Tiempos peligrosos

En los tiempos que corren, con claros indicios del advenimiento de la criminalidad organizada en nuestro país, lo que se constata con las noticias de operaciones en Chile de peligrosos carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o el cartel de Aragua; con la aparición de nuevos y más graves fenómenos criminales, desconocidos o infrecuentes en nuestro país, como los sicariatos, secuestros extorsivos, secuestros con homicidio, tráfico y trata de personas; a lo que se suman los cada vez más frecuentes casos de corrupción en las cúpulas de ambas policías; los cada vez más frecuentes casos de justicia por mano propia –en menos de una semana hemos conocido graves casos de aquello–; el homicidio de un joven en la Florida a manos de civiles, el ajusticiamiento de un joven en Estación Central; y el ataque por parte de una turba a un carabinero que cumplía funciones de tránsito, casos que en general surgen cuando aumenta la sensación de impunidad en la población; ante este escenario, un par de preguntas se tornan ineludibles: ¿se deben perfeccionar los sistemas de persecución penal actualmente vigentes en nuestro país?, ¿han reaccionado correctamente ante tan graves fenómenos criminales?

La respuesta es evidente y, me atrevería a decir, casi unánime. El casi es porque pareciera ser que al interior de las propias instituciones afectadas creen que funcionan a la perfección, demostrando la total ausencia de autocrítica, que impide que desde su interior se perfeccionen y se superen sus problemas de funcionamiento.

En consecuencia y a priori es posible sostener –sin temor a equivocarnos– que el Ministerio Público y ambas policías, principales sostenedores del sistema de persecución penal, se deben perfeccionar y no desde adentro sino desde afuera, y el órgano llamado a hacerlo es, sin duda, la Convención Constitucional. 

Dicho lo anterior, es fácil reconocer las principales áreas en que deben perfeccionarse. Me referiré en esta oportunidad solo al Ministerio Público. Sin duda, se requiere que existan un controles externos de sus actuaciones, no es sostenible que las decisiones del Fiscal Nacional no admitan revisión o que no esté sujeto a un control externo, no es posible que los fiscales se investiguen a sí mismos. Demasiados casos ha conocido la historia de lo que ocurre en instituciones que se investigan a ellas mismas sin control como para justificar un sistema así. No es posible que la ciudadanía no conozca mediante comunicaciones de las autoridades de la Fiscalía, en especial de su Fiscal Nacional, qué medidas se están tomando para afrontar los graves fenómenos criminales a los que nos enfrentamos, o el por qué en determinados casos de relevancia la Fiscalía no ha tenido éxito o ha abandonado la persecución penal, el por qué de la ausencia de castigo, el por qué de la impunidad. Tampoco son sostenibles los excesivos plazos de investigación que hacen ilusoria la obtención de una justicia adecuada.

En la memoria inmediata siguen impresos casos como el denominado SQM, que con más de 7 años de tramitación desde la formalización de la investigación, aún no llega a juicio oral y el día que llegue a juicio oral el principal imputado habrá, muy probablemente –para el caso en que sea condenado– cumplido su pena sujeto a una medida cautelar, aumentando la sensación de impunidad que tanto daño hace a la convivencia democrática. No tiene una explicación razonable o conocida por la comunidad, que aún se encuentren en tramitación casos asociados al estallido social, graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y delitos contra las personas y propiedades cometidos por civiles, en su mayoría flagrancias, ocurridas hace más de dos años y, así, ejemplos de excesiva tramitación de casos sobran.

Estos excesos son anomalías de un sistema de persecución penal creado con el objeto de dar celeridad y publicidad a las investigaciones penales, en la medida que no afecten su eficacia. Estas simples corroboraciones dan cuenta de que actualmente no se está cumpliendo con las finalidades y principios que inspiraron la creación de nuestro Ministerio Público. En consecuencia, deben existir cambios, pero estos cambios deben ser adecuados a la criminalidad cada vez más sofisticada y grave a la que nos enfrentamos.

Creo que la institucionalidad, en especial, el principal responsable de la investigación de los delitos en Chile, la Fiscalía, se debe fortalecer en vez de debilitar. Es una obviedad que solo una institución fuerte podrá hacer frente a una criminalidad cada vez más organizada y peligrosa. El referido fortalecimiento debe necesariamente ir acompañado de estrictos controles que aseguren a la ciudadanía que esta institución cumpla sus funciones. El principal responsable, en consecuencia, debe ser el Fiscal Nacional, esta autoridad debe responder ante la comunidad, debiendo sujetarse a estrictos controles externos y con posibilidad de terminación anticipada de su mandato para el caso de que no cumpla adecuadamente sus funciones.

Creo –espero equivocarme si es que la idea fructifica– que una Fiscalía colegiada, compuesta de la forma en que se propone por los miembros de la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional, solo debilitará al Ministerio Público y, como consecuencia, favorecerá a los actuales fenómenos criminales, lo que es posible prever con una somera revisión del texto que se someterá a la decisión del Pleno de los constituyentes.

Se propone la eliminación del Fiscal Nacional y su reemplazo por un órgano colegiado, el Consejo Superior del Ministerio Público, compuesto por 7 integrantes:

-Tres miembros designados por congresistas: una de las principales críticas al sistema de designación actual del Fiscal Nacional era su forma de designación, en la que participaban los tres poderes del Estado; ahora, se propone que tres de los integrantes del referido Consejo –casi la mitad– sean elegidos por un solo poder del Estado, el Poder Legislativo o Congreso Plurinacional. 

-Tres miembros elegidos por los propios fiscales y uno por los funcionarios de la institución. Sin necesidad de ser adivino, lo anterior acarreará una politización y procesos eleccionarios internos que, en el mejor de los casos, a lo menos distraerán a fiscales y funcionarios de sus funciones de investigación de los delitos. Es probable, además, al fragor de los procesos eleccionarios, el nacimiento de bandos opuestos al interior de una institución de una cultura jerárquica y que debe funcionar con unidad. 

-Se propone que los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público duren 4 años en sus cargos, o sea, procesos eleccionarios internos cada tres años y la imposibilidad de adoptar decisiones de política criminal a largo plazo. 

Superados los inconvenientes anteriores y para el caso de que los sistemas de designación funcionen a la perfección, surgen las preguntas: ¿podrá un órgano colegiado ponerse de acuerdo e implementar políticas exitosas de control de la delincuencia en 4 años?; ¿podrá un órgano colegiado responder con la urgencia que los actuales tiempos requieren a los fenómenos criminales de hoy, caracterizados por su extrema movilidad, fluidez y transnacionalidad?; ¿se podrán poner de acuerdo siete personas con la urgencia que las respuestas a la criminalidad organizada lo ameritan?; ¿quién será el responsable ante los errores?, ¿los siete?, ¿cuál de los siete?

Creo que instaurar un Ministerio Público con la organización que se propone, sin un Fiscal Nacional como el responsable de su adecuado de su funcionamiento, instaurando, además, un modelo de órgano persecutor único en el mundo occidental, es una apuesta demasiado arriesgada en los tiempos que corren.