Opinión
Las tareas de sistematizaciones de los debates ciudadanos sobre conceptos complejos como los derechos constitucionales, permiten revelar cómo la ciudadanía no se sujeta necesariamente al poder ideacional de las élites en sus diversas formas e, incluso, puede aparecer un poder ideacional ciudadano, visibilizando nuevas problemáticas y propuestas. En la medida que los procesos participativos que van de la mano de procesos de reemplazo constitucional generen sistematizaciones serias, puede indagarse más profundamente en el real aporte que significan estos procesos para el debate constitucional. La poca relevancia que hoy se le asigna, ha ido de la mano de estudios que no ahondan en los debates específicos generados por la ciudadanía.
Algo tienen en común los llamados del diputado Guillermo Teillier a “rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional” y la propuesta de varios parlamentarios –de Gobierno y oposición– para establecer sesiones secretas en el reglamento de dicha Convención. Ambas propuestas, aunque aparentemente antagónicas, son ejemplos de la asentada idea que tiene la elite política sobre el papel instrumental y accesorio de la participación ciudadana en los procesos constituyentes. Vale decir, la opinión de los ciudadanos sirve como una suerte de reafirmación de los discursos que sustenta la elite política en materia constitucional.
Esta suerte de minimización de la autonomía ciudadana para articular su propio juicio, opera tanto para quienes creen que se puede manipular mediante un discurso seductor, como para quienes desconfían del juicio ciudadano y quieren reducirlo a la mínima expresión. En ambos casos, nos encontramos con la desconfianza en la capacidad de la ciudadanía por formar sus propios juicios, de manera autónoma e independiente.
Esta mirada instrumental de la participación ciudadana, surge a nuestro juicio de la falta de estudios en la materia. Esto, a pesar de que se hace cada vez más frecuente la incorporación de mecanismos de consulta ciudadana en los procesos de reemplazo constitucional.
[cita tipo=»destaque»]De ahí que se equivocan quienes creen que, dotar de participación ciudadana al proceso constituyente, significará desequilibrar hacia un lado el debate de la constituyente. Pensamos todo lo contrario, la ausencia de un proceso participativo de envergadura contribuirá a que los grupos de interés busquen monopolizar el sentir de la ciudadanía, como ha ocurrido tantas veces, e impedirá la necesaria reformulación de una deliberación ciudadana que se reconecte con nuestras alicaídas instituciones.[/cita]
Es así que en los casi treinta procesos participativos de reemplazo constitucional en el mundo, que se vienen sucediendo desde la década de los sesenta, se han realizado varios estudios que abordan la interacción de la elite política y las opiniones de la ciudadanía en materia constitucional. No obstante, ninguno de ellos ha logrado profundizar en las interacciones que se generan en temáticas concretas y sólo llegan a caracterizaciones generales.
Esto es lo que quisimos analizar en el artículo “El debate constitucional sobre el derecho a la educación que impactó en la ciudadanía”. Esto se puede hacer gracias al procedimiento de registro de la información de los diálogos ciudadanos, realizados en el marco del “proceso constituyente abierto a la ciudadanía” que condujo el segundo Gobierno de Bachelet en 2016. Así, se pudo contar con la opinión de la ciudadanía de manera directa, sin mediar intervención de terceros y en texto abiertos.
Nuestro objeto de análisis fue el derecho a la educación, no solo por ser el tema que concitó mayor participación, sino porque fue también el tema donde más se desarrolló una sistemática campaña mediática por los partidos y las organizaciones sociales.
De los 5.291 comentarios estudiados, se puede desprender una posición mayoritaria de la ciudadanía por un derecho constitucional de la educación, que reconozca mayor presencia pública. Sin embargo, con igual fuerza, la ciudadanía manifiesta posiciones propias y autónomas, particularmente al sentido que se le da a la calidad de la educación. Esto, porque en opinión de la ciudadanía, la demanda de calidad puede cumplir un rol equívoco a lo menos, donde podría ser satisfecha por una educación con orientación a lo público o, bien, por una educación provista por privados y garantizada por estándares. En este sentido, pareciera que la ciudadanía que participó en los encuentros eleva a jerarquía constitucional una directriz que promueva la calidad y, en cambio, se divide entre quienes subordinan su realización a una esfera puramente legal o de políticas públicas y otros que quieren asegurarla, constitucionalmente, para retrotraer su mercantilización.
Las tareas de sistematizaciones de los debates ciudadanos sobre conceptos complejos como los derechos constitucionales, permiten revelar cómo la ciudadanía no se sujeta necesariamente al poder ideacional de las élites en sus diversas formas e, incluso, puede aparecer un poder ideacional ciudadano, visibilizando nuevas problemáticas y propuestas. En la medida que los procesos participativos que van de la mano de procesos de reemplazo constitucional generen sistematizaciones serias, puede indagarse más profundamente en el real aporte que significan estos procesos para el debate constitucional. La poca relevancia que hoy se le asigna, ha ido de la mano de estudios que no ahondan en los debates específicos generados por la ciudadanía.
De ahí que se equivocan quienes creen que, dotar de participación ciudadana al proceso constituyente, significará desequilibrar hacia un lado el debate de la constituyente. Pensamos todo lo contrario, la ausencia de un proceso participativo de envergadura contribuirá a que los grupos de interés busquen monopolizar el sentir de la ciudadanía, como ha ocurrido tantas veces, e impedirá la necesaria reformulación de una deliberación ciudadana que se reconecte con nuestras alicaídas instituciones.
