La improcedencia de la detención por manifestarse: ¡alerta con el autoritarismo burocrático!

Desde hace años el mundo social y académico tensionan el actuar de las policías en Chile, innumerables son los casos de abusos, apremios ilegítimos, montajes policiales, corrupción institucional e incluso asesinatos. Ahora bien, desde los múltiples gobiernos siempre la respuesta a estos hechos es que se encuentran en el plano de la individualidad y que, por tanto, las responsabilidades son singulares. El problema de esta óptica es que invisibiliza toda la responsabilidad política por acción y por inacción que existe cuando ocurre cada uno de estos hechos y, además, pasa por alto el profundo daño que esto suscita para el país en su conjunto, a niveles psicosocial, político y social. 

Durante estas semanas nuevamente hemos observado a lo menos tres situaciones que son completamente inaceptables en cualquier sociedad que se autodenomine democrática y aspire a un modelo tal, las cuales ponen en tela de juicio aquel estatus, como también la voluntad del Gobierno de garantizar libertades políticas mínimas. Resulta triste y a la vez preocupante que estemos tan acostumbrados y acostumbradas a este tipo de hechos, que ni siquiera se genere un revuelo institucional y es por eso que me animo a escribir esta reflexión. Las situaciones a las que remito son las siguientes: 

1) La detención de la artista Camila Moreno en el centro de Santiago, en la cual menciona que “fue detenida por hablar”, hecho captado por un equipo televisivo. Posteriormente, ella señala que buscó intervenir como ciudadana en una detención de vendedores ambulantes realizada con extrema violencia y fuera de proporcionalidad. Ante esta situación, cabe mencionar que todo ciudadano y ciudadana tiene el derecho a actuar como observador de derechos humanos cuando atiende una situación de estas características y que los funcionarios policiales tienen el deber de ajustar su actuar a los principios de proporcionalidad de la fuerza. Tal como ha señalado en reiteradas ocasiones Contraloría General de la República, uno puede grabar a los funcionarios y también consultarles sobre la naturaleza del procedimiento. Incluso, en caso de estimarlo conveniente, puede interpelarlos mientras esto no entorpezca un procedimiento ajustado a derecho. 

2) La detención del convencional constituyente electo Rodrigo Rojas, más conocido como “Pelao”, mientras se encontraba con un cartel en una protesta respecto a la libertad de los presos de la revuelta. Aquí, no existía ningún delito ni acto en flagrancia, además, estuvo detenido por más de dos horas sin que se permitiese ingresar al abogado. 

3) Las declaraciones del ministro Delgado respecto a la muerte del sargento Benavides, en donde mencionó: “Tal como encontramos a Luis Tranamil, el asesino del cabo Eugenio Nain, también los vamos a encontrar”, esto mientras aún el juicio se encuentra en curso y no se ha comprobado la participación del ciudadano en el hecho que se le imputa. En efecto, el ministro pasa selectivamente por alto el principio básico de presunción de inocencia y, además, mantiene un doble estándar, porque cuando se trata de uniformados, el actuar es totalmente contrario y allí “se debe esperar el proceso judicial”. 

Llaman particularmente la atención estas situaciones porque ponen de manifiesto: 

Que en Chile actualmente no se garantiza el derecho de libre expresión en su dimensión política. El punto que relevo es que el Gobierno defiende constantemente la “libertad” cuando esta se traduce en consumo y/o en elecciones (que por lo general producen segregación), pero cuando hablamos del derecho político más básico, relativo a la libre expresión y a la posibilidad de participar en una protesta social, entonces, no existe ninguna defensa clara, sin matices y contundente. Lo que observamos, tanto en el caso de la artista Camila Moreno como del constituyente Rodrigo Rojas, es que ambos son detenidos por la policía por manifestarse o por hablar.

Pareciera que siempre existen elementos burocráticos para que la policía realice las detenciones, aun cuando en ambos casos se ejercían sus libres derechos de ciudadano. Particularmente, llama la atención la figura “vale todo” de “desorden público”, porque pareciera ser bastante interpretativo para los uniformados. Y que, además, en el fondo limita con el derecho a libre expresión porque ¿qué es un desorden público? Pareciera que para las policías y el Gobierno todo lo que implique un cuestionamiento. Esto, pues cuando hemos visto poco concurridas manifestaciones en favor del Gobierno o de sus medidas, no observamos el mismo nivel de violencia ni tampoco de detenciones. Durante las dictaduras de los 70 en América Latina, Guillermo O’Donnell remitió al concepto de burocracia autoritaria, en aquel momento en que las dictaduras, debido al cuestionamiento internacional, generaron herramientas institucionales para realizar detenciones políticas y los actos más atroces de nuestra historia reciente. En efecto, lo que sostengo es que es preocupante que existan herramientas sobre las que las policías puedan realizar este tipo de detención, sin que se ajusten al derecho internacional y que, fruto de esto, se limiten libertades mínimas de una sociedad democrática. 

El Gobierno, y en específico el ministro del Interior, poseen un sesgo importante a la hora de buscar responsables de actos delictuales. En esta línea, cuando son uniformados y, en efecto, el Estado el que comenta los crímenes o, de lo contrario, actúa fuera de la institucionalidad corroyendo la legitimidad social del ejercicio de la fuerza pública, pareciera existir un silencio cómplice y/o un respeto estricto por el principio de inocencia. Sin embargo, a contrapelo, cuando se trata de ciudadanos mapuches aún en investigación, no tienen problema en catalogarlos como culpables antes de que se demuestre su participación. Innumerables son los casos de montajes policiales en La Araucanía, sustentando a lo menos una duda razonable. Hasta el día de hoy el ministro no se ha referido a la detención de un constituyente electo por la policía. 

En una definición simple, entendemos un régimen autoritario como aquel que recurre a usar la represión y otros métodos forzosos para ejercer su voluntad por sobre la población. Por lo general, esto se traduce en la limitación de libertades personales. Si bien los casos de este tipo de régimen son extremos, como, por ejemplo, los nazis o las dictaduras en América Latina, y es un imperativo mantener las magnitudes, también es pertinente relevar la existencia de gobiernos que gradualmente toman ciertos matices autoritarios, y es allí donde me gustaría poner énfasis. Porque, a partir de estas tres situaciones y sus trasfondos, no podemos olvidar la profunda crisis de validez y representación del actual Gobierno y el rol que han cumplido las policías para difuminar forzosamente los legítimos cuestionamientos ciudadanos. Hablamos de un Presidente y de un Gobierno electo mediante voto voluntario, por 3.796.579 votos de un universo de 14.347.288 electores habilitados, es decir, un 26,46%, que durante su mandato violó los derechos humanos de sus ciudadanos, siendo documentado por numerosos informes internacionales y que actualmente posee un dígito de aprobación (9% según Cadem). 

Lo que observamos es algo grave y terrible, que lamentablemente no es sorpresa para nadie. Pareciera que las libertades individuales no son límite para Carabineros, y el Gobierno no garantiza totalmente los mínimos políticos de una sociedad democrática. En esta línea, si el Ejecutivo realmente tiene un compromiso con una sociedad libre, donde se proteja la libertad de expresión, a lo menos debería referirse a estos hechos, repudiándolos sin tapujos ni matices. Además de potenciar una revisión a los “vale todo” que burocráticamente permiten a la policía actuar en estos términos y, en caso de que haya sido improcedente, juzgar a los responsables. Porque este tipo de acontecimientos no afectan solo a Camila Moreno o a Rodrigo Rojas, sino a toda una nación.