Lo que cambió en el amanecer del 17 de mayo

En un buen artículo el pasado 17 de mayo, Paula Walker reflexiona sobre las pasadas elecciones y, además de hacer un repaso bastante completo sobre lo ocurrido en significados municipios y regiones, finaliza diciendo: “Es tiempo de observar, comprender y tomar decisiones mirando a las personas y sus anhelos…”. Este final, sugerente y propositivo, en mi opinión, representa el verdadero valor de, como dice la autora de la columna, ese “Chile distinto que amaneció el 17 de mayo.” 

El cambio ha venido en forma de la oportunidad que la propia ciudadanía chilena se ha dado para responder a demandas, por mucho tiempo silenciadas, que ya estallaron en octubre 2019.

Si nos centramos en la elección de los miembros para la nueva Convención Constitucional, convendremos en que ahora no toca seguir dando vueltas a cuestiones como es el tremendo correctivo recibido por el Gobierno y los partidos que lo apoyan, o sobre la manifiesta voluntad del pueblo de no querer a los políticos tradicionales como sus representantes, porque eso, además de estar meridianamente claro, a quién debe llamar a la reflexión es precisamente a los perdedores. Ahora es el tiempo de pensar cuál es el cambio que Chile necesita para que los derechos del pueblo chileno sean protegidos y garantizados en la nueva Constitución, puesto que en ese cambio se alojan realmente sus anhelos de justicia social, de igualdad y de solidaridad. Y eso tiene que ver esencialmente con el modelo de Estado que, precisamente, la nueva asamblea constituyente deberá proponer al pueblo de Chile para su ratificación a través de referéndum. 

Cuando se elabore la nueva Carta Magna, se abrirá la oportunidad de indicar, en primer lugar, el modelo de Estado sobre el que se ha de estructurar la institucionalidad pública de Chile, así como las reglas básicas que las instituciones, públicas y privadas, han de respetar; de la misma manera que la elaboración del nuevo texto constitucional permitirá definir y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar la protección de todas las personas que están bajo su amparo. Se podrá, entonces, señalar con claridad la idea de “Estado social”, indicando la obligatoriedad pública de crear y/o fortalecer sistemas (servicios y recursos) que garanticen el acceso, universal y normalizado, a la salud, la educación, la previsión social y los servicios sociales, como base para una integración social plena. Es así como en la nueva Constitución se podrá establecer la necesidad de arbitrar medidas que garanticen el bien común, impidiendo que el Estado eluda su responsabilidad de ser garante de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. A modo de ejemplo, gracias a la nueva Carta Magna, se podrá reconocer el derecho al aseguramiento de un ahorro para la vejez de las personas que así lo quieren y cuya capacidad económica se lo permita, pero, en cualquier caso, se ha de  garantizar el derecho a disfrutar de un sistema público de pensiones -contributivas y asistenciales- suficiente e independiente de cualquier sistema privado. 

Los derechos fundamentales, es decir, aquellos sin los cuales resulta imposible garantizar el desarrollo de un proyecto de vida digno para todos y todas, son los que reconoce un “Estado social”; por lo tanto no se trata de una cuestión meramente nominativa, sino que es la representación del imperativo constitucional -legal, por tanto- para que los poderes públicos garanticen protección social a toda la ciudadanía.

Esta oportunidad extraordinaria, probablemente una ocasión única en muchos años, ya sabemos que no será desperdiciada. Porque Chile cuenta ya con una Convención Constitucional paritaria, con amplísima representación de su diversidad y formada por personas elegidas libre y democráticamente. El pueblo de Chile, que ha sufrido los efectos de un neoliberalismo salvaje y la indolencia de gran parte de sus representantes políticos durante muchos años, ya cuenta con esta oportunidad para mejorar su bienestar y calidad de vida. Esa gran oportunidad vendrá en forma de una nueva Constitución.