Opinión
Lejos de lo que sostuvieron las autoridades salientes, la herencia económica y social del Gobierno de Piñera es crítica para las familias, para los trabajadores y trabajadoras, y también para las empresas de menor tamaño. Ello exige colaborar con el nuevo Gobierno en las medidas que permitan superar la situación, lo que requerirá un significativo esfuerzo de todos los actores. En particular, resulta imprescindible impulsar una reforma tributaria que permita incrementar la recaudación, de modo de acotar el impacto de la deuda pública y abordar las urgentes reformas en salud y pensiones, y enfrentar las necesidades en educación escolar y transformación productiva. Es posible superar la deficiente herencia recibida, pero ello requiere una amplia base política para apoyar el gran compromiso nacional a que ha llamado el Presidente Boric.
Existe amplio consenso entre la ciudadanía respecto de que el Gobierno que acaba de terminar es el peor desde el restablecimiento de la democracia. Se ha agudizado el conflicto en La Araucanía, el crimen organizado y el narcotráfico aumentaron drásticamente su escala de operaciones. El Gobierno perdió el control de la inmigración, sin atinar a concordar con los países de la región una política conjunta, ni a esbozar una política de Estado. La mezquina política implementada el 2020, frente a la pérdida de empleos e ingresos, detonó los retiros de fondos de pensiones con las consecuencias conocidas. En el 2022, año electoral, el Gobierno de Piñera dio un giro y aumentó en demasía el gasto público que escatimó en 2020, generando graves problemas fiscales.
Desde antes que finalizara el Gobierno de Piñera sus funcionarios intentaron generar la falsa impresión de que heredaban un país mejor al que recibieron. Dijeron estar felices “con los logros en temas medioambientales”, pese a la proliferación de zonas de sacrificio, la creciente escasez de agua y la negativa a firmar el Acuerdo de Escazú. En materia macroeconómica anunciaron haber recuperado la senda de crecimiento, proyectando un “crecimiento elevado para 2022” y una supuesta “holgura fiscal de US$30.000 millones que hace innecesaria la reforma tributaria”, así se distorsionó la realidad, con amplia resonancia en los principales medios de comunicación.
En lugar de reconocer la difícil situación que legó al país, el Gobierno saliente intentó hacernos creer que todo iba viento en popa.
La macroeconomía importa porque es el entorno en que operan empresas y personas que trabajan y consumen, y su comportamiento afecta su calidad de vida.
El nuevo Gobierno enfrenta una economía que lleva muchos años de estancamiento, con una pronunciada desaceleración desde el crecimiento excepcional de la década de 1990. En los 8 años recientes ha crecido apenas 2,0% anual versus los 7,1% de los 90 (1990-98). En la presente coyuntura, la economía muestra claras señales de sobrecalentamiento y, si bien aparece con niveles de producción superiores a los años anteriores a la crisis, su composición deja en evidencia que la producción de bienes se encuentra 5% bajo el nivel per cápita de 2018 y que los servicios esenciales disponibles están por debajo de su nivel de 3 años atrás. El aparente crecimiento es resultado del enorme aumento del comercio (15% sobre el nivel de 2018), de servicios no esenciales y de elevadas importaciones financiadas con las intensas alzas del precio del cobre, eventualmente transitorias, producto de la crisis internacional.
Cabe recordar que el crecimiento económico es un incremento sostenido y permanente en la capacidad de generar bienes y servicios y no debe confundirse con un incremento transitorio derivado de un boom de demanda como el ocurrido el 2021.
Al finalizar su Gobierno, las autoridades salientes han afirmado que “Chile está en condiciones de crecer 4% o más en 2022”. Sostienen, el exministro de Hacienda y la exdirectora de Presupuestos, que la situación fiscal es “muy manejable”, que “prácticamente es un equilibrio”, y que el déficit efectivo será de un 1% del PIB. Omiten que, sin considerar nuevos impuestos ni gastos, el indicador más relevante en la materia, el Balance Fiscal Estructural, señala que el déficit alcanzará un 4%.
Es previsible que el alza efectiva del Imacec en 12 meses muestre un crecimiento en los 2 o 3 primeros meses de 2022, pero que después exhiba significativas cifras negativas. Ello será producto de la comparación mes a mes con el alto crecimiento de la recuperación verificada desde abril del año pasado que siguió a la caída en el 2020. Más aún, las antiguas autoridades del Gobierno de Piñera han intensificado la desinformación, sugiriendo que el PIB puede crecer en 2022 el mencionado 4%, pese a que el consenso de los analistas estima un promedio en torno a 2%, similar al mediocre 2% registrado en los últimos 8 años.
Transcurridos 24 meses desde el inicio de la crisis sanitaria, la ocupación y la fuerza de trabajo aún no recuperan los niveles de prepandemia. La tasa de participación está en 58,7% de la fuerza de trabajo, aún lejos del 63% de prepandemia.
