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IFE: malas decisiones políticas y peor diseño técnico

por 22 enero, 2021

IFE: malas decisiones políticas y peor diseño técnico
No repetiré la frase de la falta de calle de las autoridades, pero al menos hay un profundo desconocimiento de la realidad y una sobreideología teñida de técnica, que dan miedo. Pareciera que tenemos un Gobierno que no aprende, que insiste en beneficios insuficientes desacoplados de las necesidades sanitarias para enfrentar la pandemia, cargando en las propias personas el costo de la crisis y obligándolas a desatender sus mismas instrucciones sanitarias.
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En junio de 2020 se estableció un acuerdo entre el Gobierno y parte importante de la oposición, impulsado por el Colegió Médico, que convocó a un grupo de economistas que propusieron establecer un marco de 12 mil millones de dólares para hacer frente a los efectos sociales y económicos producidos por la pandemia. Luego de una negativa inicial del Gobierno, se estableció un espacio de negociación que terminó concordando un proyecto en el Congreso, que autoriza el uso de la misma cifra propuesta por el Colmed para 2020 y 2021, principalmente para inversión, reactivación de la economía, subsidios al empleo y otros.

En la misma lógica y en el marco de este acuerdo, se incorporó una glosa especial en la Ley de Presupuestos 2021 que parecía del todo razonable. Para evitar que el Gobierno siguiera llegando tarde, se estableció la facultad de que resolviera unilateralmente la entrega de beneficios, sin la necesidad de pasar nuevamente por el Congreso, de manera de reaccionar de forma rápida a los requerimientos que la evolución de la pandemia fuera demandando. Así, el Gobierno resolvió primero la entrega de los bonos de Navidad y ahora los nuevos IFE COVID y Bono COVID, anunciados para enero y febrero.

Resultaba razonable, por cuanto se esperaba que fuera una facultad bien utilizada y que el Ejecutivo hubiese aprendido de sus malas iniciativas y proyectos que fueron parcialmente –dentro de sus atribuciones– corregidos por el Congreso, sin recaer en el mal diseño de política e instrumentos que sus anteriores propuestas habían demostrado, tanto en la insuficiencia de sus diseños como en los serios problemas en implementación.

El creativo diseño técnico, toma como base la condición sanitaria en la que estuvo cada comuna en el mes anterior. Así, para el pago de enero de 2021 se considera el período comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre. Mientras que, para febrero de 2021, se tomará el período entre el 28 de diciembre y el 31 de enero. Si durante meses transversalmente se ha planteado la necesidad de disminuir la focalización, ahora el Gobierno superfocaliza. Si durante meses se ha planteado la automaticidad y simplificación de los mecanismos de entrega de beneficios como indispensables para hacer oportuna y eficiente su entrega, ahora el Gobierno vuelve al sistema de las postulaciones cada mes, desconociendo la brecha digital que afecta a la mitad de la población más vulnerable del país y con requisitos inentendibles.

Lamentablemente, esto no ocurrió y vemos la peor de las síntesis de malas decisiones políticas y peor diseño técnico.

Con los bonos de Navidad, el Gobierno inauguró en el plano económico la ya fracasada política sanitaria de una especie de cuarentena dinámica, entregando un bono de $25.000 por cada integrante del hogar (de acuerdo con el Registro Social de Hogares) y que haya sido beneficiario del sexto aporte del IFE. Sin embargo, el monto fue de $55.000 por persona de familias que viven en una comuna que haya estado en cuarentena (Fase 1) durante la última semana de noviembre (del 24 al 30 de noviembre). Esto, independientemente, por ejemplo, de que pudieran haber estado en cuarentena durante dos o tres meses antes. Técnicamente no es posible encontrar argumentos que sustenten una decisión de este tipo. Lo que hay es una decisión política de ahorrar recursos con un bono mayoritariamente exiguo y un monto mayor, pero muy baja cobertura. 27 comunas que en total equivalen a menos del 10 % del universo de beneficiarios.

