La incursión china en la Patagonia argentina

Desapercibo pasó en Chile el rescate por USD 17 millones decretado en agosto de 2021 por el gobierno federal argentino para asegurar la garantía del proyecto de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (antes La Barrancosa y Cóndor Cliff), que por una inversión de USD 170 millones construirá una empresa china sobre el curso del río Santa Cruz.

No obstante que el límite internacional en el Campo de Hielo Sur no ha sido aun acordado, Argentina sostiene que todos los afluentes andinos de los lagos Viedma y Argentino (ergo, que la integridad la cuenca del río Santa Cruz), le pertenecen. Esto equivale a afirmar que el río Santa Cruz no incluye recursos hídricos compartidos con Chile. Sin embargo, y como se sabe, antes de fluir hacia el Atlántico, en su origen dicho esas aguas están conectadas a los cursos de agua del Campo de Hielo Sur.

Las represas que se construirán en Santa Cruz son parte del capítulo argentino del proyecto global chino “un cinturón, un camino”, formalizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Dichas obras están concebidas no solo para impulsar el desarrollo energético de la Patagonia argentina, sino que para regar miles de hectáreas de un territorio poco poblado y crecientemente expuesto a la desertificación del cambio climático. Visto así el asunto, para China no solo se trata de un negocio rentable, sino que de una inversión orientada a sentar las bases de una nueva producción agrícola que —en el futuro— podría tener importancia para su propia seguridad alimentaria y, por qué no, para generar condiciones de habitabilidad para una futura inmigración china.

Las represas del río Santa Cruz son solo dos entre varios proyectos que en la Patagonia argentina está impulsando o consolidando la iniciativa del “un cinturón un camino”. En esta también se incluyen proyectos de importancia estratégica no solo para China y Argentina, sino que también para Chile.

El primero es la estación satelital china Espacio Lejano ya instalada en un predio de 200 hectáreas cedido por el gobierno en las proximidades de la localidad de Las Lajas, Neuquén (en la latitud de la ciudad de Victoria y a solo 73 kilómetros de la frontera con Chile). Formalizada durante el mandato de Cristina Fernández y operativa desde 2017, el secreto con el que se maneja esa instalación china en la Patagonia ha generado múltiples especulaciones y expresiones de preocupación. Ocurre que esa instalación es operada únicamente por funcionarios chinos pertenecientes a un programa espacial que, a final de cuentas, dependen directamente del ejército Popular Chino.

Este “detalle” incluso motivó que la canciller del gobierno de Macri tuviera reparos acerca de la manera en que la que el gobierno chino opera dicha instalación en suelo argentino que, nucleada en torno a una enorme antena de 16 pisos de altura, en principio tienes “fines exclusivamente pacíficos”.  Esto, sin embargo, no está comprobado.

En la práctica esa sofisticada estación satelital china (instalada a pocos kilómetros de nuestra frontera) puede considerarse parte de un despliegue estratégico que ha incorporado a la Patagonia en el tablero geopolítico que en lo inmediato enfrenta a China con Estados Unidos y sus aliados en la región del Pacífico Occidental, y que ahora por extensión incluye al cono sur del hemisferio americano.

Precisamente por esta razón miembros del congreso de Estados Unidos y funcionarios de su departamento de Estado han llamado la atención sobre el efecto perturbador de la incursión china en Argentina, país a cuyo gobierno han pedido “prudencia” en su relación con Beijing. Incluso algún representante republicano ha llamado a su gobierno a actuar en consecuencia, señalando que la presencia china en la Patagonia es incompatible con la “Doctrina Monroe”, un argumento que, no obstante, recuerda las anacrónicas “esferas de influencia” del siglo XX (el argumento ruso sobre Ucrania que Estados Unidos rechaza).

A la preocupación de Estados Unidos por la citada estación especial se agrega un crédito inicial por USD 15 mil millones para el desarrollo de dos centrales nucleares. La primera de estas —Atucha III— fue anunciada el mes de enero último a unos 100 kilómetros al norte de Buenos Aires. Junto con las represas en Santa Cruz, ese proyecto fortalecerá la presencia china en el sector energético argentino, a la cual en el futuro cercano se sumará otra central, Atucha IV, en el mismo sector.

La inversión china en Argentina incluye además importantes proyectos de infraestructura y transportes, entre ellos, el posible financiamiento chino del túnel de baja altura de Aguas Negras (para unir a nuestra Cuarta Región con la Provincia de San Juan), y el desarrollo de un “polo logístico” en Ushuaia en un terreno de la propia armada argentina.

En este último caso se trataría de instalaciones y muelles no solo para fortalecer a dicha ciudad sobre el canal Beagle como “principal puerta de entrada a la Antártica” (por sobre Punta Arenas o Puerto Williams), sino que como un centro para el procesamiento y despacho de la pesca china en el Pacífico Sudeste, el Atlántico Sur y el sector americano del Océano Austral.

En este caso la reconocida depredación de los recursos pesqueros altamente migratorios del mar argentino, causada por enormes flotas chinas que pescan en la zona adyacente, no parece gravitar en una ecuación costo-beneficio que, si para China tiene una importancia táctica, para Argentina tiene importancia estratégica, pues contribuye a consolidar a Ushuaia como punto neurálgico de operaciones antárticas.

Mientras Argentina continúa sometida a los vaivenes de su ya histórica conflictiva relación con la comunidad financiera internacional (en general) y el FMI (en particular), el acceso a la generosa oferta de crédito chino parece resolver los problemas de financiamiento de un Estado federal cada vez más complicado para financiar su plan de obras públicas. Desde este punto de vista, Argentina constituye un “cliente ideal” para los bancos chinos que, como el resto de las organizaciones de ese país, en definitiva depende del Partido Comunista que ha transformado a China en la primera dictadura capitalista de partido único en la historia del mundo.

Queda por verse qué exigirá China a Argentina a cambio del masivo financiamiento de sus principales obras públicas. En el caso de la zona austral (Patagonia y Tierra del Fuego) la presencia de capitales chinos destinados a controlar actividades de profunda importancia estratégica (energía y transportes) plantea por extensión interrogantes de fondo para Chile.

En el caso de la estación satelital en Neuquén (evidentemente militar) cabe preguntarse ¿Qué significado tiene esta para la seguridad hemisférica y, también, para la seguridad de nuestro propio país?

En el caso de las centrales del río Santa Cruz ¿Qué tan seguros estamos de que las aguas de dicho curso no son recursos compartidos con Chile? Si ese fuera el caso, tiene Chile algo que decir?.

En el caso del “polo logístico chino en Ushuaia”, conviene prospectar si este puede —o no— afectar el modus vivendi del Tratado de Paz y Amistad de 1984 en el sector compartido del canal Beagle (flotas chinas de pesca a ese sector). Asimismo, si el posicionamiento de China en el Beagle se concreta ¿Puede esto significar que esa potencia se sumará a la aspiración argentina de lograr acceso a las aguas interiores chilenas, por ejemplo, al canal Murray para acceder al Cabo de Hornos y, desde allí, directamente a la Antártica, o simplemente para navegar hacia el occidente sin recalar para el respectivo control en Punta Arenas?

La incursión china en la Patagonia y en la Tierra del Fuego es un fenómeno en desarrollo (en Chile está el caso de la Fibra Óptica Austral). El monto de los enormes recursos financieros y tecnológicos invertidos, y la connotación estratégica de algunos de los proyectos chinos ameritan un seguimiento estrecho del asunto.

El gobierno que asumirá en marzo próximo debería tomar nota.