Postergar o no postergar: el dilema de las elecciones del 11 de abril

Inesperadamente, tal como hace un año, se nos vuelve a plantear el dilema de realizar o no elecciones en un contexto de amenaza sanitaria como el que hoy vivimos. La cuestión de fondo es si las democracias pueden enfermar y, con ello, amenazar su capacidad para garantizar los derechos políticos en cualquier circunstancia. La primera respuesta sería que las democracias no pueden enfermar. No pueden ni deben dejar de garantizar los derechos de los ciudadanos en todo momento.

Sin embargo, hay también situaciones objetivas como la actual pandemia –o condiciones climáticas, ambientales o políticas– que obliguen a nuestras democracias a adaptarse a circunstancias adversas, para garantizar el ejercicio democrático de sus ciudadanos. Plantearlo como dilema supone, en cierto modo, una renuncia a priori a la solvencia de nuestra institucionalidad electoral para encontrar y ofrecer soluciones técnicas, organizativas y políticas al ejercicio democrático del voto.

[cita tipo=»destaque»]La decisión de posponer o mantener debe ser objeto de un consenso político y técnico amplio y trasversal, más allá de La Moneda. La duda es si el Gobierno puede o quiere buscar una solución que vaya en la dirección de mejorar la legitimidad de la decisión. La democracia tiene que dar una respuesta a su rol en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero se requiere de legitimidad política para que, cualquiera sea la decisión, tenga mayores niveles de aceptación, los que hoy objetivamente el Ejecutivo no está en condiciones de proporcionar.[/cita]

El dilema se vuelve a presentar con el avance de una nueva ola de la pandemia, que nos está golpeando ahora que experimentábamos avances significativos en el proceso de vacunación en el país. La decisión de mantener o postergar los comicios programados para el 10 y 11 de abril nos acecha nuevamente.

Disponemos, después de un año, de una diversidad de evidencia acerca de lo que hicieron otros países, ciudades, regiones o territorios enfrentados a este dilema. Nosotros mismos decidimos postergar el plebiscito desde abril a octubre de 2020. Sin embargo, a 18 días de la elección, nuevamente y como hace un año, no contamos con un procedimiento claro para tomar la decisión de mantener o posponer los comicios.

Complejiza la decisión el hecho de que no parece razonable que esta sea una medida que pueda tomar solo el Gobierno, más allá de sus facultades para hacerlo. Estas se ven limitadas por el dato de que el Gobierno carece de confianza y apoyo, en definitiva, de legitimidad política para tomar –en solicitarlo– tal decisión.

¿Cuáles debieran ser los criterios para tomar una decisión de este tipo? Evidentemente, se requiere que esta sea una combinación técnica (científica) y política. Hasta ahora, ha sido la ciencia la que ha tenido un mejor papel que la política para enfrentar la pandemia. De ahí la necesidad de ponderar esta dimensión en la ecuación sobre posponer o mantener la elección.

Entre las muchas variables hay tres que destacaría: 1) hay que determinar el alcance e intensidad de la pandemia, estableciendo si será compatible con un proceso de híperconcentración y presencialidad de los ciudadanos en los lugares de votación; 2) en relación con lo anterior, hay que tener seguridades acerca de la capacidad para garantizar el proceso electoral, que posibilite la seguridad sanitaria y política; y 3) para esta decisión, es condición sine qua non el consenso político entre actores involucrados.

El problema de fondo es que el Gobierno carece de legitimidad política para decidir por sí solo. De ahí que sea imprescindible que este convoque a una instancia amplia –que mezcle lo técnico con lo político– que ofrezca, con base en los criterios señalados y otros, una definición que tenga mayor legitimidad que la sola decisión gubernamental.

La decisión de posponer o mantener debe ser objeto de un consenso político y técnico amplio y trasversal, más allá de La Moneda. La duda es si el Gobierno puede o quiere buscar una solución que vaya en la dirección de mejorar la legitimidad de la decisión. La democracia tiene que dar una respuesta a su rol en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero se requiere de legitimidad política para que, cualquiera sea la decisión, tenga mayores niveles de aceptación, los que hoy objetivamente el Ejecutivo no está en condiciones de proporcionar.