Probablemente esta mala política pública resultó inadvertida en medio del segundo retiro de fondos de las AFP, por lo que el beneficio estatal pasó sin mayor importancia frente a los montos de los retiros de recursos propios.
Para enero y febrero, el Gobierno repite la fórmula con dos beneficios:

-El IFE COVID que se define como “un aporte que debe solicitarse cada mes para las familias que residan en comunas en fase 1 o 2 y que, estando por debajo del ingreso máximo establecido, cumplan con alguno de los siguientes requisitos: Pertenecer al 60% más vulnerable según el RSH; al menos un integrante del hogar beneficiario del sexto pago del IFE (sólo fase 1); al menos un integrante del hogar beneficiario del Subsidio Familiar (SUF) o usuario del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (SS y OO)". El monto de este beneficio también es variable según los periodos de tiempo en que una comuna estuvo en cuarentena. Si en el primer periodo la comuna estuvo cuatro semanas en cuarentena, cada integrante recibirá 100 mil pesos, y si es que la comuna estuvo en cuarentena entre 14 y 27 días, cada integrante recibirá 80 mil pesos.

-El Bono COVID es un “aporte que debe solicitarse cada mes para las familias que residan en comunas en fase 3 o 4 y que, estando por debajo del ingreso máximo establecido, tengan al menos un integrante del hogar que sea beneficiario del SUF o usuario de SS y OO”. El monto de este beneficio es de $25.000.

El creativo diseño técnico, toma como base la condición sanitaria en la que estuvo cada comuna en el mes anterior. Así, para el pago de enero de 2021 se considera el período comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre. Mientras que, para febrero de 2021, se tomará el período entre el 28 de diciembre y el 31 de enero.

Si durante meses transversalmente se ha planteado la necesidad de disminuir la focalización, ahora el Gobierno superfocaliza. Si durante meses se ha planteado la automaticidad y simplificación de los mecanismos de entrega de beneficios como indispensables para hacer oportuna y eficiente su entrega, ahora el Gobierno vuelve al sistema de las postulaciones cada mes, desconociendo la brecha digital que afecta a la mitad de la población más vulnerable del país y con requisitos inentendibles.

Pero peor aún, si con las cuarentenas dinámicas el Gobierno suponía que la circulación del virus podía determinarse territorialmente entre comunas, desconociendo la circulación natural de las personas, más aún cuando muchas de ellas se encuentran en las mismas ciudades, estos beneficios parecen sustentarse en el artificio de que los efectos económicos y sociales de la pandemia pueden referenciarse territorial y temporalmente. Es decir, dependen de que la comuna propia se encuentra en una determinada fase y que el efecto del tiempo es inmediato, o sea, la situación económica de personas y familias dependen de la fase en que actualmente está el lugar de residencia.

Cuesta encontrar mejores ejemplos que estos que reúnan en un mismo instrumento tan mala decisión política con peor diseño técnico. No repetiré la frase de la falta de calle de las autoridades, pero al menos hay un profundo desconocimiento de la realidad y una sobreideología teñida de técnica, que dan miedo.

Algunos ejemplos finales permiten mostrar la inconsistencia y lo insostenible del diseño técnico de estos “beneficios”. Una persona puede haber postulado al IFE COVID cuando su comuna estaba en fase 2 y cuando reciba el beneficio estar en fase 3 o, peor aún, solo pudo postular al Bono COVID por estar en fase 3 y cuando lo reciba estar en fase 1 o 2 o, residir en una comuna fase 3, pero trabajar en una comuna que se encuentre en fase 1 o 2. Las posibilidades son variadas y hacen, cada una, más ridículo y lamentable el diseño.

Si revisamos los beneficios entregados por el Estado durante la pandemia, todos y cada uno de los que pasaron por el Congreso fueron mejorados, a pesar del Gobierno, el que en cada tramitación acusó obstruccionismo de parte de la oposición. Estos últimos no pasaron por el Congreso producto del acuerdo de noviembre y son ejemplo de mal diseño.

Pareciera que tenemos un Gobierno que no aprende, que insiste en beneficios insuficientes desacoplados de las necesidades sanitarias para enfrentar la pandemia, cargando en las propias personas el costo de la crisis y obligándolas a desatender sus mismas instrucciones sanitarias.

La buena fe y la racionalidad no parecen tener cabida con autoridades que reiteran una y otra vez los mismos errores, que culpan al Estado de incapaz, cuando el problema es su propia arrogancia e incapacidad técnica, añadida a su propia incapacidad de escuchar.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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