Ingreso Mínimo Garantizado: ¿nada nuevo?

En las últimas semanas, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, ha planteado el tema de crear un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que concentraría los beneficios sociales que entrega el Gobierno a la población de menores ingresos, el cual sería financiado, en buena parte, con el término de los numerosos programas sociales que financia el Estado, los cuales tienen una serie de ineficiencias. De esta manera, mejoraría el bienestar ciudadano y se daría un paso hacia una mayor equidad.

Tal como ocurre en este tipo de iniciativas, las opiniones han divergido de una manera previsible. La más lesa es la que manifestó que el IMG ya existiría en la Ley 21.218 de abril de 2020, reflejando una escasa comprensión de la propuesta.

La reacción más entusiasta provino de los neoliberales más extremos que, en éxtasis, recordaron la propuesta de su líder Milton Friedman, cuando planteó el “Impuesto Negativo al Ingreso”, por el cual se establecería un monto básico en el país y los sectores pobres de la sociedad recibirían la diferencia entre su renta personal o familiar y el básico, el cual sería financiado con los impuestos que pagarían los que superaban el mínimo. Esta propuesta ha sido cuestionada desde varios puntos de vista: a) lleva al extremo las preferencias individuales de los miembros de la sociedad; b) no considera la existencia de bienes de uso común ni de externalidades en el consumo; y c) las necesidades se satisfacen en el presente, no existe el largo plazo.

Por otra parte, algunos sectores populistas han señalado que podría ser la base para establecer un Ingreso o Renta Básica Universal, que sustituiría los diferentes tipos de ayudas con que en Chile se favorece a los sectores de menores ingresos, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros que entregan diferentes beneficios en salud, pensiones, vivienda y educación. Por supuesto, el financiamiento de estas iniciativas descansaría en impuestos “a los más ricos” en este mundo sin escasez.

Los efectos más importantes de la propuesta son varios. En primer lugar, llamar la atención sobre un problema central del país que no ha sido resuelto, a pesar de que se conoce públicamente desde hace varios decenios: la existencia de una gama numerosa de programas estatales, especialmente en el área social, que son ineficientes, duplicados, burocráticos, que favorecen a segmentos específicos y no a otros con similares carencias, discriminatorios y de bajísima rentabilidad social. Muchos de ellos han sido evaluados por sucesivos Gobiernos y no modificados, a pesar de ser examinados en cada discusión presupuestaria. Su modificación o supresión perjudicaría a sectores políticos o gremiales que los “apadrinan” y hieren intereses específicos de manera profunda, mientas los perjuicios de quienes no los reciben son más difusos o incluso desconocidos. Entre los defensores deben incluirse a los administradores de su burocracia y los trabajadores relacionados con la actividad. Estamos en el mundo de lo “políticamente incorrecto”.

La implementación de este IMG tiene otros problemas que no se examinan con profundidad.

Hay un conjunto de programas que no se reflejan en transferencias monetarias o financieras, sino que van acompañadas por prestaciones de diferente tipo, tal como lo ha reflejado la CASEN. Puede ser relativamente sencillo darle carácter universal a prestaciones que pueden ser licitadas, como el desayuno escolar o rebajas en el transporte colectivo, pero no ocurre los mismo en la mayoría de otros programas en que la acción directa del Estado es esencial cuando presta el servicio, tal como ocurre con la salud pública o la educación, en que se caracteriza la prestación común. Un ejemplo nítido es la educación preescolar, en que la acción de la familia, la escuela y el Estado lleva a decisiones conjuntas y no a determinaciones meramente individuales.

Desde el punto de vista del financiamiento y la determinación de los beneficiarios, se requeriría confeccionar un catastro nacional de la población en que se refleje la situación de cada ciudadano, tanto de sus entradas como condiciones de vida, lo cual es complejo, tal como se ha observado en las insuficiencias que se aprecian en la actual Ficha de Protección Social, tan cuestionada. Este indicador no tendría un carácter permanente, pues esas categorías tienen continuos cambios en las diferentes variables en el tiempo, tanto en los ingresos como en la estructura familiar. Para simplificar el instrumento, se ha señalado que la condición de cada persona sea independiente de la fuente de su ingreso, sea laboral, de rentas financieras o pensiones. Otra variable a considerar es la evolución que tendría en el tiempo, dependiente de las variables económicas que experimente el país a través de los años. 

Por lo tanto, una tarea pendiente en la modernización del Estado consiste en enfrentar la necesidad de realizar una evaluación y reforma de los numerosos programas ineficientes que están operando, con el consiguiente ahorro de recursos humanos y financieros que el Estado puede destinar a necesidades prioritarias. Estimaciones parciales de este problema varían desde 250 hasta más de 400 iniciativas que sería necesario examinar en detalle.