Opinión
Consideramos que la iniciativa de fondos concursables para educación superior debe pensarse como una política de Estado, que propicie que la Subsecretaría, independientemente del Gobierno de turno, cumpla con su función de velar por el desarrollo de todo el Sistema de Educación Superior. El desafío de incrementar la calidad de la educación terciaria exige una mirada conjunta, que incluya a todos, sin excepciones de ningún tipo. De ello depende que la educación superior, llamada a contribuir a la movilidad social, entregando herramientas que ayuden a transformar las condiciones de vida de los estudiantes, sus familias y de la sociedad en general, pueda cumplir con lo que se espera de ella.
La ley 21.091, de Educación Superior, que acaba de cumplir tres años desde su entrada en vigor, establece que la Subsecretaría de Educación Superior deberá colaborar con el ministro de Educación en “la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional”. En este contexto, destaca el hecho de que la ley consigne una mirada conjunta del sistema, que no excluye a ninguna institución, y que ponga en el mismo nivel a ambos subsistemas.
En la línea anterior, asoma como un gran desafío la construcción de un verdadero Sistema de Educación Superior, en el que todas las instituciones vigentes de nuestro país, considerando universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, participen e interactúen, entre ellas y con las diversas entidades públicas involucradas en la Educación Superior. Lo anterior no solo hará justicia a la rica heterogeneidad del Sistema, que ciertamente es valorable, sino que también permitirá que todas las instituciones puedan finalmente verse beneficiadas por las políticas públicas implementadas. En este sentido, un elemento clave de este desafío será poder mantener a futuro fondos de carácter concursable que permitan financiar proyectos estratégicos en todas las instituciones, sin distinción. Desde el Ministerio, hemos hecho esfuerzos importantes por crear e incrementar fondos de este tipo, aun en contextos presupuestarios adversos, en el convencimiento de que las más beneficiadas son las comunidades académicas y, en consecuencia, los propios estudiantes.
Esta política ha adquirido tal relevancia que este año, aun en medio de la pandemia, el 63% de las instituciones técnico profesionales elegibles y el 72% de las universidades elegibles presentaron un total de 105 proyectos de desarrollo en áreas estratégicas tan importantes como nivelación y acompañamiento estudiantil; vinculación con el medio social y productivo; desarrollo curricular e innovación; gestión institucional y aseguramiento de la calidad, internacionalización; investigación, innovación y transferencia tecnológica; inclusión de personas en situación de discapacidad e interculturalidad; equidad de género; y formación inicial docente. Esta alta participación nos habla de un sistema de educación superior en movimiento, que valora extremadamente estos fondos, que permiten en definitiva mejorar la calidad de sus propuestas formativas.
Por lo anterior, consideramos que esta iniciativa debe pensarse como una política de Estado, que propicie que la Subsecretaría, independientemente del Gobierno de turno, cumpla con su función de velar por el desarrollo de todo el Sistema de Educación Superior. El desafío de incrementar la calidad de la educación terciaria exige una mirada conjunta, que incluya a todos, sin excepciones de ningún tipo. De ello depende que la educación superior, llamada a contribuir a la movilidad social, entregando herramientas que ayuden a transformar las condiciones de vida de los estudiantes, sus familias y de la sociedad en general, pueda cumplir con lo que se espera de ella.
