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Crisis de autoridad y la ministra Izkia Siches EDITORIAL

Crisis de autoridad y la ministra Izkia Siches

La ministra del Interior, Izkia Siches, ha demostrado, con sus continuos errores de apreciación y acción, que no tiene conciencia de la dimensión del desafío que enfrenta y, por lo mismo, no parece ser la persona más apta para dirigir un escenario tan complejo como el que vive hoy el país. Los graves problemas que Chile debe enfrentar, en sus causas, no pueden imputarse a acciones del actual Gobierno, pero este debiera tener claro, y en especial la titular del Interior, que en materia de responsabilidad la cabeza visible del orden público es el Gobierno a través de ese ministerio, y que no tiene período de gracia: desde la primera hora, todo lo que ocurra en materia delictual, de violencia política y, en general, con la seguridad ciudadana del país, es de su responsabilidad.


Las actuaciones erróneas de la ministra del Interior han generado la sensación de que la nueva Administración no termina de asumir que es el Gobierno legítimo del país en pleno ejercicio. Y, por lo mismo, con esa percepción, le es prácticamente imposible restablecer la autoridad del Estado en La Araucanía y hacer frente a las difíciles tareas de orden público interno que Chile tiene, no solamente allí.

El círculo de ingobernabilidad y prescindencia policial y de políticas de orden público interno, presentes desde hace ya cuatro períodos presidenciales completos (de los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), hoy es evidente que no tiene apreciación ni planificación adecuada en el nuevo Gobierno, y que la impericia e improvisación de sus autoridades son notorias.  

Por las razones que fuese, hoy en día la crisis de autoridad ha germinado en una fracción del pueblo mapuche en La Araucanía como lucha armada guerrillera. Negarlo sería cerrar los ojos a la realidad y posponer de manera indefinida el restablecimiento de la normalidad en esa zona. Y es evidente, además, el desbordamiento de la crisis migratoria. Esta que, además de aristas humanitarias, hoy exhibe el contagio de una ecología mafiosa y criminal, con sectores enteros de las ciudades del país en situación de crisis urbana y de seguridad. Agréguese la ocupación ilegal de espacios públicos, la violencia entre locatarios precarios de calles y plazas, la desarticulación del comercio minorista legal y la ausencia total de sincronía entre las instituciones públicas encargadas del control y fiscalización, dejando en evidencia la falta de respuestas coherentes y autoridades empoderadas capaces de usar los cargos que ostentan.

La ministra Izkia Siches ha demostrado, con sus continuos errores de apreciación y acción, que no tiene conciencia de la dimensión del desafío que enfrenta, y no parece ser la persona más apta para dirigir un escenario tan complejo como el descrito, sin tener que pedir disculpas a cada rato y debilitar la imagen de autoridad del Ejecutivo.

Todos y cada uno de los problemas enumerados, en sus causas, no pueden imputarse a acciones del actual Gobierno. Pero este debiera tener claro, y en especial la titular del Interior, que en materia de responsabilidad la cabeza visible del orden público es el Gobierno a través de ese ministerio, y se inició desde el primer momento que empezó a ejercer como tal. El cargo no tiene período de gracia, ni permite esperar meses a que los funcionarios aprendan o comprendan la importancia y complejidad de su tarea. Desde la primera hora, todo lo que ocurra en materia delictual, de violencia política y, en general, con la seguridad ciudadana del país, es de su responsabilidad.

Lo que el Presidente Gabriel Boric denominó en su primer discurso el “conflicto mapuche”, no es responsabilidad directa de la señora Siches; ni lo son los miles de refugiados ingresados en aviones chárter casi sin control por el aeropuerto Arturo Merino Benítez durante el Gobierno de Michele Bachelet. Tampoco los miles de venezolanos invitados a venir por Sebastián Piñera, prometiéndoles condiciones de estadía que no existían, en la época en que su cruzada anti-Maduro lo llevó a Cúcuta. Pero el Ministerio del Interior es uno de los principales instrumentos para solucionar estos y otros temas, cuando ellos alteran el orden público interno.

Entonces, la ministra del Interior –cargo al que se atribuye la jefatura política del gabinete y la Vicepresidencia de la República cuando el Presidente se ausenta del país– debe actuar con cautela y premura, sin atolondramientos, no solo en lo que verbaliza sino también en lo que hace frente a los temas difíciles de su cartera.

El Gobierno no tiene mandato político para esperar el futuro que determine la Convención Constitucional, mientras el país declina. Por lo tanto, debe reponer la Autoridad y el poder político superior del Estado, no solo en La Araucanía, sino en todos y cada uno de los temas complejos mencionados, así como ordenar y conducir a todas sus autoridades. Es lo que posiblemente esperaban escuchar de la ministra Siches en la Comisión del Congreso, y no la chambonada histriónica del avión con inmigrantes.

Sabemos que la respuesta policial y los sistemas de inteligencia e información están perforados y resultan poco eficientes para la crisis de seguridad que está viviendo el país, pero el tema se agrava si las Autoridades, así, con mayúscula, no son capaces de expresar control y cautela. 

La crisis policial del país, que el Gobierno prometió enmendar con una reforma integral de Carabineros, no será posible si tales circunstancias persisten, porque las tareas son muchas y la selección de los elementos sanos del cuerpo policial depende del buen criterio y seriedad de las autoridades civiles que las dirigen y orientan. Y en esto, la ministra del Interior le ha puesto un jaque precoz al propio Gobierno, obligándolo a considerar si no debe perder a la reina en este complejo juego de ajedrez político que es hoy el país.

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