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EDITORIAL

Chile vende el sillón de don Otto: cambia el Sename por el Servicio Mejor Niñez

por 24 septiembre, 2021

Chile vende el sillón de don Otto: cambia el Sename por el Servicio Mejor Niñez

Crédito: Aton

La asincronía, el excesivo debate y la prolongada tramitación legislativa de los proyectos que culminaron en las leyes del Servicio Mejor Niñez y de Garantías de Derechos de la Niñez, que en lo esencial nada cambian –en una especie de gran operación gatopardo–, se debieron principalmente a los intereses de los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), que reciben financiamiento estatal, muchos de ellos con estrechos vínculos con actores de poder, como la Iglesia católica y algunos partidos políticos. A esto debe sumarse la existencia de gran cantidad de actores involucrados en el sistema de protección de la infancia.
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En pocos días más entrará en vigencia la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o Servicio Mejor Niñez, como se le denomina de manera abreviada. Esa ley ha estado con embargo de vigencia desde diciembre de 2020, a la espera de que se apruebe el texto de la Ley del Sistema de Protección Integral de la Niñez, mejor conocida como Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, la cual ya completó su tramitación en el Congreso, rechazándose un veto presentado por el Presidente, por lo que su promulgación dependerá de si el Ejecutivo recurre o no al Tribunal Constitucional (objetando el derecho a una educación sexual integral y el derecho a manifestarse).

Así, aunque formalmente la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez aún no nace, tampoco el servicio que reemplaza al Sename es uno nuevo. Porque, salvo aspectos menores, entre ellos el cambio de dependencia –desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Desarrollo Social y Familia–, “el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta ley, será considerado, para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones (…)” (art. 58).

Así, la sigla NNA que se utiliza (niños, niñas y adolescentes) bien podría, figurativamente hablando, ser una referencia a seres sin nombre (NN) y sujetos anónimos y no comunicados (A). Si lo pensamos bien, no está tan lejos de la realidad chilena, pues cada cierto tiempo el país se sobrecoge ante la vulnerabilidad que exhibe la infancia, y no se hace nada realmente efectivo para impedir que siga ocurriendo. Ejemplos son los miles de “papitos corazón” que no pagan las pensiones de alimentos, y que ninguno de los poderes del Estado hace algo significativo para que niños, niñas y adolescentes no vivan en la pobreza por culpa de un padre irresponsable o incapaz. Y un ejemplo micro, pero igual de doloroso, es que a las familias de acogida –alternativa de tratamiento a las residencias del Sename– se les pague una miseria de 70 mil pesos al mes para hacerse cargo de un niño o una niña que ha sufrido alguna vulneración grave de sus derechos.

Desde que Chile ratificara en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, con sus cuatro principios esenciales –no discriminación; interés superior del niño; supervivencia, desarrollo y protección de la niñez y adolescencia; y su derecho a participar en las decisiones que le atañen–, el país ha sido escenario de violencia y denegación de amparo legal inauditos. Los escándalos se suceden con igual velocidad que las reformas legales, para que nada cambie, siendo una constatación irrefutable de la desidia colectiva, al tiempo que explica la escasa reputación internacional que exhibe el país en estas materias.

Sin justicia y sin voluntad política para terminar con el Sename –botín político para muchos y fuente de financiamiento para otros tantos más, a través principalmente de las mencionadas OCAS– e impulsar políticas de derechos, en un país en el cual, según Unicef, el 70% de los NNA ha sufrido algún tipo de maltrato y en donde uno de cada cuatro vive en pobreza multidimensional, de acuerdo a la recién publicada Casen, todo queda dicho. En el actual período presidencial las cosas han empeorado. Las erráticas prioridades del Ministerio de Justicia, sobrecargando la agenda legislativa de temas intrascendentes y prioridades incomprensibles, han enrarecido las confianzas con el Congreso Nacional en el momento que se requería de la mayor austeridad en el uso de los instrumentos políticos.

Operación gatopardo

La asincronía, el excesivo debate y la prolongada tramitación legislativa de los proyectos de ley que culminaron en las leyes del Servicio Mejor Niñez y de Garantías de Derechos de la Niñez, que en lo esencial nada cambian, se debieron principalmente a los intereses corporativos de los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), que reciben financiamiento estatal, muchos de ellos con estrechos vínculos con actores de poder, como la Iglesia católica y algunos partidos políticos, y también de los funcionarios del Sename. A esto debe sumarse la gran cantidad de actores involucrados en el sistema de protección de la infancia.

Sin justicia y sin voluntad política para terminar con el Sename –botín político para muchos y fuente de financiamiento para otros tantos más, a través principalmente de las mencionadas OCAS– e impulsar políticas de derechos, en un país en el cual, según Unicef, el 70% de los NNA ha sufrido algún tipo de maltrato y en donde uno de cada cuatro vive en pobreza multidimensional, de acuerdo a la recién publicada Casen, todo queda dicho.

En el actual período presidencial las cosas han empeorado. Las erráticas prioridades del Ministerio de Justicia, sobrecargando la agenda legislativa de temas intrascendentes y prioridades incomprensibles, han enrarecido las confianzas con el Congreso Nacional en el momento que se requería de la mayor austeridad en el uso de los instrumentos políticos.

Se estima que entre las deficiencias de soporte, control y volumen de causas en temas de menores, el país tiene un atraso de dos a tres años. Esto implicará que muchos NNA vivirán meses o años junto a quien vulnera sus derechos mientras se tramita su causa o, por el contrario, muchos tendrán que vivir lejos de sus familias sin que nada lo justifique.

Además, las consecuencias de la crisis política y social que terminó en el estallido social del 18-O de 2019 y sus posteriores secuelas, como las del encierro y falta de ingresos generadas por la pandemia del COVID-19, aumentaron exponencialmente los riesgos para los NNA. Por ejemplo, las deficiencias en atención especializada de salud mental y física, de asistencia legal, de falta de fiscalización y control de entidades privadas asociadas a gestión de políticas para NNA, y la violencia intrafamiliar, han empeorado en este último período. Y lo peor es que estas deficiencias continuarán así porque en la nueva Ley de Garantías de Derechos de la Niñez no se obliga al Estado, en particular a los ministerios y servicios públicos, a asegurar todos los recursos necesarios para terminar con las vulneraciones que sufren los NNA.

El 1 de octubre, fecha de inicio del Servicio Mejor Niñez, más de 10 mil NNA se quedarán sin representación jurídica efectiva en juicios de diversa índole y nivel. Porque no se programó un traspaso eficiente de los Programas de Representación Judicial que venían operando, lo que ahora será atendido por la Corporación de Asistencia Judicial, y los estudios de abogados que liciten esas defensas, negocios varios mediante.

Se desconoce la estructura organizacional del nuevo servicio y su capacidad operativa para asumir las funciones con el nivel de especialización necesario; tendrá muchas líneas de acción alojadas en los organismos colaboradores, las OCAS, como la de seguimiento, lo que es altamente improcedente e imprudente –¡se cuidarán a sí mismas!–, y, finalmente, aumenta aún más el gasto público hacia manos privadas.

Si en la nueva Constitución que se debate para Chile la perspectiva es la de un Estado Social y de Derechos, resulta inevitable el desarrollo de sistemas de servicios sociales de derecho, con carácter universal y normalizado, especialmente para las poblaciones en riesgo, como es el caso de los NNA. Sin lo anterior, entonces lo hecho hasta ahora quedará estrecho y corto. Sería una conducta a lo “don Otto”: vender el sillón para evitar la enfermedad.

 

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