Impactos Económicos y Sociales a un año de la pandemia por COVID-19 en América Latina y el Caribe

La rápida propagación de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las drásticas medidas de respuesta adoptadas por los gobiernos han golpeado fuertemente a la economía mundial, que en 2020 experimentó su mayor contracción desde la década de 1930 con la Gran Depresión. La pandemia interrumpió las cadenas de producción y el consumo en la mayoría de los países, deprimiendo la demanda global, y generando una caída del comercio internacional sin precedentes.

Todo ello ha generado graves consecuencias reflejadas en los niveles económicos y sociales en los países, tales como: la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en prácticamente todas las economías del mundo; la afectación en los niveles de comercio; la pérdida de millones de empleos; los aumentos en los niveles de pobreza y desigualdad en diversos ámbitos; y nuevas demandas sociales urgentes de atender.

De acuerdo al Banco Mundial (2021), en materia de crecimiento económico la pandemia significó una contracción mundial en el año 2020 de un 4,3%. Esta disminución fue ligeramente menos grave de lo que en un principio se había proyectado, debido principalmente a que la contracción de las economías avanzadas fue menos pronunciada de lo previsto, y a que la recuperación en China fue más rápida de lo anticipado. Destacan las caídas de importantes economías, tales como la de Estados Unidos (-3,6%), la Zona Euro (-7,4%), Japón (-5,3%), y China (+2%), siendo este último uno de los pocos países que experimentó una cifra positiva en medio de la enfermedad.

En el caso de América Latina y el Caribe, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2021), el comercio exterior tuvo en 2020 su peor desempeño desde la crisis financiera mundial de 2008-2009. Según las proyecciones de este organismo, el valor de las exportaciones regionales disminuyó un 13%, mientras que las importaciones se redujeron en 20%, evidenciándose un desplome en el valor de las exportaciones e importaciones de bienes y una fuerte reducción del comercio intrarregional de bienes, debido a la caída en la demanda y la baja integración comercial.

De acuerdo a este último organismo internacional, el PIB de América Latina y el Caribe disminuyó un 7,7% en 2020, la mayor contracción desde que se iniciaron los registros en 1900. El PIB retrocedió prácticamente en todos los países, y a nivel de agregados se observó una contracción promedio para América del Sur de 7,3%, para Centroamérica y México de 8,5%, y para el Caribe de 7,9% (10,8% si se excluye Guyana).

Lo anterior ha llevado a graves consecuencias económicas y sociales en la región, reflejadas en el aumento de la desigualdad y de las cifras de pobreza a un 37,3% de la población, y entre estas personas, el aumento de la pobreza extrema a un 15,5% de la población. A lo anterior, se agrega el cierre temporal de miles de colegios, afectando, en diferentes grados, a 160 millones de estudiantes, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Además, el COVID-19 significó una acelerada reducción de los servicios turísticos (especialmente en América Central y el Caribe), y del precio de las materias primas (situación agravada en América del Sur y México), y del empeoramiento en general de las condiciones financieras. De acuerdo con CEPAL (2021), la disminución de los precios de los productos básicos se tradujo en menores precios de las exportaciones, sobre todo en los países exportadores de hidrocarburos (-19%); en tanto, los exportadores de productos agroindustriales y mineros enfrentaron una caída más leve (-3%). Los volúmenes exportados se contrajeron en todos los subgrupos, ya que la crisis internacional redujo la demanda externa.

La región, sin duda, ha sido una de las más afectadas a nivel mundial. Las causas de ello radican en su propia naturaleza, marcada por economías en desarrollo de nivel de ingresos medios y bajos, escaso espacio de maniobra fiscal, altos niveles de deuda pública, elevada informalidad en el mercado laboral, y desigualdades estructurales en ámbitos tales como género, educación, territorios y economía digital. A lo anterior se suma que antes de la pandemia la región ya mostraba un bajo crecimiento económico: en promedio un 0,3% en el sexenio 2014-2019, y específicamente en 2019 una tasa de solo 0,1%.

Estos hechos ocurren, además, en un contexto de alta vulnerabilidad en la que vive una parte importante de su población, marcada por líneas de pobreza poco definidas, un gran número de trabajadores que se encuentran en economía informal, personas en situación migratoria irregular, problemas de registro de la información social para la asignación de beneficios y deficiencias en los sistemas de protección, evidenciados en la carencia en la cobertura de seguros de salud, en prestaciones de sustitución de ingresos y en prestaciones de desempleo.

