“Tercera vía” o cómo instalar una realidad a partir de una interpretación engañosa

De pronto, en solo un par de días, se instaló eso de la “tercera vía” como una realidad. Aunque una realidad menos que a medias. Todo tuvo su origen en una sugerencia de la Comisión de Venecia –solicitada por un grupo de senadores, no de la CC–, de que se evaluara la alternativa, posterior al resultado del plebiscito, de abrir un debate –con el compromiso de los actores políticos relevantes– de realizar una “reforma genuina” a la Constitución actual. Sin embargo, el organismo asesor de la Comunidad Europea fue categórico al advertir que cambiar las reglas –a medio camino, por lo demás– podría correr el riesgo de “trasgredir el principio de seguridad jurídica”. Hasta ahí el consejo.

Pero la “recomendación”, además de ser confusa, fue brutalmente interpretada en forma inmediata por dirigentes y convencionales de derecha y también por los editoriales de algunos medios que están claramente jugados por quitarle legitimidad al proceso que lleva adelante la Convención Constitucional con sus 154 miembros actuales elegidos por la ciudadanía. Marcela Cubillos (UDI) y luego Manuel José Ossandón (RN), fueron los primeros en “interpretar” y traducir la sugerencia de los europeos. Para la exministra de Educación, dado que la votación “terminaría dividiendo a quienes no les guste la propuesta de la Convención, es necesario hacer que si no te gusta lo que sale de la Convención, el poder constituyente vuelva al Congreso Nacional y Presidente, para que hagan en poco tiempo una pega mejor». Cubillos se pasó varios paraderos con su propuesta. No solo olvidó que el 80% de la población rechazó que el Congreso  –una de las instituciones con el menor prestigio y reputación del país– participara en la redacción de la nueva Constitución, sino que además tiró por la borda la voluntad popular del plebiscito y el largo y costoso proceso iniciado el año pasado, del que ella es parte, aunque en minoría.

Además, Cubillos olvidó señalar en su tuit que el Congreso actual está prácticamente empatado, por lo que la posibilidad de realizar reformas muy profundas –la gran demanda del 18-O– es equivalente a cero. Dudo, en todo caso, que ella y otros líderes políticos tengan conciencia de que eso podría significar el riesgo de un nuevo estallido social. Total, después dirán “no lo vimos venir”, como en 2019.

Pero Manuel José Ossandón fue aún más creativo. Sugirió incluir en la papeleta –jamás la Comisión de Venecia planteó esta posibilidad– una tercera alternativa al Apruebo y Rechazo: una especie de rechazo condicionado o con reemplazo. Es decir, que los ciudadanos pudieran, incluso, escoger entre otras opciones, como el Proyecto de Michelle Bachelet, que –como recordaremos– fue criticado y rechazado de plano por la derecha en su momento. Además de hacer una interpretación engañosa de la llamada “tercera vía”, la propuesta de Ossandón incorporaría un sesgo político-metodológico en el plebiscito de salida –al tener dos alternativas de rechazo–, aunque de fondo, y al igual que Cubillos, lo que hace es descalificar y deslegitimar por completo el proceso, incluidos los convencionales que han hecho un tremendo esfuerzo durante todos estos meses.

Así, en menos de una semana, la sugerencia –ojo, sugerencia– del órgano europeo, fue transformada de manera maliciosa en una tercera alternativa para el plebiscito de salida, algo que no está contemplado en la reforma constitucional que permitió descomprimir la grave crisis de 2019 y que tuvo de protagonista al actual Presidente, Gabriel Boric. Lo más paradójico de todo es que, en las últimas semanas, la Convención pareciera estar encontrando el ritmo, pese a lo estrecho de los plazos. Lleva un número no menor de artículos aprobados –se acerca a los 100, nada mal si consideramos que la Constitución actual tiene 143 artículos–, el Pleno ha estado actuando con rigurosidad de fondo y forma –ha rechazado informes de comisión casi íntegramente, para que estos vuelvan a ser revisados, tanto en su redacción como en las duplicidades o artículos contradictorios entre sí– y varios sectores y grupos se han comenzado a abrir al diálogo y la búsqueda de consensos. Por supuesto, la percepción del riesgo contribuyó a ello. 

Más allá de que cualquier convencional o dirigente político tiene el derecho y la libertad de expresar todas las fórmulas políticas que quiera para contrarrestar las mayorías en la CC –dado que parece que ya no les basta la exigente regla de los 2/3–, no me parece legítimo intentar cambiar las reglas del juego en medio del partido y, menos, utilizar una sugerencia de un organismo internacional, la Comisión de Venecia, para construir una interpretación maliciosa de la realidad, que claramente busca desprestigiar el proceso, torcer la voluntad popular y transferirle al Congreso una responsabilidad que la ciudadanía rechazó con un contundente 80%.