EDITORIAL
Del análisis de los resultados de la Convención Constitucional, podemos estar optimistas, porque nadie domina desde una minoría ni tampoco desde una mayoría, por lo que todos están obligados a dialogar y ejercer reglas de dominio democrático, lo que incluye respetar a mayorías y minorías. Por ello no parece prudente ponerse negativos sobre sus resultados, por su composición variada, por la cantidad de rostros nuevos, o el hecho de que una parte importante de ellos proviene de liderazgos locales o movimientos sociales, o porque no tienen experiencia o saberes profesionales que los hagan aptos para redactar una Constitución. Tal valoración negativa anticipada expresa un prejuicio oligárquico y autoritario de una sociedad poco acostumbrada a ejercicios políticos plurales con amplia participación popular, algo que está justo en el centro del actual malestar ciudadano con la política.
Pese al pensamiento pesimista que domina en el oficialismo y en los partidos tradicionales de la oposición por el resultado de la elección de convencionales constituyentes de los días 15 y 16 de mayo, en estricto rigor, es un escenario favorable y plural con un mandato de cambio que refleja lo que pasa en el país y puede fortalecer su desarrollo democrático, si llega a buen término. Prácticamente todos los sectores sociales y políticos que aspiraban a representación, la obtuvieron, pero ninguno tiene mayoría obstruccionista, como aspiraba la derecha, ni tampoco suficiente para imponerles a otros sus agendas, es decir, los constituyentes están obligados a conversar, debatir y negociar entre todos el texto de la nueva Constitución, lo que es otro punto muy valioso en materia de representación y legitimidad.
Es verdad que las previsiones electorales, una vez más, erraron. Los resultados inesperados y la amplia derrota de la política partidaria tradicional se transformaron en un verdadero estallido electoral al interior de las diversas coaliciones, para bien o para mal. Entre los primeros damnificados estuvo una serie de precandidatos presidenciales, los que se quedaron pedaleando en el vacío y empezaron a caer, apenas un día después, con la misma premura con que se habían subido a la contienda presidencial. A su vez, se elevaron inesperadamente las expectativas de otros que, como es tradicional, se abocaron de inmediato a las sumas y restas de las matemáticas simples en política.
Es evidente que existe un hilo social de cambio y de autonomía ciudadana frente a la política constituida, que no solo articula lo ocurrido en estas elecciones y el mes de octubre de 2019, sino que todavía no termina de ser comprendido ni digerido por la mayoría de los actores del sistema.
Quedó demostrado que el esfuerzo por instalar una salida política a la crisis de 2019 dio sus frutos, y los conflictos se pusieron en una perspectiva de diálogo y profundización democrática, con un itinerario que acaba de culminar el domingo, en su primera etapa, con un resultado muy positivo. La primera lección es que, con reglas de competencia electoral más equitativas, que permitan incluir a los independientes organizados para competir, es posible alcanzar representación política equilibrada entre todos los sectores y, por lo tanto, un sistema político más inclusivo y de mayor participación.
Del análisis de los resultados de la elección de los constituyentes, podemos estar optimistas, porque nadie domina desde una minoría ni tampoco desde una mayoría, por lo que todos están obligados a dialogar y ejercer reglas de dominio democrático, lo que incluye respetar a mayorías y minorías. Por ello no parece prudente ponerse negativos sobre sus resultados, por su composición variada, por la cantidad de rostros nuevos, o el hecho de que una parte importante de ellos proviene de liderazgos locales o movimientos sociales, o porque no tienen experiencia o saberes profesionales que los hagan aptos para redactar una Constitución. Tal valoración negativa anticipada expresa un prejuicio oligárquico y autoritario de una sociedad poco acostumbrada a ejercicios políticos plurales con amplia participación popular, algo que está justo en el centro del actual malestar ciudadano con la política.
Es un hecho que la Constitución la escriben los pueblos y solo la redactan los juristas, y que mientras más se acerquen ellas a las ideas de la gente, más sencilla será su comprensión y la adhesión ciudadana, además de su estabilidad en el tiempo.
No obstante lo anterior, es necesario señalar que una Carta Magna no es un archivo de intereses corporativos sin armonía ni idea de país. Y que es parte esencial de ella la coherencia interna y la claridad para las normas inferiores y, lo más posible, su brevedad.
El país y la política deben darle tiempo a la Convención Constitucional, valorar a sus miembros en lo que son, representantes del soberano, un núcleo de mujeres y hombres que con legitimidad de origen deberán hacer su mejor esfuerzo para generar un texto constitucional que nos incluya a todos, plasmando –entre otros temas importantes– mayor justicia social, consagrando derechos sociales esenciales, y el término de los abusos de mercado de una economía enferma de concentración y malas prácticas.
Nadie puede girar compromisos ni alianzas a cuenta de esa Convención. Por lo tanto, no hay que forzarla a ser una mera expresión clientelar de intereses particulares o proyectos políticos que traten de instrumentalizarla. Gobierno y Parlamento, ya prontos a terminar sus mandatos, deben ser austeros en sus decisiones, al igual que los que los reemplazarán. Tampoco hay que permitir que se la desprestigie, porque es del Interés Nacional que ella sea un ejemplo de civismo para el mundo, en el inicio del tránsito institucional más importante en la Historia de Chile, después de su Independencia.
