Opinión
Nuestra actividad política está corroída por arriba, por abajo y por una parte de los votantes que no sanciona actos reñidos con la ética y con las normas vigentes. Entre tanto anuncio tardío de bonos, reportes del COVID-19 y campañas a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, la condena de Orpis y la formalización de Aguilera graficaron la crisis sistémica de nuestra política, en la que prima el interés individual, la promoción de sí mismo –o, en el mejor de los casos, de los míos– y hacen más evidente nuestra desafección con ella, por estar alejada la mayor parte de las veces de cualquier idea plausible de defensa del interés general.
La semana pasada ocurrieron dos hechos transcendentales para entender la contingencia política actual, poner de manifiesto su estado de putrefacción, desprestigio y abandono por gran parte de la ciudadanía y hacer más explícita su captura por agentes externos: la condena definitiva del exsenador UDI, Jaime Orpis, y la formalización del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera.
Ambos hechos resultan ser determinantes para explicar la “cooptación” de la política desde arriba y por abajo y la actitud no tan inocente de quienes estamos en medio: la mayoría de los votantes. Si Orpis pudiera presentarse de nuevo probablemente resultaría reelecto, como ha ocurrido con otros que zafaron de la justicia y que, sin embargo, estuvieron involucrados en los casos Penta o SQM, por nombrar a aquellos que tuvieron mayor impacto periodístico.
Seguramente, sucederá con los votantes de la comuna de San Ramón, los que pese a toda la evidencia en su contra, reelegirán al alcalde en cuestión. El propio PS tendrá su cuota de responsabilidad, ya que no solo no levantó un candidato alternativo para desplazar a un imputado por diversos delitos que proviene de sus filas –lo que hubiera puesto de manifiesto una distancia con el alcalde en ejercicio– sino que se omitió. Mientras, su directiva ratificó al jefe de gabinete del alcalde Aguilera, Eduardo Bermúdez, como secretario nacional de organizaciones sociales del PS. Ni hablar de su candidata presidencial, que ha guardado silencio al respecto.
[cita tipo=»destaque»]Una de las preguntas que nos hicimos varios el día en que se hizo pública la inminente formalización de Miguel Ángel Aguilera es: ¿por qué ahora y no antes, sabiendo que la investigación llevaba ya tiempo? Lo más probable es que el alcalde logre, a pesar de una opinión pública adversa al narcotráfico, su segunda reelección, haciendo más palpable el contrapunto entre un poder del Estado que lo imputa y un pueblo que hace caso omiso de sus antecedentes, acá puntualmente de enriquecimiento ilícito (presuntamente cometido entre enero de 2013 y septiembre de 2017), cohecho (diciembre de 2014, febrero de 2015 y enero de 2016) y lavado de dinero (entre febrero de 2013 y mayo de 2017).[/cita]
La condena de Jaime Orpis es el final de una larga historia que se desarrolló casi en paralelo a la transición, comenzando como la natural búsqueda de recursos en el empresariado para sustentar campañas –hasta Allende, a través de Darío Sainte-Marie, tenía financistas en ese mundo–, pero que continuó como método de total desbalance de la derecha en las campañas y, luego, como estrategia de cooptación del conjunto del sistema de representación por el gran empresariado. Una cosa es que empresarios colaboren por afinidad ideológica o personal y otra, muy distinta, es que quien te financia te redacte los artículos más esenciales de una ley, como ocurrió con los UDI Marta Isasi, Orpis y Pablo Longueira, y concluir usando el dinero proveniente de boletas ideológicamente falsas para pagar la cuota del club de yates de Frutillar, pasando de la corrupción política a la personal. Esa es la gravedad del delito del exsenador que, a diferencia del resto, incluidos “los raspados de olla”, empleó una parte significativa de esos dineros sucios en provecho personal.
En eso terminaron los diversos esfuerzos que se hicieron desde inicios de la transición por “emparejar la cancha”, respecto del desigual aporte de empresas a actores políticos que, además de ser “platas oscuras”, beneficiaban casi exclusivamente a la derecha durante los años 90. Hay que recordar que, a comienzos de los años 2000, las campañas políticas chilenas llegaron a ser unas de las más caras del mundo, así como tampoco olvidar que en 1997, en la pugna senatorial por la circunscripción metropolitana Oriente entre Carlos Bombal y Andrés Allamand, el empresariado se la jugó por el candidato UDI en contra del RN, a quien no encontraban confiable, dado su rol en algunas reformas en la época de la política de los acuerdos con el oficialismo. Tenemos también que refrescar la memoria sobre la presidencial de 1999-2000, en que el candidato de derecha, Joaquín Lavín, dispuso de una gama de recursos que no se habían visto antes en campaña presidencial alguna –palomas, llamados telefónicos, gigantografías, saludos de Navidad para cada hogar, etc.–.
