Demasiadas interrogantes dejan los muertos en La Araucanía

Los luctuosos sucesos de la semana pasada en La Araucanía, con dos personas muertas y numerosos heridos en dos hechos casi simultáneos, plantean interrogantes que dificultan una apreciación certera sobre lo que efectivamente está ocurriendo allí, y acerca del fallido y bochornoso despliegue policial y de inteligencia que hace el Gobierno en la zona.

Cualquiera pensaría que el cuidado gubernamental por la estabilidad y control en esa zona, tiene permanentes planificaciones atentas y prolijas, pues se trata de una de las áreas de mayor riesgo de seguridad del territorio nacional. Pero, lamentablemente, todo indica que no es así.

El verdadero desastre en que terminó un masivo operativo de la PDI en las comunidades indígenas de Temucuicui, con muertos y heridos, en una confusa, vasta y fallida diligencia policial, demuestra que no existe ingeniería de detalle en los operativos que allí se llevan a cabo. Siempre se ven rodeados de hechos concomitantes confusos, en este caso, la lectura de la sentencia del caso Catrillanca y el aún no aclarado asesinato de un empresario agrícola de la zona, hecho que se repite con periodicidad irritante.

[cita tipo=»destaque»]El crimen organizado y el narcotráfico se han manifestado ya, de manera cierta, en muchas partes del país, poniendo en jaque la acción policial en diversas oportunidades. Por ello, no puede descartarse la posibilidad de que los delincuentes efectivamente busquen articularse a problemas sociales para controlar territorios, que faciliten sus actividades criminales. Tienen recursos y experiencia. Pero de ahí a –sin ninguna finura ni cuidados políticos– hacer un mix entre demandas étnicas y crimen organizado, es un acto de irresponsabilidad e ignorancia sobre la seguridad en la gobernabilidad democrática.[/cita]

El cúmulo de declaraciones ambiguas, tanto de las autoridades políticas del Ministerio del Interior como del director general de la Policía de Investigaciones, indica que el riesgo nacional en materia de seguridad es más intenso y grave de lo que se pensaba.

Es imperativo y urgente que el crimen del empresario agrícola y el desastroso operativo policial de la PDI en Temucuicui (aunque –aparentemente– muy distintos entre sí) sean prontamente aclarados y explicados ante la opinión pública por las autoridades competentes. Hubo errores políticos, de inteligencia, de apreciación táctica operativa y todos juntos y bien revueltos.

No es posible que una operación de esa envergadura, con más de 800 policías y apoyo aeropolicial, tenga fallas de percepción estratégica sobre sus riesgos. Ello, evidentemente, es responsabilidad del Ministerio del Interior y también del ausente Delegado Presidencial de Coordinación, recientemente designado en La Araucanía, y no solo imputable al Ministerio Público y la PDI.

Al parecer, la inteligencia de base territorial, que teóricamente es de Carabineros, no se habría entregado, aunque es posible que sea precaria o no exista. La orden de actuar se dice que provino de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, pero también se ha hablado del fiscal de Collipulli, según lo declarado –confusamente– por las autoridades.

Al parecer, las cosas se hicieron con “piloto automático” y nadie evaluó realmente los riesgos y el Ministerio Público actuó como si se tratara de delitos de bagatela. Por lo que este organismo tiene que explicar al país por qué no le tomó el peso a la decisión de la Fiscalía local o de Alta Complejidad.

Y el ministro del Interior, junto con el delegado presidencial en la zona, tienen que hacer lo propio sobre por qué los evaluadores políticos del Ministerio del Interior no previeron el riesgo, pese a que hacía ya ocho meses que se preparaba el macrooperativo, con una parte importante de toda la fuerza nacional de la PDI (que depende de Interior).

La acción gubernamental de vincular narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado con el tema mapuche, puede resultar en el camino más directo para transformarlo en algo irreductible en la seguridad del país. El crimen organizado y el narcotráfico se han manifestado ya, de manera cierta, en muchas partes del país, poniendo en jaque la acción policial en diversas oportunidades. Por ello, no puede descartarse la posibilidad de que los delincuentes efectivamente busquen articularse a problemas sociales para controlar territorios, que faciliten sus actividades criminales. Tienen recursos y experiencia. Pero de ahí a –sin ninguna finura ni cuidados políticos– hacer un mix entre demandas étnicas y crimen organizado, es un acto de irresponsabilidad e ignorancia sobre la seguridad en la gobernabilidad democrática.

Luego del descontrol de Carabineros en el «Pacogate» y en otros casos de relevancia pública, la reserva de eficiencia policial del país parecía estar en la PDI, cuyo sello es eminentemente investigativo. Sean cuales fueren las conclusiones de sus investigaciones en el área, el dictado operativo de un procedimiento así no podía realizarlo ella sola. No tenía ni la capacidad ni el entrenamiento para hacerlo. Y tampoco está en su misión. Técnicamente, para lo que se intentaba hacer, se requería de una fuerza más pequeña, más dotada en lo técnico, que aprovechara todas las ventajas tecnológicas y de información de que se dispone, hacerlo a una hora adecuada, de manera veloz y sin distractores sociales, entre otras cosas. Pero, definitivamente, no como se hizo.

Lo hecho ha dejado en evidencia, además, que la apreciación de inteligencia y la coordinación de capacidades entre las policías, no es una virtud en el país. Cada una de ellas actúa como una corporación privada, que antagoniza con la otra, sin que nadie las coordine eficazmente.

Que hubiera armas y resistencia en los objetivos era previsible, dados los ocho meses de preparación previa y la magnitud de los recursos utilizados. El problema es que la apreciación táctica requiere previamente de inteligencia, y esta se elabora en primer lugar para quien debe tomar la decisión de actuar, el cual pide que se elaboren los escenarios posibles para decidir.

Aquí nada de esto ocurrió. Esa cadena está rota, mientras recrudecen los actos de violencia, no solo en La Araucanía, sin que nadie se haga responsable más allá de la ideología de las frases y los lamentos, y alguna cuantas iniciativas de “populismo legislativo”.