Opinión
Para avanzar en políticas de integración es necesario considerar tres ejes: primero, el socioeconómico, es decir, todo aquello que nos permita avanzar hacia la igualdad social; segundo, el etnocultural, pues corresponde avanzar en el reconocimiento de las diferencias; y tercero, el político-institucional, todo aquello que permita y fomente el ejercicio ciudadano, principalmente la participación. Todo esto permeado por un enfoque intercultural, algo ya tratado por nuestros convencionales en el diseño de nuestra nueva Constitución Política.
La temática migratoria ha estado en la palestra de manera significativa en el último tiempo, sin embargo, no ha sido asunto de profundo debate, pues se discuten aristas que se asocian a seguridad y pobreza, descuidando una tarea fundamental que debemos comenzar a abordar: las políticas de integración.
Sin duda los asuntos de seguridad son relevantes, pero se comete el grave error de criminalizar al migrante, fomentando estereotipos, prejuicios y, finalmente, discriminación. En definitiva, un rechazo al migrante, sin distinción, sin la capacidad de separar a aquellos que vienen con el propósito de delinquir frente a los cientos y miles que honestamente buscan sobrevivir. Estos últimos realmente son migrantes, pues si quisiéramos referirnos a quienes integran bandas criminales que posiblemente ya están en Chile, como la peligrosa organización denominada “Tren de Aragua”, hablaríamos derechamente de delincuentes que cruzan el país con el propósito de establecer atroces negocios; diferencia sideral respecto a aquella familia venezolana que solicita nuestra acogida. Delincuentes que cruzaron la frontera ante el desorden y abandono del actual gobierno, haciéndonos más difícil la tarea humanitaria de acogida que, a diferencia de otras épocas, esta vez nos ha correspondido a nosotros.
Por otro lado, la pobreza también es un asunto que no debemos dejar de abordar, pero convengamos que ha existido desde siempre, al igual que la movilidad humana. En cierta medida con una raíz común: la desigualdad. Sin embargo, es necesario no perder de vista el trasfondo de todo esto, que va más allá de malas políticas migratorias o de los flujos migratorios actuales, pues responde a las crueles formas de violencia generadas por las ilusiones de un neoliberalismo que no trajo la deseada dignidad a los sectores más empobrecidos y excluidos del territorio. Es decir, no son responsabilidad del migrante los conflictos que ocurren en las poblaciones cuando se copan los cupos en consultorios o salas cunas.
Sin descuidar lo anterior, las temáticas que debemos afrontar con contundencia tendrán que tener relación con adecuadas políticas de integración para el nuevo Chile que comienza a latir. Una tarea que al parecer va recibiendo coherente sintonía con lo que se va gestando en el proceso constituyente, pues un Chile intercultural requiere de mayor inclusión, convivencia y cohesión social, pero ¿qué hemos hecho para crear los cimientos que nos permitan construir un país más cohesionado?
Si vamos al territorio, actualmente la macrozona Santiago-Estación Central es de los sectores con más población flotante de Chile, habitantes de distintas comunas asisten diariamente a este territorio, aumentando el flujo y encuentro de ciudadanos de manera significativa en comparación con otros sectores del país. La Estación Central históricamente ha sido la puerta de acceso a la Región Metropolitana (RM) y, junto a Santiago e Independencia, posee los niveles más altos de población migrante en la capital. Pese a que por el norte ocurren los ingresos masivos de extranjeros al país, en la RM habitan más del 60% de ellos. Es en este sector, esta macrozona ubicada en el centro, donde también ha ocurrido xenofobia, hacinamiento y maltrato al migrante, evidentemente, a vista de esa millonada de personas que circula diariamente. A la vez, es uno de los sectores con mayor comercio informal e indigencia de la RM, factor que también ha generado conflicto en la población y son elementos que, de no ser tratados, podrían permitir un peligroso aumento del rechazo y graves problemas de convivencia en nuestra sociedad. Para dar un ejemplo, hace unos días el Movimiento Social Patriota instaló carteles cargados de xenofobia y desinformación en las inmediaciones de la Municipalidad de Estación Central, un sector en el que pueden lograr una alta cantidad de espectadores. Un acto que sin duda va en el sentido contrario de la paz y convivencia que anhelamos como ciudadanos.
Yendo a lo concreto y propositivo, para avanzar en políticas de integración es necesario considerar tres ejes: primero, el socioeconómico, es decir, todo aquello que nos permita avanzar hacia la igualdad social; segundo, el etnocultural, pues corresponde avanzar en el reconocimiento de las diferencias; y tercero, el político-institucional, todo aquello que permita y fomente el ejercicio ciudadano, principalmente la participación. Todo esto permeado por un enfoque intercultural, algo ya tratado por nuestros convencionales en el diseño de nuestra nueva Constitución Política. Una orientación que debe traer consigo la igual consideración de los saberes de las diferentes culturas presentes en el país, junto con el fomento del encuentro y el dialogo igualitario. ¿Por qué estos tres ejes? Porque, considerando los postulados de la connotada filósofa feminista Nancy Fraser, la justicia tiene tres dimensiones a desarrollar: la redistribución, el reconocimiento y la representación. Elementos que nos permitirán contrarrestar y superar la desigualdad, la discriminación y la desligitimación.
En síntesis, dentro de la titánica tarea de abordar la crisis de políticas migratorias y de integración que tenemos en el país, corresponde avanzar en políticas orientadas por las tres “R”: Políticas de Redistribución, Políticas de Reconocimiento y Políticas de Representación. Para abordar las tres “D” que son causales de tanto mal social: la Desigualdad, la Discriminación y la Deslegitimación.