Como ya se señaló en 2020, en América del Sur la caída promedio del PIB fue de un 7,3%, destacando, según CEPAL, la caída de economías importantes como son los casos de Argentina (-10,5%), Brasil (-5,3%), Colombia (-7%), Ecuador (-9%) y Perú (-12,9%).

En el caso de Chile, su economía se encuentra atravesando una de las mayores crisis económicas de su historia, con una caída del PIB el 2020 de un 6%; la pérdida de más de un millón de empleos; y un aumento en la pobreza absoluta que, de acuerdo con pronósticos de CEPAL, sería cercana a un 4%.

En tanto, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, INE (2021), la tasa de desocupación el 2020 alcanzó un promedio de un 10,7%, incremento que fue atenuado por la gran cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo y que postergaron o ralentizaron la búsqueda de este. Estas cifras implican un alza de 3,5 puntos porcentuales en la tasa y un aumento de 34,5% en la cantidad de desocupados en comparación con 2019. En las mujeres este indicador creció 2,9 puntos porcentuales y llegó a 10,9%, mientras que en los hombres anotó un alza de 3,8 puntos porcentuales, ubicándose en 10,5%.

A nivel de sectores económicos, los más afectados siguen siendo los servicios, principalmente aquellos intensivos en contacto personal, el turismo y el trabajo doméstico (actividades donde trabajan mujeres preferentemente), así como también otros sectores, como la construcción y comercio.

Desde el punto de vista sanitario, a fines de febrero, 6 de los 27 países con mayores muertes por cada 100 mil habitantes a nivel mundial se encuentran en la región: México, Perú, Panamá, Colombia, Brasil y Argentina. Las dificultades sanitarias y económicas no solo han evidenciado crudamente las desigualdades históricas existentes, sino que también han mostrado más claramente otras desigualdades relacionadas con aspectos vinculados a la economía digital, como lo es el acceso a la tecnología de la información y comunicación, posibilidades reales de aislamiento y de acceso a teletrabajo, entre otros elementos.

Todo lo anterior se expresa, además, en un contexto de países que presentan espacios fiscales acotados, debido a sus niveles de déficits fiscales y deuda pública previos, los cuales se han acrecentado a medida que la actividad económica se ha detenido. Ello, en un contexto de gran heterogeneidad de las condiciones fiscales de los países latinoamericanos.

Este acrecentamiento en el déficit y la deuda se ha intensificado producto de los paquetes importantes de medidas fiscales que los países han aplicado para paliar los efectos sociales y económicos de la crisis. Estos han incluido un fuerte componente de gasto público, lo cual refleja su importancia como instrumento para incidir en el bienestar de la población y reactivar capacidades productivas. Como consecuencia, se observa un incremento importante de los gastos totales en la región.

En América Latina, según CEPAL (2021), las erogaciones públicas de los gobiernos centrales alcanzaron un 18,1% del PIB en los primeros nueve meses de 2020, frente al 15,2% del PIB registrado en el mismo período de 2019, lo que equivale a un incremento de 2,9 puntos porcentuales del PIB.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, para este 2021, se prevé que la economía mundial crezca un 5,5% y la región de América Latina un 4,1%. Contribuirían a esta mayor recuperación las recientes aprobaciones de vacunas, cuya aplicación gradual irá permitiendo espacios de mayor movilidad; el respaldo adicional en medidas económicas y sociales en los países; y las políticas expansivas de algunas grandes economías con las que estos se relacionan comercial y financieramente. En este contexto, el FMI estima que la región retornará a los niveles previos de ingreso (es decir, antes de generarse la pandemia) el año 2023, y a los niveles previos de ingreso per cápita el año 2025 (FMI, 2021).

