viaje. Y a veces no tienen agua o luz”.

En cuanto a las particularidades culturales del pueblo originario mapuche, funcionarios de las comunas donde esta es predominante como Puerto Saavedra, Lonquimay y Curarrehue coincidieron en que hubo buena comunicación y cuidado gracias a los centros de salud interculturales, con cancelación responsable de ceremonias multitudinarias: “No hemos tenido problemas con personas de cultura mapuche. La gente del campo si bien es más vulnerable, también tienen la otra parte que es que su cultura es de subsistencia, entonces tienen sus propios recursos de autocultuivo y ganado para sustentarse y evitar los viajes a las comunas”, explicó Loreto desde Curarrehue.

“No tenemos las capacidades para abrir los centros de salud. No tenemos el financiamiento, los espacios, las condiciones, los tiempos ni la cantidad de profesionales, para enfrentar el contexto. La construcción del per cápita se construye en base a ciertos indexadores que no representan la realidad. La salud rural requiere un financiamiento para salud rural, no se puede seguir financiando de la misma manera que una zona urbana”, demanda Jorge Hernández desde la comuna de Puerto Saavedra, la quinta con mayores índices de pobreza en Chile y con un 80% de población mapuche de acuerdo al Censo 2017.

Hernández describe la enorme gestión de los funcionarios de atención primaria para comprender y poner en acción la prevención epidemiológica: ‘‘El ministerio se enfocó en los ventiladores, en distribución de recursos, en la UCI, pero no se enfocó en la causa del contagio, en los grupos de riesgo ni en las determinantes sociales. Tendríamos que haber tratado de distintas formas los factores gatillantes: un trabajo previo que nosotros ya estábamos realizando antes y que el Ministerio de Salud no conoce’’.

“Lejos de sentir empatía, hemos sentido la presión de Seremi y el Servicio de Salud que quieren que rindamos. Llegamos a un punto donde dijimos ‘qué hacemos’. Porque, perfecto, salimos a terreno, pero resulta que no teníamos autos. La cosa se movió más en base a voluntades que a otra cosa. Nos tocó organizarnos para resolver la contingencia. Pero muchos trabajadores se ven afectados en su salud mental al sentir esta sensación de inseguridad futura”, relata Loreto desde Curarrehue.

Carlos Mena afirma desde Victoria que si bien el objetivo de este paro es subir el per cápita a $10.000 pesos para cubrir las necesidades inmediatas, paralelamente se preparan para la Convención Constitucional: “En Ferfusam por primera vez estamos tensionando el espacio sindical para que los trabajadores entremos en la disputa del poder y tomemos posición política no partidista, porque tenemos que respetar los márgenes de autonomía. Estamos discutiendo la posibilidad de llevar candidatos independientes a la constituyente”.

“Vemos el proceso constituyente con toda la esperanza para asegurar que la salud sea un derecho. Chile tiene las capacidades económicas. La plata está. El problema es que hay que cobrársela a la gente que hay que cobrársela, a nivel de impuestos internos” concluye Loreto desde el Cesfam cordillerano.

¿Y los Hospitales? Colapsos y aperturas en tiempo récord

Al 8 de octubre, el Hospital Hernán Henriquez Aravena sumaba un total de 181 funcionarios contagiados, de los cuales 52 estaban activos.

“Nos vamos a quedar sin personal para atender. Va a haber un ausentismo importante porque los colegas se están enfermando. Si el ministerio no inyecta más en recursos humanos para poder contratar más gente y armar un sistema de turnos más saludable, ¿qué hacemos?¿cerramos camas?”.

La enfermera del Hospital Regional de Temuco y directora nacional de la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Fenasenf, Soraya Sanzana, bajó seis kilos y mantiene un trastorno de sueño desde marzo a causa del estrés y exceso de trabajo que tuvo que asumir ante esta pandemia.

“Si hay ausentismo, los que quedamos tenemos que hacer horas extra, y no nos da. Esto en otros países no es normal”, advierte Soraya sobre una situación que apenas se sostiene. “El trabajo en equipo ha sido fundamental. La salud pública ha dado muestras de que tiene todas las capacidades. Estamos ahí independiente de pagos y bonos. Pero no podemos trabajar enfermos. Ya sabemos que esto se va a alargar, así que necesitamos tener espacios para bajar los niveles de ansiedad”, concluye.

Durante el primer mes de pandemia, se registraron casos de robo de elementos de protección personal en diversos centros de salud. En el hospital de Angol la PDI investigó la desaparición de 600 mascarillas, luego de la cual se liberó un brote del virus que nació en el mismo piso del que fueron robadas.

Carla Montero (identidad real no revelada), enfermera de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital de Temuco, denuncia que allí también hubo fuga de EPP en los momentos de mayor colapso, aunque no se denunció formalmente: “Faltaban todas las cajas de guantes, pecheras y mascarillas. Se lo habían robado todo. Y teníamos dudas de si se iba a poder suplir, porque sabíamos que el hospital funciona con deuda con los proveedores”.

“Los Hospitales compran con deuda. En 2019 hicieron su compra para 2020, y después, cuando llegó la pandemia y tuvieron que comprar materiales extra, necesitaban que el ministerio de salud abriera el presupuesto para pagarles la deuda con los proveedores. Hay que modernizar el sistema de compra”, urge la dirigenta Soraya Sanzana.

Un hito elemental para las comunas urbanas de La Araucanía fue la apertura en tiempo récord del Complejo Asistencial Padre Las Casas. Fabian Sepúlveda trabajaba en Santiago cuando lo seleccionaron para ocupar el puesto de enfermero supervisor de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del nuevo recinto, que abriría en octubre:

“Me llamaron para venir cuando Temuco ya había entrado en cuarentena a fines de marzo. Mi hermano tuvo que ir a buscarme a Los Ángeles, que es hasta donde llegó el bus. Llegué el dos de abril y no había nada. La infraestructura todavía no estaba terminada. Entonces el ministro Mañalich pidió la apertura del hospital cuanto antes”, cuenta Sepúlveda sobre cómo en dos semanas un equipo totalmente nuevo tuvo que crear la UPC.

“El 14 de abril se abrió la unidad y el 22 recibimos a nuestro primer paciente. Pudimos afrontar el desafío. Ahora tenemos ocho camas habilitadas que han estado siempre ocupadas. Si lo logramos, fue gracias al trabajo colaborativo entre el equipo y con otros hospitales”, reconoce Sepúlveda enfatizando lo que fue el punto en comun de las decenas de entrevistas realizadas a funcionarios y funcionarias de toda la región: su organización voluntaria y el trabajo conjunto con instituciones locales evitó que la pandemia alcance una gravedad peor en este territorio donde la vulnerabilidad social asola.