La encuesta de empleo e ingresos de la UC indica que, a inicios de 2022, se habría recuperado el 80% de los empleos perdidos respecto al peor período recesivo (II trimestre 2020). Restaría recuperar 272 mil empleos. Sin embargo, dado el incremento en la población económicamente activa (PEA), alcanzar la misma tasa de ocupación prepandemia (58,3%) exige crear otros 320 mil empleos. Es decir, tenemos un déficit de cerca de 600 mil empleos. Además, más de la mitad de los empleos recuperados (865 mil) corresponde a puestos informales que hay que añadir al déficit de puestos de trabajo decente. Los inactivos con deseos de trabajar, según los últimos datos del INE, suman 858 mil compatriotas. Por eso, la tasa de desempleo pertinente (desempleo abierto más inactivos con deseos de trabajar) asciende al 15% y no al 7,3% que representa la medición tradicional del desempleo.
La participación laboral de la mujer ha ido mejorando, luego de la fuerte caída observada a comienzos del 2020. Sin embargo, las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, correspondientes al trimestre móvil noviembre 2021 enero 2022, muestran una brecha de 21, 3 puntos entre la participación laboral de hombres y mujeres. 69,6% en los hombres y 48,3 % en las mujeres, brecha que se explica principalmente por el hecho de que las mujeres han tenido que asumir responsabilidades familiares, como cuidado de niños, niñas y personas mayores.
En consecuencia, el legado laboral del Gobierno de la derecha es una alta desocupación y deja pendiente el desafío de mejorar la calidad del empleo y de aumentar la participación laboral de la mujer.
El índice de las remuneraciones reales, que también elabora el INE, muestra a enero 2022 una variación acumulada de 3,9% respecto de marzo 2018, cuando asumió Piñera. Esto representa una variación anual de solo 0,4%; seis veces inferior al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que fue un 2,4% anual en el mismo período, monto igualmente bajo comparado con el período inmediato al retorno a la democracia.
Demasiadas familias chilenas aún no recuperan los ingresos perdidos por la pandemia y la recesión. La citada encuesta de la UC muestra que, en diciembre 2021, el 44% de los trabajadores por cuenta propia y empleadores seguía experimentando una caída de ingresos respecto del nivel prepandemia y la mediana de esa caída ascendía a un dramático 50%. El 29% de los hogares indicaba una caída similar de sus ingresos y la mediana de esa caída era de 40%. No extraña entonces que un 14% de los hogares indique afrontar una situación de deuda delicada, y un 32% adicional, una situación de deuda medianamente complicada. Es decir, casi la mitad de las familias chilenas enfrenta complejas situaciones de pérdida de ingresos y de endeudamiento.
Sabemos que el sistema de capitalización individual ha generado pensiones indignas para los adultos mayores, pese a la creación del Pilar Solidario en el primer Gobierno de Bachelet, cuyas grandes beneficiadas fueron las mujeres. Como señaló el Presidente Boric en su primer discurso al país, «a las personas mayores no les alcanza su pensión para vivir porque algunos decidieron hacer de la previsión un negocio».
En efecto, las tasas de reemplazo (proporción que representa la jubilación respecto del salario recibido en la vida activa) del sistema en los años 2017-2021, son muy inferiores a estándares internacionales, no alcanzan al salario mínimo y determinan una profunda caída en la capacidad de consumo de los pensionados, en particular de las mujeres.
Pese a las multitudinarias expresiones ciudadanas que se organizaron a partir de 2016, los esfuerzos más recientes no lograron concitar las voluntades políticas necesarias para una reforma de fondo que retire las lógicas mercantilistas e instale un sistema de seguridad social.
El segundo Gobierno de Piñera impulsó y logró aprobar a última hora, apalancado en los programas de todas las candidaturas opositoras que postulaban una Pensión Básica Universal, una fórmula similar, llamada Pensión Garantizada Universal (PGU), pero con un financiamiento insuficiente y fantasioso que hereda un déficit fiscal adicional al nuevo Gobierno.
Con todo, la reciente volatilidad de los fondos conservadores, que dio lugar a fuertes pérdidas para pensionados y para trabajadores que están cerca de jubilar, es una muestra más de la insensatez de someter las pensiones a un casino financiero. Los vaivenes bursátiles que provoca la crisis en Ucrania solo añaden mayores grados de incertidumbre a los afiliados.
En una subrepticia maniobra de último minuto, el Gobierno de Piñera modificó, en febrero de 2022, los porcentajes de distribución del 7% de cotización de salud. Elevó a 6,45% la parte que se destina a las Cajas de Compensación y redujo a un magro 0,55% la proporción que financia la cobertura de salud de Fonasa, forzando a un mayor gasto del fisco.
Lejos de lo que sostuvieron las autoridades salientes, la herencia económica y social del Gobierno de Piñera es crítica para las familias, para los trabajadores y trabajadoras, y también para las empresas de menor tamaño. Ello exige colaborar con el nuevo Gobierno en las medidas que permitan superar la situación, lo que requerirá un significativo esfuerzo de todos los actores.
En particular, resulta imprescindible impulsar una reforma tributaria que permita incrementar la recaudación de modo de acotar el impacto de la deuda pública y abordar las urgentes reformas en salud y pensiones y enfrentar las necesidades en educación escolar y transformación productiva.
Es posible superar la deficiente herencia recibida, pero ello requiere una amplia base política para apoyar el gran compromiso nacional a que ha llamado el Presidente Gabriel Boric.