Las consecuencias económicas y sociales derivadas del COVID 19, requieren un actuar rápido, para evitar el paso desde una recesión a una depresión económica mayor, y a una profundización de la crisis en los países más pobres. La recuperación demanda que los Estados de la región desarrollen y/o continúen diseñando respuestas sólidas frente a la enfermedad, mediante diversas políticas. Desde el punto de vista sanitario, el financiamiento para la generación y provisión de vacunas o tratamientos frente a la enfermedad; medidas para evitar la propagación del virus; provisión de insumos críticos y gestión adecuada de los sistemas de salud. Desde los desafíos económicos y productivos: el apoyo a individuos, hogares y empresas; la producción de insumos críticos localmente; y, medidas de recuperación económica que busquen fomentar la recuperación del empleo, el emprendimiento y la inversión, a través de: programas amplios de inversión pública; incremento a la cobertura de los subsidios de contratación, con especial énfasis en jóvenes y mujeres; incremento y mayores facilidades para créditos otorgados a las pequeñas y medianas empresas ; e incentivos tributarios, entre otras medidas.

Es claro que, en el corto plazo, para la recuperación de la demanda interna se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas, expresadas no solo en las condiciones de liquidez de la economía, sino que también en las condiciones crediticias y de solidez de las instituciones financieras.

La caída en la producción y destrucción de empleos, requiere del desarrollo de políticas de reactivación significativas para proteger y crear empleos: aumento de las líneas de liquidez y mantención del recorte de la Tasa de Política Monetaria durante un importante periodo, contribuyendo a que el estímulo monetario se traspase en forma más expedita a las distintas tasas de mercado que determinan el costo de financiamiento de hogares y empresas; refinanciamiento de largo plazo para proveer liquidez inmediata a bancos y mercados monetarios; y, la generación de programas de compras de activos, compra de bonos bancarios y medidas de apoyo al flujo de crédito, entre otras.

Desde el punto de vista fiscal, hay que apoyar la acción monetaria y enfocar el gasto en el sector salud y en instrumentos de apoyo a la protección de la población más vulnerable y actividades económicas fuertemente afectadas, promoviendo una mayor eficiencia en el gasto, y velando por la sostenibilidad fiscal en el futuro.

De acuerdo con el FMI, la pandemia ha generado crecientes presiones fiscales que probablemente acarrearán un mayor nivel de deuda pública, bruta o neta, ya que incluso los países con activos financieros públicos deberán usar intensamente esos recursos. El debilitamiento de la posición fiscal y la desaceleración del crecimiento podrían afectar la confianza de los inversionistas y elevar el costo de endeudamiento, dado el aumento de las primas por riesgo, lo que limitaría aún más el espacio fiscal y podría generar dudas acerca de la sostenibilidad de la deuda en el caso de países que ya estén altamente endeudados.

Si bien ciertos países han logrado estabilizar moderadamente sus cifras económicas, la incertidumbre económica mundial es aún muy alta. Los impactos en la región pueden aminorarse o agravarse dependiendo de la evolución de la pandemia, la aparición de nuevas cepas, la agilidad para producir y distribuir vacunas, y de la robustez de los sistemas económicos y de protección social que los países han desarrollado.

De ser controlado el virus, la economía mundial comenzaría a mostrar repuntes hacia el primer cuatrimestre de este año, lo cual llevaría a que la política económica de los países evolucione desde medidas paliativas hacia medidas reactivadoras, especialmente en materia de creación de empleo y fomento de la inversión.

En el caso de la región, si bien la recuperación será desigual e incierta, distintas entidades, como el BID, FMI y la OCDE, han señalado que la pandemia puede ser la oportunidad para que América Latina implemente reformas estructurales que ayuden a incrementar los ingresos de las naciones, a reducir la informalidad y a disminuir la desigualdad.

El COVID-19 también enfrenta a los países a nuevas discusiones mirando el futuro, entre estas: acrecentamientos en los niveles de desigualdad en diversos ámbitos, capacidades y competencias de los sistemas de salud, eficacia y flexibilidad de los sistemas de protección social, equidad territorial, conectividad y teletrabajo, relaciones público-privadas, seguridad y eficacia de las cadenas de producción, protección de sectores estratégicos, relación con los gobiernos subnacionales, y la globalización y sus instituciones. Este último aspecto se torna muy importante en el control de la enfermedad mediante la cooperación internacional, plasmada en el reforzamiento del financiamiento del Fondo de Acceso Global para Vacunas (COVAX) y así acelerar el acceso a las vacunas en todos los países.

Todos, elementos que deberían ser considerados en un marco de acción que combine virtuosamente políticas económicas, sociales, sanitarias y ambientales.