Para tratar de revertir esa situación, casi todos los partidos designaron o contaron con hombres destinados a generar lazos con el mundo empresarial para esos fines y eso hizo que varios de ellos, en la UDI Longueira y Novoa por ejemplo, fortalecieran sus liderazgos internos sobre la base del control de los aportes, al punto que no pocos establecieron fuentes de financiamiento paralelas a las de las colectividades políticas al momento de las campañas, generando un poder análogo al de sus directivas.
Eso llevó al Gobierno en 2003 a establecer el financiamiento público de las campañas, a cambio de autorizar el aporte legal de empresas para que el dinero no quedase en negro (Salvador Valdés del CEP). No obstante, se mantuvo la práctica del financiamiento ilegal de campañas, lo que se evidenció cuando estalló el caso de las “boletas ideológicamente falsas”.
Por otro lado, el Estado indemnizó con dinero, al iniciarse la década del 2000, el monto de los bienes expropiados a los partidos políticos durante la dictadura. Cuando los usaron como fondos de reserva y no se los gastaron de inmediato, estos últimos dispusieron de alguna liquidez para autonomizarse en parte de la exclusiva dependencia empresarial, por lo general, muy esquiva para la centroizquierda.
El hecho de que el acceso a recursos empresariales de magnitud considerable no fuese parejo –por ejemplo Penta aportaba fundamentalmente a la UDI, mientras SQM repartía transversalmente, salvo al PC– ni horizontal, solo accedían a ellos personajes de cierta envergadura, como parlamentarios, en especial senadores o candidaturas presidenciales, hizo que algunos de los de más abajo, alcaldes o concejales, en la escala piramidal del poder político dijeran: “¿Y por qué yo no?”.
En un mundo donde el Estado había abandonado desde la dictadura al mundo popular, situación que no revirtió sino parcialmente la democracia, los espacios barriales fueron ocupados por tres actores centrales: microtraficantes o narcos, la Iglesia evangélica en sus distintas versiones –son cada vez más frecuentes los representantes que no vienen de partidos políticos, sino de iglesias protestantes– y concejales y alcaldes, protagonistas que, dado el contexto en que se desenvuelven, necesitan del contacto con la gente. Sucedió lo que todos sabemos: se toparon en el territorio y algunos establecieron alianzas, lo que se empezó a hacer evidente en varias comunas del país. Lo que era un secreto a voces cobró vida propia en 2017, cuando un programa de televisión hizo estallar el caso del alcalde de la comuna de San Ramón y su conexión con el mundo narco del microtráfico.
El mismo día en que La Tercera hizo pública la noticia sobre la formalización de Aguilera, curiosamente el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, señaló en su tuit lo siguiente: «Importante se investigue si existen nexos con una de las candidaturas a la alcaldía de Rancagua», insinuando que también aquí pudiese haber un vínculo entre ese submundo y la política.
Una de las preguntas que nos hicimos varios el día en que se hizo pública la inminente formalización de Miguel Ángel Aguilera es: ¿por qué ahora y no antes, sabiendo que la investigación llevaba ya tiempo? Lo más probable es que el alcalde logre, a pesar de una opinión pública adversa al narcotráfico, su segunda reelección, haciendo más palpable el contrapunto entre un poder del Estado que lo imputa y un pueblo que hace caso omiso de sus antecedentes, acá puntualmente de enriquecimiento ilícito (presuntamente cometido entre enero de 2013 y septiembre de 2017), cohecho (diciembre de 2014, febrero de 2015 y enero de 2016) y lavado de dinero (entre febrero de 2013 y mayo de 2017).
He ahí otro gran dilema de nuestra feble democracia: gente que reclama mientras no le toca, pero que cuando apenas recibe algo, se transforma en una parte más del problema. Es el votante promedio el que con alguna frecuencia termina votando por quien le hizo un favor o cree que se lo hará. Ni hablar de esa mayoría silenciosa que creyó las fake news de Piñera –“delincuentes se les acabó la fiesta” o el “Chilezuela”, por ejemplo– y no tomó en cuenta que en los años setenta fue encargado reo por presunta estafa o que, más recientemente, debió pagar una multa considerable por usar información privilegiada para obtener ganancias en bolsa por su presencia en un directorio.
En eso estamos, con nuestra actividad política corroída por arriba, por abajo y por una parte de los votantes que no sanciona actos reñidos con la ética y con las normas vigentes. Entre tanto anuncio tardío de bonos, reportes del COVID-19 y campañas a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, la condena de Orpis y la formalización de Aguilera graficaron la crisis sistémica de nuestra política, en la que prima el interés individual, la promoción de sí mismo –o, en el mejor de los casos, de los míos– y hacen más evidente nuestra desafección con ella, por estar alejada la mayor parte de las veces de cualquier idea plausible de defensa del interés general.
