¿Es mero voluntarismo el curso que ha tomado la Convención Constitucional? Por supuesto que no

La Convención Constitucional (CC) aprobará la Constitución democrática más avanzada posible y, salvo que medie su altamente improbable rechazo o un evento antidemocrático, ella va a transformar profundamente el país en las próximas décadas, a tal punto que será irreconocible para quienes lo conocieron en tiempos pretéritos.

La reforma constitucional pudo haber adquirido cualquier formato, pudo haber sido una medianamente reformista, amarillista, o minimalista, extremadamente cuidadosa con la conservación de pasado. Pudo haber sido radicalmente focalizada, en derechos sociales y conservadora en cuanto a sistema político, por ejemplo. Pero, vistos sus potenciales primeros artículos, y el debate en la CC, se ve lo que en muchos genera gran alarma, y es que la futura Constitución apunta a una transformación integral y profunda del país.

Quienes sienten desazón por esto señalan como causa a grupos y personas radicalizadas, y detectan en ellos ánimos refundadores o revanchistas, amén de irresponsabilidad por los efectos negativos que estos cambios “radicales” pudieran llegar a suponer (los “costes”). Esta mirada amarga sobre el proceso constitucional puede deberse a un natural temor a perder poder en ese futuro escenario, o bien por alarma tecnocrática, “las cosas no funcionan así”, pero en todos los casos develan una incapacidad para entender lo que socialmente está ocurriendo.

Ese diagnóstico pone el foco en los actores del proceso, como si sobre ellos recayera la responsabilidad de lo que está sucediendo. Es decir, como si eso que viene, una Constitución trasformadora, fuese un destino evitable, como que si no hubiese descerebrados pachamamistas otro sería el resultado. Y la verdad es que el resultado depende tanto de los actores como del escenario, y lo cierto es que esa configuración deja poco espacio para un resultado distinto.

Se trata de entender la estructura que está detrás de esta, para muchos inesperada, emergencia constitucional, (advertencia: se utiliza el término también en un sentido sistémico).

Toda construcción institucional de la magnitud de la redacción de una Constitución requiere de un norte, de un marco ordenador que, cual visión del puerto de destino, guía la travesía por un mar incierto y proceloso, pues no se está transitando un camino hollado, sino que “se está haciendo camino al andar”.

Evidentemente algunos están frustrados por del norte que ha adquirido la redacción de la nueva Constitución, sienten que el proceso escapa a su visión del cambio constitucional. El proceso que hay detrás de esto es complejo, pero comprensible.

Desde ya es de destacar que si hay frustración sin traición es porque, al momento de votar Apruebo, no estaba cerrado el norte que iba a adquirir este proceso. Eso se dirimió definitivamente con la elección de los constituyentes y se ha evidenciado en las primeras iniciativas de artículos.

Y lo que sucedió entre el momento en que cada uno emitió su voto y el recuento final fue que el sistema político perdió el control del proceso constitucional, y lo volvió a tomar la sociedad, el sistema social en su conjunto. Movimiento, este, que completaba el previo, de noviembre de 2019, en el cual la sociedad cedía el liderazgo al sistema político a cambio de que este llamara a un proceso constitucional.

La configuración de la CC resultó tan distante del sistema político de las últimas décadas como era su desprestigio previo. Para algunos esto supuso que “radicales” se hicieran con el poder de decisión, pero lo más relevante no es eso, porque ni siquiera son tantos. Lo relevante es que el norte de la construcción constitucional escapó a todo posible discurso elaborado desde el sistema político establecido. El discurso de la construcción constitucional no solo va por libre, sino que sobre todo no tiene como horizonte la conservación de aquello que el sistema político entiende y sobreentiende debe ser conservado o mejorado.

Esa construcción de lo que el sistema político entiende es el patrimonio patrio institucional, es extremadamente sofisticada, ha tardado años y ha atravesado procesos muy complejos, algunos dolorosos. No es simplemente la armazón que protege los intereses de los poderosos, de un sistema injusto, sino que sobre todo una que permite que la sociedad sea posible, a pesar de esa injustica social ontológica (que unos tengan y otros no) y de todas las consecuencias sociales que ello tiene. Dar con la estructura que haga eso posible no es fácil. Por eso se valora tanto.

Pues, la conservación de ese estatus, tan cuidadosamente conservado por el sistema político en cada ley y en cada acto institucional, se le escapó al sistema político en su momento más crucial. Entonces resulta razonable su reacción cuando ve el norte que ha asumido la construcción constitucional.

La CC es la sociedad, o el sistema social si se quiere, en el sentido de que, por mucho que haya partidos representados, y por mucho que todos y cada uno de los constituyentes representen opciones políticas muy acabadas, ella, por la baja representación orgánica que terminó tendiendo el sistema político tradicional, y por carecer de todo liderazgo político reconocible en su interior, no constituye una representación formal de ninguna estructura de poder que represente un conjunto articulado de intereses de la sociedad. Dicho de manera pedestre, la Convención Constitucional no pudo constituirse en estructura de poder reflejo de ningún interés social específico. Así, la Convención es mera sociedad.

