Opinión
Si hay algo que ha caracterizado hasta ahora a este proceso electoral, ha sido precisamente la improvisación. La aprobación del proyecto que permitía que la votación se hiciera en 2 días fue un primer ejemplo de la escasa planificación de las autoridades para enfrentar un escenario, totalmente previsible, de agravamiento de la crisis sanitaria. Aunque el esfuerzo por controlar la pandemia por parte del Gobierno ha sido encomiable, en el caso de las elecciones se evidencia una ausencia de estrategia razonable y definida para abordar el proceso.
Imposible no asociar el reciente anuncio del Gobierno de aplazar las elecciones para el 15 y 16 de mayo, con el caótico inicio de la segunda etapa del Transantiago a comienzos del 2007 en el primer mandato de Michelle Bachelet. Las deficiencias en su planificación, diseño e implementación, generaron un colapso del sistema de transportes en la Región Metropolitana, que sucesivos gobiernos han intentado mejorar, pero cuyas consecuencias aún pagan los usuarios.
No muy distinto con lo que pasa en una de las elecciones más importantes de la historia del país: la elección de constituyentes. Aunque las motivaciones de fondo, como es el aumento de casos de COVID, son plenamente compartidas por una enorme mayoría de chilenos, yo incluido, hasta ahora el anuncio gubernamental deja más interrogantes y dudas que certezas sobre los escenarios que se abren.
Si hay algo que ha caracterizado, hasta ahora, a este proceso electoral, ha sido precisamente la improvisación. La aprobación del proyecto que permitía que la votación se hiciera en 2 días, fue un primer ejemplo de la escasa planificación de las autoridades para enfrentar un escenario, totalmente previsible, de agravamiento de la crisis sanitaria. Aunque el esfuerzo por controlar la pandemia por parte del Gobierno ha sido encomiable, en el caso de las elecciones se evidencia una ausencia de estrategia razonable y definida para abordar el proceso.
[cita tipo=»destaque»]Con todo, no puede desconocerse que vivimos tiempos difíciles y que, en situaciones extraordinarias, las autoridades están llamadas a tomar decisiones difíciles, aun arriesgando su capital político, pero lo que no puede entenderse es la falta de planificación, diseño e implementación de un proceso electoral tan transcendente para nuestro país. Inevitablemente nos dirigimos a un Transantiago electoral.[/cita]
Ello, solo ha generado confusión e incertidumbre sobre cómo continuará el proceso durante la prórroga. Más aún, abre la legítima interrogante sobre si el Gobierno ha considerado todas las variables y medidas concretas que permitan asegurar que las elecciones realmente se podrán realizar en las nuevas fechas propuestas.
Aun cuándo la protección sanitaria y la salud de la población deben prevalecer ante cualquier otro criterio, el cambio sucesivo de las reglas del juego solo genera más desconfianza y escepticismo. Nuestro país se caracterizaba por ser un modelo en materia de procesos electorales, pero la improvisación y falta de planificación demostrada en el actual proceso, nos pone, a lo menos, en una situación incómoda. La llegada de una segunda ola era conocida por las autoridades, por lo que la postergación de las elecciones, a solo días de su realización, nos habla de medidas que llegan a destiempo. Pero, además de falta de previsión, el aplazamiento anunciado deja dudas si las consideraciones sanitarias fueron las únicas que influyeron en la decisión.
En efecto, después de varias semanas afirmando que las elecciones se mantendrían en su fecha original, el Gobierno –quizás presionado por las recomendaciones del Comité COVID y las encuestas– decide cambiar de rumbo, dando muestras nuevamente de que son los sondeos los que determinan su curso de acción. Si ambos elementos determinan el accionar del Gobierno, no hay que ser adivino para saber qué pasaría si las encuestas y el referido comité recomiendan postergar nuevamente las elecciones de mayo.
Más grave aún parece ser la apuesta de postergar las elecciones a través de un proyecto de reforma constitucional que requiere la aprobación de la oposición, la misma que no fue consultada previamente. Ahora los ministros deberán salir a la caza de votos contra el tiempo, donde las exigencias de la oposición podrían tener altos costos políticos y económicos para el Gobierno, por lo que este no debe aceptar, bajo circunstancia alguna, ningún tipo de chantaje del Parlamento. Cuesta entender que el Ejecutivo se haya “tirado a la piscina” con una propuesta, sin saber si tendría agua o no. Es evidente que la oposición se querrá subir por el chorro, presa de su mezquindad política.
Lo anterior no sería tan delicado si lo que está en juego no fuera el respeto, fortaleza y solidez del Estado de Derecho. El paso dado por el Gobierno puede abrir un peligroso precedente para nuestra democracia. Me explico: hoy el Gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso, lo que lo obliga a buscar votos en la oposición para sacar adelante esta reforma constitucional. Solo imaginarse lo que significaría una decisión como esta, con un Gobierno que tenga el control de ambas cámaras legislativas y donde, por mayoría, se pudieran suspender elecciones, postergar mandatos presidenciales o parlamentarios, entre otros, me hacen dudar sobre la conveniencia del camino adoptado.
Con todo, no puede desconocerse que vivimos tiempos difíciles y que, en situaciones extraordinarias, las autoridades están llamadas a tomar decisiones difíciles, aun arriesgando su capital político, pero lo que no puede entenderse es la falta de planificación, diseño e implementación de un proceso electoral tan transcendente para nuestro país. Inevitablemente nos dirigimos a un Transantiago electoral.
