Opinión
En el caso de que algún actor local o internacional estuviese interesado en ser parte de los 12 mayores accionistas de la entidad, cuya crisis reputacional tuvo características épicas, al conocerse que el presidente de la empresa recibió una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus,se hace necesario reflexionar sobre una situación que se da en otros mercados, más desarrollados, donde hoy es “un desde” el hecho que ejecutivos, directores, compañías, fondos e inversionistas, implementen proactivamente una cuidadosa evaluación de los riesgos de reputación asociados a una empresa en la que planean invertir, asociarse y/o vincularse de alguna manera.
Calificándolas de actitudes que no sólo revisten características de delito, sino que son inaceptables desde lo ético y moral, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, hizo, esta semana, un breve resumen, poniendo un sello de lacre, al status actual de Clínica Las Condes (CLC), aludiendo a un planteamiento básico de lo que entendemos por reputación, donde hoy no basta sólo con ser, sino que también con parecer.
La serie de situaciones recogidas por la prensa, tales como, acciones legales en contra de medios de comunicación, problemas con el cuerpo médico, salidas y renuncias de profesionales históricos, a las que se sumaron demandas laborales de exfuncionarios y una medida prejudicial presentada por la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, no son otra cosa que el inicio de una creciente tormenta corporativa que aún no vislumbra su fin.
El nefasto contexto gestado hace meses y que desembocó en una crisis reputacional de características épicas, al conocerse que el presidente de la empresa recibió una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, trajo consigo un sumario sanitario iniciado por el Ministerio de Salud y críticas transversales de diversos sectores. Seguido a esto, en lo que un medio calificó como “el contraataque” del presidente del centro de salud, se supo del inicio de una presunta investigación interna originada por una supuesta pérdida de vacunas en el establecimiento. Suma y sigue, de mal en peor.
Se agregan, además, los hitos que dejó una semana en la que se dio a conocer la renuncia de un miembro del directorio, y donde, también, vimos al Gobierno declarando públicamente que van a perseguir no sólo una responsabilidad administrativa, sino también, una responsabilidad penal de la clínica.
Con todos estos antecedentes, y asumiendo que, tarde o temprano, algún actor local o internacional, estuviese interesado en ser parte de los 12 mayores accionistas de la entidad y/o algún ejecutivo estuviese dispuesto a ocupar un sillón de este convulsionado directorio, se hace necesario reflexionar sobre una situación que se da en otros mercados, más desarrollados, donde hoy es “un desde” el hecho que ejecutivos, directores, compañías, fondos e inversionistas, implementen proactivamente una cuidadosa evaluación de los riesgos de reputación asociados a una empresa en la que planean invertir, asociarse y/o vincularse de alguna manera.
Esto, en el marco de un proceso que recibe el nombre de Due Dilligence Reputacional, mismo que involucra una revisión y chequeo de una serie de antecedentes y una necesaria investigación que permita levantar banderas rojas, de alerta, sobre cualquier situación, acción o inacción que pudiese afectar una incorporación, decisión corporativa o de inversión.
Un procedimiento de estas características permite conocer riesgos de reputación, y a la larga de operación, ligados no sólo a una entidad como tal, sino también a cuestiones de integridad y fiabilidad de las personas implicadas en su administración, directorio incluido, al mismo tiempo que pudiese plantear dudas sobre el comportamiento, actitud y/o estabilidad de alguno (s) de sus altos ejecutivos.
Es por lo antes señalado, que en un contexto como el actual, resulta fundamental que los distintos actores cuenten con herramientas fundamentales, como lo es el Due Dilligence Reputacional, que les permitan actuar en tiempo real y navegar con las señales mínimas para poder desarrollar normalmente sus operaciones. Ya sea conociendo litigios en curso, niveles de aprobación o reprobación ciudadana, investigaciones del regulador, sumarios iniciados por la autoridad, cobertura y percepción negativa por parte de los medios, crisis generadas por conflictos internos y/o externos, disputas accionarias y/o problemas de gobierno corporativo, como los que hemos presenciado en estas semanas.
No hacerlo es pilotear a ciegas, en entornos inciertos y con riesgos inminentes que no sólo pueden afectar su imagen y reputación, sino también, sus negocios, poniendo en entredicho su licencia social para operar y, por ende, la viabilidad de sus proyectos, inversiones y/o compañías.