Siendo la CC mera sociedad, el norte, la estrella polar que guía la construcción de la nueva Constitución no puede sino ser dar a luz la Constitución democrática más avanzada posible en términos sociales, ambientales, económicos, territoriales, o de género, entre otros. La sociedad no puede traicionarse a sí misma.

Una Constitución democrática lo más avanzada posible, no supone lo más radical posible, sino lo más avanzada posible de acuerdo a las circunstancias. Es decir, puede haber elementos internos a la CC o externos a ella que le resten radicalidad democrática, por razones de realismo, sentido común, pragmatismo contingente, o lo que fuese, como ya se ha visto con varios artículos que han sido inmediatamente rechazados y otros que han sido sometidos a modificaciones sustantivas. Ahora, lo que es una constante en todos los casos es que el proceso, por su base social y no política, se funda en la radicalidad democrática y no en el posibilismo político. Esto no es responsabilidad de los constituyentes. Este espacio de poder es la respuesta de la sociedad ante un vacío que generó el sistema político nacional.   

No puede haber otro pegamento para la construcción de la nueva Constitución que ese ser la Constitución democrática más avanzada posible. Ese es el norte y ese es el marco en que va a tener lugar la elaboración de la nueva Carta Fundamental. En él caben todas las discusiones, fuera de él no van a tener mucho sentido. Por ello es que los convencionales de derecha han tenido tan poco eco en su interior, porque están muy alejados del radicalismo democrático, y muy apegados a intereses del ancien régime.

Eso explica también que la discusión sobre los “costes” de las propuestas resulta extemporánea. Se hace mucho énfasis en costes inasumibles, o en las dificultades legales y técnicas que suponen determinados artículos, facilitando cálculos, números y cifras diversas que los avalan. La cuestión no es que esas opiniones estén equivocadas, sino que son diálogos de otra obra, no de la que tiene lugar en este escenario, con estos actores y este atrezzo. Ese discurso tiene sentido en la construcción de una Constitución reformista, que pretende remozar un sistema existente (el que las cifras dibujan certeramente), llevada a cabo baja la égida del sistema político dominante, tecnocrática.

Y no es que esta obra constitucional que esta teniendo lugar efectivamente sea mejor o peor que aquella, o que otra no hubiese sido más deseable y posible. Se trata de que simplemente las condiciones sociopolíticas estructurales bajo las cuales terminó por redactarse esta Constitución solo permiten esta construcción, cuyo norte no es la refundación per se o el revanchismo, como equivocadamente se señala, sino que es el único que puede proveer la orfandad en que el sistema político ha dejado a la sociedad, que es el de mirar a lo mejor de sí misma. Pero, a la vez, fuera de toda estructuración político posibilista, de toda articulación funcional operativa de sistemas sociales y técnicos específicos.

Y es que la pregunta sobre la factibilidad (sea financiera, política,  social o técnica) no la puede responder la sociedad, esa es la tarea del sistema político, del gobierno de la sociedad. Ya es suficiente que, por incapacidad del sistema político y de sus intereses económicos y sociales, hubiese de ser la mera sociedad la que se encargue, en su mera desnudez, de sentar las bases del sistema sociopolítico nacional, como para que, además, se le pida que responda por la factibilidad de todo lo que propone. Esto es materialmente imposible. Y si los técnicos no lo saben es que no son buenos técnicos, sean abogados, economistas o ingenieros.

Por lo tanto, los que no entienden lo que estructuralmente está sucediendo y, en vez de contribuir a este diseño constitucional se preparan para la batalla del Apruebo/Rechazo constitucional, cometen un doble error. Por un lado, no entienden lo que en realidad está en juego para ellos y para todos, y por el otro, no se preguntan y preparan para el papel que van jugar en ese nuevo país.

Se puede argüir que pudiera rechazarse la propuesta constitucional, y eso es una probabilidad, pero muy baja. Sin duda será una batalla política muy dura, pero no tiene ningún sentido que la ciudadanía rechace una propuesta de estructuración institucional y social que ponga en primer lugar sus derechos sociales, su educación, su salud, sus pensiones, su vivienda, que favorezca un mundo ambientalmente sustentable, que asegure que los recursos naturales son efectivamente de todos, que sus territorios tengan derecho de voz y voto y un largo etcétera. Sería un suicidio y suicidio se comete en condiciones de depresión o desorden psíquico extremo. La sociedad chilena esta muy lejos de ese cuadro clínico.

Una Constitución democrática lo más avanzada posible en materia social, ambiental, económica, territorial, o de género, entre otros, es lo que hay, y es muy probablemente lo que habrá, a menos que medie un muy inimaginable evento antidemocrático que la haga imposible.