Opinión
Establecer un acuerdo entre todos los partidarios del Apruebo es perfectamente posible dando adecuada representación en las listas, tanto a las organizaciones partidarias como a los representantes de la sociedad civil, asegurando también la posibilidad de alcanzar la mayoría de los 2/3 en la Convención Constituyente. Ello permitiría además garantizar un número mayor de candidaturas a los representantes de la sociedad civil que a los de las agrupaciones políticas, acogiendo a partidarios de causas muy legítimas, como las del medioambiente, el feminismo, la descentralización, los pueblos originarios y los Derechos Humanos.
El 11 de enero próximo termina el plazo para inscribir a los candidatos a convencionales que redactarán la nueva Constitución. Esta debiera establecer otras bases institucionales para superar la profunda crisis que hoy nos afecta. La Constitución de 1980 fue una pieza central para asegurar dos objetivos que persiguió con ahínco la dictadura: refundar la sociedad chilena sobre la base de los intereses de los grandes grupos económicos y asegurar que sus principios sobrevivieran al mismo régimen autoritario. Para ello buscó reducir el espacio de la soberanía popular, aumentando la influencia de instituciones no designadas democráticamente, como el Consejo de Seguridad Nacional o el Tribunal Constitucional, colocados por encima de los órganos emanados de la soberanía popular, empezando por el Gobierno y el Congreso.
Chile pasó a ser técnicamente, en virtud de esos criterios, un régimen político semidemocrático, lo que resultó imposible de corregir durante 30 años porque el cambio de la Constitución tenía un quórum inalcanzable de 2/3, y esta solo podía modificarse en sus detalles vía pactos políticos que aprobara la derecha. Fue solo la rebelión social, iniciada en octubre de 2019, la que nos ha permitido tener una nueva Constitución.
[cita tipo=»destaque»] A mayor dispersión, menor representación, de tal modo que, como los estudios serios de simulación electoral lo confirman, una dispersión del Apruebo puede incluso darle a la derecha unida una mayoría en la Convención Constituyente, pese a tener menos votos en total. Con eso se sepultarían las expectativas de tener un contrato social para un nuevo país democrático.[/cita]
Un proceso constituyente supone siempre la superación de etapas y obstáculos. En este caso, se plantearon tres: dos plebiscitos, uno para aprobar la realización de una nueva Constitución y otro de término para ratificar su texto y, si la primera propuesta era aprobada, una elección intermedia para elegir a sus redactores. La consulta del 25 de octubre tuvo un desenlace tan esperanzador como inesperado, pues con casi un 80% de apoyo dio lugar a la mayoría política más alta de toda nuestra historia.
Esto nos llevó a un día de alegría y esperanza que recordó al triunfo del No en el plebiscito de 1988, pero solo unos días después se inició un proceso absurdo de fragmentación del gran bloque del Apruebo y aparecieron posibles listas de uno o varios partidos de oposición, así como de organizaciones de independientes. La derecha, entretanto, anunció un férreo acuerdo unitario y en un mensaje interferido a Pablo Longueira, resumió su postura afirmando que con 1/3 más uno de los constituyentes, tenían un poder de veto sobre todo el proceso. En esto tenía razón, pues el alto quórum para aprobar cualquier idea de la nueva Constitución, fue la suprema garantía que la derecha estableció en esta negociación para hacer posible este proceso.
El funcionamiento del sistema de cifra repartidora en los mismos 28 distritos que se usan para elegir diputados, exige que la unidad de todos quienes comparten una misma posición sea la fórmula que les garantice el mayor número de representantes. A mayor dispersión, menor representación, de tal modo que, como los estudios serios de simulación electoral lo confirman, una dispersión del Apruebo puede incluso darle a la derecha unida una mayoría en la Convención Constituyente, pese a tener menos votos en total. Con eso se sepultarían las expectativas de tener un contrato social para un nuevo país democrático. Tampoco podríamos responder a las demandas de poner término a los abusos y la disminución de las desigualdades que resume las objeciones que la extensa mayoría ciudadana del Apruebo ha hecho al sistema político chileno.
Establecer un acuerdo entre todos los partidarios del Apruebo es perfectamente posible dando adecuada representación en las listas, tanto a las organizaciones partidarias como a los representantes de la sociedad civil, asegurando también la posibilidad de alcanzar la mayoría de los 2/3 en la Convención Constituyente.
Ello permitiría además garantizar un número mayor de candidaturas a los representantes de la sociedad civil que a los de las agrupaciones políticas, acogiendo a partidarios de causas muy legítimas, como las del medioambiente, el feminismo, la descentralización, los pueblos originarios y los Derechos Humanos. Una plataforma común solo debe referirse a los temas genéricos, pues en el detalle de cada uno de ellos es razonable que haya diversas fórmulas específicas que en su momento hay que concordar.
Está de más señalar, por último, que un fracaso de los amplios sectores democráticos y un veto conservador que nos deje sin una nueva Constitución, abre un escenario que puede ser crítico y peligroso para el futuro de Chile, que se hace necesario evitar. El llamado a exigir una Lista Única de los adherentes del Apruebo es urgente e indispensable. Debe ser hecho desde todas las organizaciones sociales y abarcar a todas las fuerzas políticas democráticas. En los días que vienen hay que imponer, mediante una presión sobre los tomadores de decisiones, el interés profundo de Chile y de su pueblo para llegar, el 11 de enero próximo, con listas unitarias en los 28 distritos que nos permitan refrendar el espíritu del 25 de octubre.
